La Ley de Bases, propuesta por el Gobierno Nacional, continúa generando controversia y agitación en la arena política. Rosca, debates acalorados, negociaciones complejas, idas y venidas, enojos, gritos, amenazas, aprietes y despidos se suceden como episodios de una trama que deja huellas y heridos en su paso, marcando la senda de la polémica reforma libertaria. Como si fuera poco, ayer, la trama de la ley Ómnibus encontró su correlato judicial.

En pleno debate, el presidente, Javier Milei, concedió una entrevista a un medio internacional, donde admitió haber realizado “algunas reformas”, pero aclaró enfáticamente: “No estoy dispuesto a negociar nada”. En este contexto, subrayó: “Puede ser que algunas reformas en lugar de implementarse de inmediato se posterguen, pero no negociamos. La libertad no se negocia”.

A pesar de sus declaraciones, expresó optimismo acerca de la aprobación del proyecto de ley en el Congreso. Sin embargo, denunció que “la política juega su juego miserable y entorpece, el mercado factura y eso se refleja hoy, por ejemplo, en la brecha cambiaria”.

El camino de la ley

El Gobierno tenía la intención de obtener un dictamen sobre la Ley de Bases antes del paro convocado por la CGT el miércoles. Con este propósito, se convocó al plenario de comisiones que estaba debatiendo el proyecto para el martes. Sin embargo, la convocatoria se retrasó debido a las negociaciones estancadas con los dialoguistas.

Pasadas las 10 de la noche del martes, el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, interpeló públicamente a los libertarios y a los aliados: “¿Tienen el dictamen?”. En ese momento, todo presumía que el texto final no estaba disponible.

Ante este escenario, la abogada Valeria Laura Carrera planteó la existencia de dos dictámenes: uno tratado en el recinto y otro en una supuesta reunión privada.

La denuncia

Carreras interpuso una denuncia este viernes, buscando que se investigue la posible comisión de los delitos de “falsificación de instrumento público y falsedad ideológica”, en detrimento de los intereses nacionales, en relación al dictamen del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, según detalla el documento.

La denuncia fue asignada por sorteo a la jueza federal María Eugenia Capuchetti y la fiscal Alejandra Mangano.

En su presentación, la abogada basó sus argumentos en informaciones periodísticas y solicitó a la justicia que emita “oficios a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”, con el fin de obtener detalles sobre el horario y el correo electrónico desde el cual se envió el adjunto del ‘Dictamen’, y para certificar el momento en que dicho dictamen de mayoría fue subido a la página oficial en relación al proyecto de ley Bases.

Asimismo, Carreras solicitó oficios al portal Cba24n para obtener el audio completo de la entrevista al diputado Oscar Agost Carreño, con el objetivo de verificar la existencia de una “reunión secreta donde se hizo un dictamen paralelo de la ley Ómnibus”.

Además, solicitó la convocatoria para brindar declaración testimonial o la remisión de pliegos de los diputados nacionales Carlos Gutiérrez, Oscar Agost Carreño y Germán Martínez.

Estas acciones legales surgen en el contexto de versiones que circularon en las últimas horas acerca de una supuesta reunión secreta, donde se habría elaborado un dictamen paralelo de la ley Ómnibus. Carreras expresó en su escrito: “El ‘Dictamen Blue’ se elaboró luego de la reunión en el departamento de Recoleta. Semejante irregularidad debe ser investigada. No merecemos los argentinos semejante manoseo; el delito perpetrado y sus responsables no pueden quedar impunes”, concluyó.

Lo que viene

Hasta el momento, los indicadores no se alinean con las proyecciones del Gobierno para respaldar las reformas más debatidas de la ley Ómnibus.

A pesar de que el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría para el proyecto, las disidencias superan en número (34) a los respaldos recibidos (21). Por tal razón, el Gobierno se vio obligado a posponer la discusión en el recinto hasta la semana entrante.

Esta claro que el Gobierno necesita tiempo para negociar puntos fundamentales, entre ellos, el aumento de las retenciones, las alteraciones en la movilidad jubilatoria y la delegación de facultades extraordinarias.

Amenazar con ajustes económicos a las provincias fue una de las cartas que uso el Gobierno para intentar alcanzar los números en el “poroteo”. Sin embargo, la estrategia encontró más desertores que aliados.