1- De protocolo antipiquete a una ley

Fue una de las primeras iniciativas que impulsó el Poder Ejecutivo Nacional y que aún siguen generando polémica y discusiones. Primero fue a través del “Protocolo Antipiquete” creado, anunciado y ya puesto en práctica por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Consiste en autorizar a las fuerzas de seguridad a disolver todas las protestas que corten las rutas y calles y que interrumpan el transporte.

También dispuso aplicar una multa a las organizaciones que realicen manifestaciones. Por la marcha realizada el 27 de diciembre, les fijó una de más de $ 40 millones y que serviría para pagar los gastos que generen los operativos de seguridad. La funcionaria dijo que también aplicará la misma sanción para la protesta que se desarrollará hoy a nivel nacional.

Luego, en la Ley Ómnibus, terminaron de cristalizar la idea presentando un proyecto que entre otras cosas, establece que para realizar una reunión pública de dos a más de tres personas, sus organizadores deberán pedir permiso.

Otro punto importante es el endurecimiento de las penas para las personas que violen la norma. Si se aprueba, podrán recibir condenas que van de los tres meses a cinco años, es decir, que no serán excarcelables como es actualmente.

2- Apoyo a las fuerzas de seguridad

La Ley Ómnibus es un compendio de normas que deben ser aprobadas. En una de ellas, les otorga a las fuerzas de seguridad algunas herramientas para que realicen su tarea.

El primer punto es agravar las penas en el delito de atentado y resistencia a la autoridad estableciendo penas que van desde un año a los a tres años y seis meses. Si es aprobada, dejará de ser un delito que se cumple con condenas condicionales.

También irán a la cárcel aquellas personas que agredan a un uniformado, ya que están contemplados castigos de cuatro a seis años.

En el proyecto reformista se agrega una cuestión que terminará beneficiando a los miembros de las fuerzas de seguridad: “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.

Siguiendo esa línea, por ejemplo, los policías que mataron a Facundo Ferreira jamás deberían haber sido condenados.

3- Cambios para la legítima defensa

El Código Penal contempla que una persona actúa en legítima defensa cuando obra ante un hecho de “escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor”.

El nuevo proyecto amplía ese concepto con estos tres puntos:

1- Encontrar un extraño dentro de su propiedad o un inmueble que alojara o trabajara, siempre y cuando haya resistencia o señales que pudieran presumir una agresión inminente.

2- También se entenderá que concurren estas circunstancias cuando una diferencia de edad, contextura, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño o su integridad física o sexual.

3- También estarán comprendidos los que se defendieran de una persona que utilice un arma falsa.

4- No tendrá consecuencias penales quien atacara con un arma mientras huye de la escena. Hay otro dato que no es menor y generó una importante polémica: los familiares de los fallecidos en actos de legítima defensa no podrán accionar judicialmente si es que tienen antecedentes penales.  

4- Agravan las penas por maltrato animal

A la Cámara de Diputados ingresó el proyecto con el que se pretende reformar la Ley 14.346 (sancionada hace 70 años) para que se aplique penas de entre tres meses y seis años y millonarias multas a los que cometan este delito en sus diferentes escalas. Su modificación, que es un deseo del presidente, Javier Milei (la iniciativa lleva el nombre de Ley Conan en honor a su perro fallecido), generó polémicas. Profesionales del derecho consideraron que es importante modificarla, pero que las pretensiones punitivas son exageradas teniendo en cuenta que se podrán aplicar condenas más altas que otros delitos como hurto, amenazas y homicidios culposos, entre otros.

También se escucharon reclamos porque la norma no tiene en cuenta el maltrato de los ejemplares de la fauna silvestre e ictícola.

5- La inimputabilidad, otra vez al tapete

Bullrich y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no ocultan sus intenciones de impulsar el cambio de edad de inimputabilidad. El PEN pretende reducirlo a 14 años y no a 15, como está fijado actualmente.

El último intento se registró durante la presidencia de Mauricio Macri. En esa oportunidad se hizo un debate a nivel nacional que contó con la participación de especialistas, pero la iniciativa no prosperó. En entrevista con nuestro diario, el juez penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Federico Moeykens, no sólo rechazó la idea, sino que además anticipó que la Nación podría recibir sanciones internacionales si es que la aplicaba.

6- Motochorros están en la mira

La Ministra de Seguridad de la Nación anticipó públicamente que solicitará al Congreso que sancione una ley para que se considere un agravante utilizar una moto para cometer un delito.

A lo largo de la historia fueron aplicándose sanciones de estas características que no dieron buenos resultados. Por ejemplo, utilizar un arma de fuego en un robo y en un homicidio también comenzaron a aplicarse penas más severas, pero nunca bajaron la cantidad de delitos. Hace poco más de ocho años, en nuestra provincia hubo una iniciativa similar y fracasó.

7- Expulsión de extranjeros

Es otra de las ideas que tiene Bullrich para iniciar el debate luego de que se registrara “La Masacre de González Catán”, un enfrentamiento entre inmigrantes paraguayos y bolivianos que disputaban el manejo de un terreno usurpado en ese sector de La Matanza.

La expulsión de la familia del narco ecuatoriano “Fito” fue considerada como un ensayo por varios especialistas. Estas personas ingresaron al país el 5 de enero y se refugiaron en una lujosa vivienda de un country de Córdoba. Fueron expulsados del país días después, pese a que no tenían pedido de captura.

Para hacerlo, se escudaron en un tecnicismo: compraron un inmueble y pagaron dos años de expensas sin haber fijado residencia en Argentina. Podrían haber apelado la sanción, pero prefirieron regresar a su país.

8- Las fuerzas armadas contra el narcotráfico

También en el caso de la deportación de los parientes del narco ecuatorianos se registró un “ensayo” histórico. La Fuerza Aérea facilitó aviones para trasladar a los efectivos de la Policía Federal que realizaron el procedimiento en Córdoba. También aportaron la nave para que expulsados sean trasladados a su país, cuando normalmente estos viajes se realizan en vuelos de línea.