En una audiencia que duró menos de 15 minutos, la Justicia ordenó la libertad de la única persona que estaba detenida por la venta ilegal de mercadería de Desarrollo Social. El beneficiado es Marcos Soria, el ex empleado legislativo que está vinculado a Emiliano Vargas Aignasse.

“Hemos solicitado esta audiencia para aclarar que no se solicitará la prórroga de la prisión preventiva en contra del imputado que se vence mañana (por hoy)”, aseguró la auxiliar Mónica Torchán que siguió las instrucciones de la fiscal Mariana Rivadeneira. “Es importante aclarar que desde su detención hasta la fecha se realizaron varias diligencias y por ello no hay riesgos procesales”, explicó la representante del Ministerio Público.

Torchán sí solicitó que el imputado cumpla con varias reglas de conducta. Entre otras, fijar residencia en un domicilio, no abandonar la provincia y presentarse periódicamente a la fiscalía y a una seccional policial para garantizar que seguirá vinculado al proceso. También solicitó que se le fije una caución real de $2 millones para poder recuperar la libertad. Su defensor Víctor Padilla no se opuso a ninguna de las medidas y presentó una lista de seis fiadores con la que cubrió el monto de la fianza que se le estableció. La jueza Isolina Apás Pérez De Nucci aceptó todo lo pretendido por las partes.

Soria fue el último procesado en esta causa. El fiscal Ignacio López Bustos (que instruyó el expediente durante la feria) sumó indicios para sostener que el ex empleado retiraba los alimentos de Desarrollo Social a nombre de una fundación vinculada al concejal Vargas Ignasse, pero que se quedaba con parte de ellos.

A esos víveres, según la investigación, las guardaba en la casa de su suegra y luego las comercializaba de manera ilegal. Al ser investigado, por decisión del vicegobernador Miguel Acevedo, el acusado fue dado de baja de la planta permanente de la Legislatura, donde había sido nombrado desde hace varios años.

En enero, el ministro de Desarrollo Social Federico Masso denunció que desconocidos estaban vendiendo la mercadería destinada a particulares y organizaciones no gubernamentales y sociales para comedores y merenderos. Al confirmar la versión, el fiscal de feria Ignacio López Bustos logró que un juez ordenara una serie de allanamientos en el Gran San Miguel de Tucumán.

En las primeras medidas, no sólo se secuestraron víveres, sino que quedaron detenidos Hugo Adrián y Juan Ernesto Juárez e Ivana Vanesa Sánchez. Los tres fueron imputados por encubrimiento y un magistrado les dictó la prisión preventiva. La mujer cumplió la medida cautelar con la modalidad de arresto domiciliario.

Días atrás, en otra audiencia, la auxiliar fiscal Torchán, siguiendo las instrucciones de sus superiores, solicitó el cese de prisión en contra de los tres imputados. Argumentó su pedido señalando que ya se habían agotado las tareas investigativas y que no había riesgos procesales para que continuaran detenidos. Requirió además que se fijara una caución de $1 millón para cada uno. El defensor Gustavo Morales aceptó el planteo y la jueza Elizabeth Raddi terminó ordenando la libertad de los acusados que seguirán ligados al proceso.

La suerte de la otra detenida por este caso es diferente. Rosa Margarita Ibáñez fue acusada del mismo delito, pero su defensora Agustina Recalde logró que no le dicten la prisión preventiva. En su vivienda de Villa 9 de Julio encontraron los víveres que le habría entregado Soria.

La Justicia continúa analizando la ruta de los víveres para encontrar a los responsables. Para ello, requirió la siguiente información:

- A Desarrollo Social pidió que le informe cuál es la cantidad de mercadería que adquirió y que montó pagó desde marzo a diciembre de 2023.

- A la empresa Piedra de Hacha, que fue contratada por el Gobierno como depósito de los alimentos, que dé cuenta de la mercadería que recibió.

- A los funcionarios de Desarrollo Social deberá informar a quiénes les entregaba las órdenes para que retiraran la mercadería. Estos datos se cotejarán con la información que deberá presentar Hacha de Piedra sobre a quién la retiraba.

Los investigadores ya confirmaron que no había ningún control estatal en la entrega de mercadería del depósito. Además, no todos los beneficiarios hacían la rendición en tiempo y forma de cómo distribuían el cupo de alimentos que recibían.

Se sospecha que personas no autorizadas (como el caso de Soria que retiraba los víveres a nombre de una asociación de la que no formaba parte) se quedaban con toda o parte de la mercadería y las comercializaba de manera ilegal.