En respuesta a la crítica situación que atraviesa el sector de la construcción en Argentina, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción emitió una Declaración de Estado de Emergencia en todo el país, advirtiendo sobre las consecuencias inminentes para 1.400 empresas y más de 200.000 trabajadores
La excepcional gravedad de la situación llevó a la convocatoria de una Reunión Extraordinaria del Consejo Federal, el órgano superior de la institución, donde se encuentran representadas más de 1.400 empresas socias de toda envergadura y ubicadas a lo largo del país, así como sus Delegaciones.
Los consejeros presentes en la reunión expusieron los problemas que enfrenta el sector, muchos de los cuales son de carácter terminal. En una declaración contundente, expresaron su preocupación de que la situación actual, de persistir, tendrá efectos irreversibles sobre la construcción en particular y la economía en general.
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) representa a empresas que generan más de 500.000 puestos de trabajo directos, con un impacto multiplicador significativo en más de 140 sectores productivos en todo el país.
Declaración de Estado de Emergencia:
El comunicado destaca la urgencia de abordar la situación actual para evitar la dilapidación del capital humano y el conocimiento acumulado en las empresas, así como para prevenir situaciones de quebranto que podrían ser definitivas, con las consiguientes consecuencias económicas y sociales.
La emergencia económica y social que afecta al país se ha intensificado en el sector de la construcción, originada por el desborde inflacionario de 2023, el elevado aumento de precios en diciembre y enero pasados, y el consiguiente quiebre de la cadena de pagos.
Llamado a la acción:
Ante esta situación crítica, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción ha instado a las autoridades nacionales y provinciales a tomar medidas inmediatas en sus respectivas jurisdicciones. La declaración resalta la necesidad de abordar de manera urgente problemas concretos, como la definición de contratos a ser continuados y la readecuación en cuanto a precios, plazos y deuda.
El Consejo instruyó a las autoridades de la institución a nivel nacional y de las distintas Delegaciones a adoptar las medidas necesarias para obtener, en brevísimo plazo, soluciones a estos problemas, con el objetivo de evitar la destrucción del entramado productivo del sector y la pérdida masiva de más de 200.000 empleos.