El juicio por el doble homicidio en contra de Miguel “Miguelón” Figueroa está cargado de sorpresas y polémicas. Se conoció un audio grabado por un policía en el que el acusado, además de reconocer haber sido el autor del doble crimen, dejó en claro que estaba dispuesto a entregarse con tal de que dejaran en libertad a su pareja. Pero al quedar al descubierto este detalle, el imputado señaló que le había entregado al autor de la prueba $5 millones para que no lo detuvieran.
El 18 de diciembre, según la investigación que realizó el fiscal Carlos Sale, el acusado junto a otras tres personas no identificadas, se presentaron en el domicilio de Blas Parera al 500 y dispararon contra un grupo de personas, provocándoles la muerte a Héctor Gabriel Amaya (33), Leonardo Sepúlveda (26) y resultaron heridos G.G (12), Maximiliano Limdon (19) y Franco Galván (26). “Miguelón”, que está sospechado de ser narco, huyó de la provincia y no se supo nada de él hasta el 13 de marzo de 2021. Ese día, de acuerdo con el expediente, el imputado, junto a su pareja Jimena Fernández y Alexis “El Sucio” Íñigo, acabaron con la vida de Ramiro Ledesma (18).
La joven fue detenida en agosto en un operativo realizado por la Policía. Acusaron a Fernández de homicidio agravado y le dictaron la prisión preventiva. A partir de ese arresto, los investigadores comenzaron a seguir los pasos de Figueroa por un dato que les dio la imputada.
Esa situación fue ventilada ayer en la audiencia. El cabo Matías Luna Estorari relató que se presentó en la carnicería de la hermana de Fernández para confirmar o descartar la versión de que ella estaría dispuesta a entregar a Figueroa. “Me presenté y les pregunté si esa versión era real. Sus parientes me dijeron que ellos tenían el mismo rumor y que en el próximo día de visita le preguntarían”, explicó el policía que actualmente presta servicios en Robos y Hurtos.
Luna Estorari recordó que después de esa visita regresó a su casa. “Al poco tiempo recibí un llamado de un número desconocido. Estoy seguro de que era ‘Miguelón’ insultándome y amenazándome porque había ido a buscarlo. No lo conocía, pero había dejado mi número a los parientes de la chica”, indicó el joven.
El efectivo señaló además que después de dos horas recibió un segundo llamado del acusado. “Cuando llegué a la base les dije a mis superiores lo que había pasado y que volvería a comunicarse conmigo. Entonces, decidimos grabarlo”, explicó. Allí, a cuentagotas, confirmó que el acusado estaba dispuesto a entregarse si su pareja quedaba desvinculada del segundo crimen e insinuó que estuvo involucrado en el doble crimen.
Pero al no aportar mayores precisiones, el fiscal Carlos Sale pidió que se leyera la declaración que había brindado en la etapa de instrucción y que terminó vinculando procesalmente al imputado. “Sí es así. Él quería negociar su entrega a cambio de que la dejaran libre a Jimena, que era su novia”, destacó el efectivo. “También se involucró solo en estas dos muertes, pero no puedo dar muchos detalles porque no trabajé la causa, simplemente trabajé en su captura”, agregó.
Macario Santamarina, defensor del acusado, planteó dos estrategias que terminaron fracasando. Primero, demostrar que el policía estaba relacionado con la pareja de “Miguelón” (podría haber tenido una relación con la acusada de homicidio) y después que se decretara la nulidad de la grabación por ser ilegal. El testigo desmintió haber tenido alguna relación con la familia de la mujer.
El tribunal, integrado por María Alejandra Balcázar (presidenta), Eduardo Martín González y Rodolfo Norniella Parache, rechazó el pedido de excluir la grabación como prueba.
Debate: la legalidad de la grabación generó una fuerte discusión entre las partes
“Para que una grabación pueda ser utilizada como prueba, debe contar con la autorización de un juez, caso contrario es una invasión a la intimidad y, por lo tanto, ilegal”, sostuvo el defensor del acusado, Macario Santamarina. Las partes acusadoras rechazaron el planteo. El fiscal Carlos Sale sostuvo que no debe ser considerado así porque fue Miguel “Miguelón” Figueroa quien llamó al investigador. La querellante Claudia Longo coincidió con el representante del Ministerio Público y explicó que en realidad era utilizada para confirmar los dichos vertidos por el policía que declaró como testigo. El tribunal, integrado por María Alejandra Balcázar, Eduardo González y Rodolfo Norniella Parache, se inclinó por los planteos de los acusadores.
Contraataque: “Ese es el policía que me cobró $5 millones para que no me detuviera”, dijo “Miguelón”
Miguel “Miguelón” Figueroa escuchó el testimonio del cabo Matías Lunas Estorari. Por momentos, sonreía o movía su cabeza como gesto de desaprobación. También tomó apuntes para mostrárselos a su abogado. En un cuarto intermedio, el acusado aceptó mantener un diálogo con LA GACETA. “Ese es el policía que me cobró $5 millones para que no me detuvieran. Él estaba vinculado sentimentalmente con una hermana de Jimena (Fernández)”, aseguró el acusado.
“Nos detuvieron a los dos en agosto de 2022. Nos llevaron a un lugar y comenzaron a pedirme plata para que nos soltaran. Pero como sólo tenía $5 millones, me liberaron a mí y la dejaron guardada a ella”, señaló. En la primera audiencia del debate oral, “Miguelón” decidió romper el silencio. “Pagué por mi libertad”, expresó en uno de los momentos más tensos de la jornada. No dio mayores detalles, pero ayer sí lo hizo con esas explosivas declaraciones.
Las partes apuntan que la versión que pretende instalar el imputado es para desvirtuar esa prueba. “Queda mucho camino por recorrer, hay que estar tranquilos. Esa no es la única de las evidencias con las que contamos”, indicó uno de los acusadores.
Santamarina dijo que por el momento no tiene pensado denunciar este supuesto soborno. “Veremos cuál será la decisión que tome mi difundido. De todas maneras, creo que hay elementos suficientes para que se inicie una investigación”, explicó en una entrevista con LA GACETA.
Después de haber quedado al descubierto esta situación, la Justicia tiene dos posibles caminos por recorrer. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que es conducida por la fiscala Mariana Rivadeneira, podría actuar de oficio. Es decir, con los datos publicados por LA GACETA, investigar los dichos por el que también está señalado como autor del mensaje intimidatorio en contra de testigos y de los fiscales Carlos Sale e Ignacio López Bustos. El otro camino es que el tribunal, por todos los indicios que surjan en el debate, puede pedir al Ministerio Público Fiscal que abra un expediente por todo lo ventilado en el juicio.
El dato: defensoras se destacan como acusadoras
Los defensores oficiales, en la mayoría de los casos, asisten sin cargo a las personas que no tienen recursos para ser asistidos durante un debate. Pero el personal del Ministerio Pupilar de la Defensa también puede asistir a las víctimas que no pueden acceder a un representante legal, aunque no es común que ello ocurra. En este juicio, las auxiliares Claudia Longo y Teresita Mendilaharzu asisten a la familia de una víctima del cruento ataque. Ambas, que se desempeñan bajo las instrucciones de Rosa Nosetti, se han transformado en piezas claves del polémico debate. Hasta el momento, han tenido destacadas participaciones para aclarar algunas precisiones de los testigos y anular los embates que estratégicamente intenta dar el defensor del acusado. Ayer, por ejemplo, los jueces aceptaron la legalidad de la polémica grabación por el planteo que hicieron.