El fracaso de la Ley Ómnibus en Diputados y el posterior anuncio presidencial de que se eliminan los aportes para el transporte público del interior llevaron la tensión entre la Nación y los gobernadores al máximo nivel.

La semana pasada, luego de que el megaproyecto enviado por el presidente Javier Milei no prosperara en el Congreso, el conflicto escaló velozmente. La Casa Rosada eliminó el Fondo Compensador del Interior, que permitía sostener los precios de los pasajes en transporte público, y dejó descolocados a los mandatarios. Luego, se supo que hay demoras en la remisión de recursos para el área docente, justo a semanas del comienzo del ciclo lectivo.

De inmediato, gobernadores de las diferentes provincias salieron al cruce de las disposiciones nacionales. Lejos de calmar los ánimos, desde Roma el presidente cuestionó a los mandatarios y a los diputados.

Este fin de semana, gobernadores de diferentes expresiones políticos mantuvieron conversaciones y evalúan recurrir a la Justicia porque, a su entender, hay un “avasallamiento” sobre leyes.

Uno de los más críticos fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien calificó como “arbitraria” a la decisión tomada por el Ejecutivo. “Córdoba nunca se arrodilló, y tampoco lo hará ahora, porque es el legado que su pueblo le dio con el voto, también a este Gobernador”, publicó el mandatario, luego de que el presidente, Javier Milei, lo acusó de “despilfarrar” los recursos de la provincia.

“El gobernador de Córdoba está llorando por $ 20.000 millones, que deje de pagar pauta por $ 26.000 millones a periodistas ensobrados; que dejen de dar recitales, lo mismo le pasa al gobernador de Santa Fe (Maximiliano Pullaro). Vamos a dejar en claro el despilfarro que hacen. Nosotros vinimos a cambiar de cuajo este país corrupto”, había declarado el jefe de Estado.

Llaryora le respondió y aseguró que “no es tiempo de responder agravios ni insultos, es tiempo de diálogo y consensos. Luego, dijo que se mantendrán beneficios en el transporte local.

En Corrientes, en tanto, el gobernador Gustavo Valdés declaró la emergencia en el sistema de transporte público. Esa provincia pierde $1.991 millones por la quita.

Según consta en el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el gasto en subvenciones al transporte totalizaron en 2023 unos $951.987 millones, con un incremento de un 4,2% respecto al año anterior en términos reales.

Casi la mitad de esos recursos, que corresponden a una suma de $479.216 millones, fueron destinados al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT). En detalle, de ese FFSIT se destinaron $353.815 millones -un 73%- para las compensaciones tarifarias previstas al transporte público automotor de pasajeros del AMBA, 18,6% más que el año anterior descontando la inflación.

En tanto, el interior del país recibió a través del Fondo Compensador unos $102.000 millones, que sería un 27% con un crecimiento del 9% real frente a 2022. Esa es la asimetría a la que las provincias hacen referencia hace tiempo, que ahora se profundizará por la eliminación de las transferencias.

De ese monto, Córdoba se quedó con $14.573 millones y luego se ubicó Santa Fe, con el 14,9%. En tercer lugar se ubica Tucumán, que recibió hasta noviembre del año pasado el 9,6% correspondientes a $6.813 millones. Por último, le sigue Salta, con el 8,8%; en estas jurisdicciones se concentró el 53,9% de las transferencias nacionales. Más atrás se ubicaron la provincia de Buenos Aires, excluyendo los partidos del conurbano ($4.433 millones) y luego San Juan ($ 3.929 millones), Jujuy ($ 3.765 millones) y Entre Ríos ($ 2.652 millones).

“Si bien los datos provisorios indican que por el Fondo Compensador se distribuyeron $70.712 millones, las proyecciones realizadas considerando los meses adeudados a las provincias señalan que 2023 podría haber cerrado con un total destinado a tal fin de $87.600 millones, recursos que con la medida anunciada por el Gobierno nacional ya no llegarán a las provincias en este 2024″, señaló la consultora Politikon Chaco.