El transporte público de pasajeros es un servicio esencial; eso está claro. Lo que aún no encuentra definiciones es cómo se hará para mantener de pie al sector tras los recortes del Gobierno nacional y las transferencias de fondos a través de la SUBE, un sistema que todavía no llegó a Tucumán. El Concejo Deliberante de la Capital es el que tiene la potestad de definir -o no- un nuevo aumento en el boleto; sus representantes consideran que es algo que puede darse en el corto plazo.

Se trata del Fondo Compensador del Interior, que el año pasado recibió $102.000 millones según el presupuesto nacional 2023; de ese total, alrededor de $700 millones mensuales llegaban a la provincia. La promesa es que la tarifa social seguirá vigente mediante descuentos en el Sistema Único de Boleto Electrónico, pero la tarjeta sólo funciona en 58 localidades actualmente.

El tema es que el Gobierno todavía no designó un director a cargo de la SUBE, entonces las provincias no adheridas al sistema no tienen información sobre cómo será la expansión del uso de la tarjeta en sus localidades o cómo se implementará la nominalización.

En medio de estas imprecisiones, los empresarios locales plantearon dos alternativas: o se contempla un nuevo aumento en el boleto -que hoy está a $230 y cuyo valor real debería rondar los $1.000 según ellos- o el Ejecutivo provincial deberá aumentar los fondos que destina al sector.

Al menos en la primera opción tiene mucho que ver la opinión de los ediles capitalinos, que son los que estudian en comisión la problemática para ser llevada después al recinto. “Creo que es inevitable debido a los índices de inflación que arroja hoy la economía del país”, respondió Ramiro Ortega (Fuerza Republicana), ante una consulta de LA GACETA.

El edil remarcó que la implementación de la SUBE -que brindaría un 55% de descuento a sus beneficiarios- favorecería a la transparencia del sistema de transporte, pero que se debería trabajar para encontrar un punto de equilibrio.

Y explicó: “Una alternativa es que el empresario pueda adquirir su rentabilidad en la prestación, pero que también el ciudadano reciba un servicio de calidad. El transporte es un derecho fundamental que colabora al crecimiento de la sociedad y nos permite llegar a nuestros trabajos y desarrollar nuestra sociabilidad de manera plena y sin limitaciones”.

Asimismo, resaltó que Tucumán posee un sistema de transporte “obsoleto” que requiere de una reestructuración completa. “Llegamos al punto donde las unidades son antiguas, el servicio carece de calidad, no llega a todos los puntos, no hay frecuencia. Todo esto generó la pérdida de sostenibilidad del servicio y por ello, es malo”, mencionó Ortega.

Su par en el Concejo, Alfredo Terán de Zavalía, valoró los beneficios que traería la tarjeta. “La SUBE te permite segmentar e identificar a la persona a la cual estás ayudando, porque la realidad de la gente es diferente. Es un paso adelante para transparentar el subsidio; los empresarios tienen que ser empresarios y el Estado, subsidiar a quien necesita”, planteó.

El edil distinguió que el subsidio al transporte es “un problema provincial” del que el Ejecutivo debe hacerse cargo. “Así como el Gobierno nacional está haciendo un ajuste grande en sus gastos, la Provincia tiene todavía mucho margen en gastos completamente innecesarios. El esfuerzo más grande tiene que hacerlo la Provincia”, remarcó.

El miembro del bloque de FR señaló que, además, se debería trabajar en el llamado a nuevas licitaciones para las concesiones de las unidades de colectivos. “El servicio es completamente deficiente, cualquiera sea el dinero que se le ponga. La plata no alcanza nunca y el servicio es cada vez peor, es realmente muy malo”, observó Terán de Zavalía. Acerca de actualizar el valor del boleto, que tuvo su último aumento en diciembre, consideró que es algo que podría darse en algún momento. “Hay que ser realistas, en un tiempo no muy lejano se va a volver a plantear. Cuando aumentamos en diciembre, la tarifa ya venía atrasada”, fundamentó el edil.

¿Cuántos beneficiarios?

Por su parte, el radical Gustavo Cobos percibió dos problemas en el sistema de transporte de Tucumán. “Por un lado, está el servicio que es pésimo. Los colectivos llegan tarde, están en mal estado, no cumplen con las frecuencias y todos tienen la concesión vencida en la Capital”, dijo, sobre el primer inconveniente.

Y opinó: “La intendenta (Rossana Chahla) debe hacerse cargo y decir qué proponen para cambiar esta situación, porque la tarjeta SUBE no mejora el servicio. Los vecinos y vecinas de San Miguel de Tucumán queremos viajar en horario, en colectivos limpios, con seguridad”.

