La incertidumbre sobre el futuro de la Ley Ómnibus, que culminó en un estruendoso fracaso político del oficialismo, generó numerosas especulaciones, traiciones, extorsiones e incluso amenazas de investigaciones judiciales por corrupción, a modo de apriete a gobernadores, funcionarios y legisladores dialoguistas. En política, esta variante es moneda corriente, ejecutadas mediante expresiones “off the record”, o por interpósita persona. En esta oportunidad, contradiciendo los principios libertarios, el Jefe de Estado amenazó a los protagonistas del fracaso, de un proyecto viciado de transparencia, objetividad y huérfano de consenso político. Los medios periodísticos fueron la caja de resonancia del apriete (LA GACETA, 26/01), incluso a diputados que ejercieron cargos ejecutivos, como ministros o secretarios de Estado en los gobiernos provinciales, administrando fondos de programas nacionales como Potenciar Trabajo, Acompañar etc., hoy investigados por el fiscal federal Guillermo Marijuán. El fracaso del proyecto, la caída de las asistencias financieras a la Provincia, la eliminación del Fondo Compensador del Interior, la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, etc., tensionaron al Gobierno provincial, impulsando al gobernador Jaldo a activar un bono de $ 40.000, congelar transitoriamente las paritarias, etc., aduciendo que a la fecha (LA GACETA, 03/02), no había recibido asistencia financiera de la Nación. Frente a las numerosas críticas y especulaciones sobre las maniobras de los diputados por Tucumán, más las declaraciones del Gobernador, corresponde inferir cuál fue la verdadera moneda de cambio que alumbró el apoyo al proyecto del Presidente, porque en tres días de debate, “… nuestros representantes…” no hicieron uso de la palabra para fundamentar su apoyo a un Presidente desordenado psicológicamente (“Presidente”, LA GACETA, 21/01). Frente a la premura del Gobernador, la orden de retirar el proyecto del Congreso y la “vendetta presidencial”, a Tucumán le quedan dos alternativas: la implosión de la gestión de gobierno, o romper las alcancías de algunos de los protagonistas del 11/06/23 (“Fondos no Reintegrables”, LA GACETA, 17/12/23).
José Emilio Gómez
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