Un fraude con la campaña por el cobro de un bono contribución en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán causó inquietud en la comunidad académica. Si bien las autoridades de la unidad académica rápidamente se percataron de que se estaba desarrollando un delito, y mediante un comunicado advirtieron a la comunidad estudiantil, lo que hizo que el número de víctimas fuese ínfimo, también ha servido como un llamado de alerta sobre los riesgos en la sociedad ante los ataques de la ciberdelincuencia.

“El perpetrador alteró el alias de su cuenta bancaria a ‘derechount.’, con la clara intención de causar confusión entre los integrantes de nuestra comunidad académica. Dicho alias es prácticamente idéntico al de la cuenta oficial de (la Facultad), diferenciándose únicamente por la inclusión de un punto (.) al final”, dice el comunicado, difundido por las redes sociales de la institución. El fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercriminalidad (UFEC) dijo que ya se está trabajando con medidas de investigación y opinó que “seguramente no estamos tratando con el crimen organizado, sino con una persona que se lanzó a hacer esto sin pensar en que se la iba a investigar. Por suerte la Facultad se dio cuenta, e hizo la denuncia. Si no se hubiese presentado una denuncia nada pasaba; por eso siempre aconsejamos a las víctimas de estafas que la hagan”.

No obstante cada vez hay más ataques de este tipo. Alejandro Musso, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (Ufeic) de San Isidro (CABA), aseguró: “Según el FBI, hoy uno de cada cinco delitos son ciberdelitos. Dentro de cinco años, la ecuación va a ser tres de dos. Y dentro de 10 años, posiblemente cuatro de cinco (el 80%) tendrán un origen cibernético”. Por esta razón, tanto las áreas de seguridad y de investigación policial y judicial, como la sociedad misma, tienen que prepararse para lo que se viene y saber qué precauciones tomar ante un fenómeno que va cambiando su forma y ofreciendo desafíos constantes. La UFEC de Tucumán, que fue creada en octubre a raíz de las amenazas de bomba durante la segunda mitad del año y también por los delitos por estafas virtuales, ha ido aprendiendo sus técnicas de trabajo pero aún necesita sumar experiencia, coordinar con instituciones públicas y privadas provinciales, nacionales e internacionales y adquirir elementos suficientes de tecnología. “El delito informático en general y sus nuevas modalidades no respetan la territorialidad. No es algo que respete las fronteras geopolíticas de las provincias ni de los estados nacionales; como tal esta materia necesita de la colaboración entre distintos Ministerios Públicos y tanto de la Justicia Federal como de las provinciales”, manifestó el fiscal.

También hace falta enfatizar en la educación para que la sociedad tome conciencia de los riesgos que afronta. Esto es,  por lo menos, ser cuidadosos con las operaciones que se hacen con correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales y proteger la información personal con contraseñas que sean difíciles de adivinar.