En segundo lugar, Cobos se refirió al costo monetario del servicio. “La eliminación de subsidios claro que va a impactar en el bolsillo de los usuarios. Si los beneficios vienen a través de la tarjeta SUBE, ¿cuántos son los que se van a beneficiar? A los trabajadores que no cobran alguna asignación se les va a hacer imposible un boleto a $1.000”, aseveró.

Algo similar expuso José María Canelada (Unión Cívica Radical), que priorizó el debate acerca de la calidad del servicio. “Aquí los eternos perdedores son los usuarios que se suben a unidades que se caen a pedazos, viajan como ganado, sin aire acondicionado ni calefacción”, se quejó.

Valoró que la llegada de la SUBE a San Miguel de Tucumán es un elemento positivo, pero sostuvo que aún así debe existir un control del servicio. “La tarjeta no es algo que vaya a mejorar la calidad del sistema si no viene de la mano de la decisión política de salir a controlar que los tucumanos viajen como se merecen”, defendió Canelada.

Perjudica a los usuarios

A su vez, el también radical Federico Romano Norri habló de un sistema a punto del colapso. “En un contexto de crisis, el transporte público es un servicio esencial cuya continuidad jamás podría ponerse en duda. La medida que tomó (el presidente Javier) Milei, de castigar a los gobernadores con esto, es perjudicar a todos los usuarios del país”, reclamó.

El edil remarcó que la distribución de los subsidios por parte de la Nación siempre fue arbitraria y desventajosa para el interior, por lo que -si así se quisiera- un acuerdo político de parte del Gobierno provincial o municipal podría asegurar la continuidad del servicio. “En todos los casos, la solución debe venir de la política y evitar que el ciudadano siga sufriendo los aumentos”, consideró Romano Norri.

Independientemente del subsidio nacional, el concejal capitalino consideró que la discusión por el aumento del boleto sí llegará a darse. “Pretenderán aumentarlo por la inflación que hay en los últimos dos meses y por el aumento del combustible y de los insumos”, analizó.

Sin embargo, advirtió que “no hay que mezclar” ambas problemáticas. “Con respecto a la tarjeta SUBE, sí es importante (su implementación) porque reduce la tarifa con descuentos de hasta un 55%, pero hasta aquí es un anuncio y materializarlo llevará tiempo”, opinó.

Por último, Romano Norri concluyó: “La gente necesita soluciones concretas con inmediatez previo al inicio del ciclo lectivo”.

Gestión Provincia-Nación

Quien mantiene altas las expectativas por una resolución del conflicto es Ernesto Nagle (Unión por la Patria). El edil confía en la capacidad de negociación entre el Estado nacional y el provincial para conseguir una ayuda para el transporte. “Es que no es solamente en San Miguel de Tucumán, sino que es algo que pasa en todos los municipios del país, entonces tiene que resolverse primero entre Provincia-Nación y después tratarse en los concejos deliberantes”, planteó, rechazando la idea de un aumento tarifario.

Además, el concejal oficialista recordó que quedó pendiente el estudio de costos que presentó la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). El ente había planteado en enero que el viaje en colectivo rondaba los $840, por lo que solicitaba un valor de por lo menos $700 en la tarifa.

“Es lo que nos pedían en enero, cuando hicieron la presentación, pero al final no lo tratamos (al aumento). Ahora, al sacar el Fondo Compensador, obviamente todo eso influye ya que es parte del recurso que aportaba el Estado nacional a las empresas”, señaló Nagle.

Por otro lado, el edil remarcó el aporte del gobierno de Osvaldo Jaldo para el sector. “Hay que reconocer que la Provincia viene ayudando; sobre todo, con esos $2.000 millones que aumentó para que el transporte siga funcionando”, mencionó.

Nagle también valoró la llegada de la SUBE, pero consideró que podría estudiarse las alternativas para realizar el cambio de sistema y que este se haga de manera más rápida. “Acá hay un sistema, el de la tarjeta Ciudadana; una alternativa sería que a ese sistema se lo adecúe al de la SUBE para facilitar el proceso. Hay que tratar de utilizar las herramientas que tenemos ahora”, propuso.

Por último, el concejal José María Franco, perteneciente al bloque oficialista, se limitó a dar opiniones con respecto al futuro manejo del sistema de transporte público de pasajeros. “La conversación no pasa por nuestra jurisdicción; hay un problema en toda la Argentina. El costo del transporte se está discutiendo en todas partes, en algún momento se va a tener que charlar acerca de cómo se dará (ese aumento)”, dijo.

Así, consideró que hace falta que se definan los marcos normativos y alcances de la decisión del Gobierno nacional para recién analizar un posible estudio de costos y, consecuentemente, un aumento en la tarifa. “Ahora no es el momento porque no hay certezas”, resumió Franco.