El recambio de autoridades en la Casa Rosada mantuvo al ambiente político institucional en vilo durante enero y lo que va de este mes. En este contexto, los gobiernos municipales otean la situación y los vaivenes de las relaciones entre el poder central y las provincias.

La dirigencia reconoce que la mayoría de las definiciones trascendentes se mantienen en pausa hasta tanto haya un suelo más firme sobre el que trabajar, sobre todo, en materia de recursos económicos.

El Concejo de San Miguel de Tucumán se mantiene en relativa actividad y a la espera del comienzo del año legislativo, en marzo. El 1 de ese mes los concejales recibirán por primera vez a la intendenta Rossana Chahla (PJ) para escuchar su informe de gestión. La particularidad de esta rendición de cuentas es que es de un período breve, porque la jefa municipal lleva hasta el momento poco más de tres meses en el cargo.

En los despachos del oficialismo y de la oposición de Monteagudo y San Martín ya analizan al menos cuatro asuntos pendientes que deberán retomar en los próximos meses y que son clave para la gestión municipal y para los vecinos de la Ciudad.

1- Transporte público

La crisis del sector se agudiza con el paso de los meses. La problemática es amplia y tiene múltiples aristas. Inclusive, todos los actores involucrados admiten que el sistema está agotado y que debe haber una reforma. Hay dos cuestiones específicas, sin embargo, que deberán abordarse en el ámbito del Concejo y que dependen también del accionar del Ejecutivo Municipal.

Lo más urgente es un nuevo pedido de incremento del precio del boleto urbano. La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) plantea la necesidad de un incremento teniendo en cuenta la creciente inflación y ya ingresó el planteo formal al cuerpo. La última modificación de la tarifa había sido a principios de diciembre, cuando el viaje mínimo se encareció de $120 a $230. Desde entonces, sin embargo, los costos salariales, de combustible y operativos de la actividad se incrementaron.

Concejales de varias bancadas coincidieron en que, si bien hubo un aumento reciente, las condiciones económicas de diciembre a la fecha se modificaron sustancialmente. La incertidumbre sobre el futuro de los subsidios nacionales y la paritaria salarial de la actividad agudizan la preocupación de todos los actores.

“No hay fecha para el tratamiento”, afirmó un edil. Un colega añadió que no será inminente, sino más bien en marzo. Trascendió que el gobernador Osvaldo Jaldo (PJ) le habría pedido a los concejales afines que dieran curso y aprobaran el pedido de Aetat. Los representantes vecinales reconocen que tendrán que hacer equilibrio entre las necesidades apremiantes de los empresarios y el vapuleado bolsillo de los usuarios. No pierden de vista, además, que las condiciones de prestación del servicio no son las mejores.

La aplicación de la SUBE se anota como un asterisco también en la situación general. Si bien el Municipio avanzó en lo que se pudo, el cambio en la Nación demoró lógicamente la aplicación.

El otro gran tema es que las concesiones de las 14 líneas que circulan por San Miguel están caducas y que las firmas que las explotan tienen un permiso precario de funcionamiento. El Ejecutivo debe enviar los pliegos para que el Concejo impulse la licitación.

La caída de las adjudicaciones data de la gran crisis de 2021, cuando hubo un paro por tiempo indeterminado y protestas con bloqueos de calles. El entonces intendente Germán Alfaro tomó la determinación de sancionar a las empresas. En ese entonces, seis empresas tenían permisos provisorios de explotación y ocho contaban con la concesión regularizada.

2- La basura

En la última sesión, a fines de enero, los ediles aprobaron la iniciativa de la intendenta Chahla para declarar la emergencia en materia sanitaria y ambiental por un año. Entre los objetivos de la medida está el de atender los déficits en la gestión de los residuos sólidos urbanos. La cadena del manejo de los desechos está en crisis: el contrato con la empresa que presta el servicio de recolección está prorrogado y la situación del Consorcio Metropolitano que maneja el tratamiento y disposición de la basura del Gran San Miguel es precaria financieramente.

En cuanto al primer punto, la extensión del contrato con la empresa 9 de Julio vence a fin de mes. La emergencia declarada autoriza a la Intendencia a prorrogar la concesión por un año más, hasta que se convoque a la licitación. Se prevé la ampliación de la recolección a los barrios donde no alcanza el servicio. Durante las charlas para el avance del proyecto, las autoridades municipales consignaron ante los concejales que los pliegos estarían listos pronto. Estiman que podría ser a mediados de marzo. Si bien las versiones iniciales daban cuenta de que podría sectorizarse la Ciudad y contratar a varias empresas, información extraoficial que manejan en algunas bancas afirma que podría haberse descartado esa posibilidad.

En lo que refiere al Consorcio, tras el cambio de gobierno en la Municipalidad, salieron a la luz que había municipios que debían fuertes sumas de dinero. Luego de la renuncia de quien estaba a la cabeza, el abogado Juan Robles, Chahla tomó ese rol. Sonaron varios nombres en las últimas semanas para reemplazar a Robles, pero el que más fuerza tomó es el del legislador Roberto Chustek.

3- Planeamiento Urbano

Desde la campaña, la intendenta había anunciado la puesta en marcha de un nuevo Código. La semana pasada, mantuvo reuniones con referentes de colegios profesionales vinculados con la materia para convocarlos para trabajar en conjunto. En el Concejo, destacan que es uno de los temas centrales que trabajarán este año y que hay voluntad política de todas las bancas y que, inclusive, hubo reuniones preliminares. En la comisión permanente de Planeamiento, que encabeza Facundo Vargas, consideran que el consenso social es importante para encarar cualquier modificación en una norma tan sensible para la vida cotidiana. En el cuerpo avanzarían con la conformación de una comisión especial, que incluirá no sólo a ediles y funcionarios municipales sino también a académicos, Colegios profesionales, la comisión de Patrimonio y el Ente de Turismo, entre otros. La idea fundacional es lograr las bases para una ciudad moderna y armónica para los 50 años que vienen ¿Qué podría modificarse? Puntos como la actualización de los distritos hacia donde crece la urbe; los usos del suelo permitidos y la revisión de las alturas de construcción permitida, entre otros.

4- Presupuesto y Cuenta de Inversión

La situación económica complica la elaboración de toda previsión económica, advierten en todos los estamentos estatales. Los plazos para la presentación de la Cuenta de Inversión 2023 (rendición de cuentas) y del Presupuesto 2024, empero, están previstos y corriendo. La salvedad es que la intendenta lleva poco en la administración capitalina, entienden los ediles. Varios recordaron que la gestión anterior solía demorar en la presentación de la previsión de ingresos y egresos y también del documento posterior, que da cuenta de la ejecución presupuestaria. Los concejales están expectantes para saber qué actitud tomará la nueva alcaldesa al respecto. Una particularidad: la Cuenta de Inversión que debe presentarse hasta fines de mayo abarca la última parte de la gestión Alfaro. De acuerdo con varios miembros de la comisión de Hacienda, el Presupuesto debería haberse presentado en octubre (aún estaba Alfaro) y habría tiempo para tratarlo hasta el 10 de marzo.