Marcos Soria recibió dos golpes en menos de 24 horas. Por un lado, una jueza ordenó que continuara detenido por estar acusado de vender de manera ilegal mercadería del ministerio de Desarrollo Social. Por otro, el joven vinculado al concejal Emiliano Vargas Aignasse, se enteraría que ya se habían iniciado todos los trámites para ser dado de baja en la Legislatura, lugar donde trabajaba hace por lo menos 15 años.
El sábado pasado, personal de la ex Brigada de Investigaciones se presentó en el domicilio de Rosa Margarita Ibáñez, en Villa 9 de Julio. Allí encontraron los víveres que deberían haber sido entregados a personas carenciadas. La sospechosa y su hija Alejandra les informaron a las autoridades que esos alimentos habían sido dejados allí por Soria, yerno y pareja, respectivamente de las mujeres.
Según consta en el expediente, informaron que el sospechoso trabajaba en el Concejo Deliberante. Esa fue la razón por la que la Policía decidió buscarlo ahí el lunes y también en su domicilio. El sospechoso terminó presentándose en la ex Brigada horas después.
Al haberse enterado de lo que había ocurrido, el vicegobernador Miguel Acevedo dio instrucciones al personal administrativo de que iniciaran los trámites administrativos para darle de baja de manera inmediata. “No esperó ningún sumario, sino que decidió dejarlo sin trabajo”, explicó una fuente. “La lectura que hicieron las autoridades es que es imperdonable que un trabajador de este cuerpo esté acusado de un delito de esas características”, añadió.
El miércoles, en la audiencia de formulación de cargo, la auxiliar Julieta Molé, siguiendo las instrucciones de López Bustos, acusó a Soria de quedarse con mercadería que debía distribuir a sectores carenciados y vendérselas a su suegra. Al ser empleado legislativo, fue considerado como funcionario público por lo que se agravó su situación procesal.
El hecho de que dejara de pertenecer a la Legislatura, su situación ante la Justicia no cambiará, ya que fue imputado por un hecho antes de que fuera dado de baja.
Aclaración
Por otra parte, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social enviaron un comunicado para aclarar que las agrupaciones Frente Darío Santillán, 17 de Agosto y Somos Barrios de Pie, entregaron fuera de término la documentación en la que informaba el destino que le dieron a la comida. Por esa razón, aparecieron en el listado de las 20 agrupaciones que no cumplieron con el trámite presentante ante la Justicia y que fue informado ayer por LA GACETA.