Las autoridades municipales de Concepción iniciaron las conversaciones con el Gobierno provincial a fin de definir las pautas del nuevo Acuerdo Fiscal Municipal (AFM). Aunque el intendente, Alejandro Molinuevo, espera que el pacto quede cerrado antes de junio, reconoció que por ahora “no hay nada acordado”.
Es más, advirtió que hay reclamos que son “innegociables” y que la Provincia aspira a que se desistan a cambio de una mejor asistencia. Uno de ellos se vincula con la demanda judicial que formuló su municipio junto con el de Bella Vista por los fondos de coparticipación municipal.
Molinuevo, junto con funcionarios de su gabinete, se reunió con el ministro del Interior, Darío Monteros, con el fin de avanzar en la definición del AFM. “Para que este nuevo pacto nos favorezca, no sólo a nosotros sino a todos, tiene que partir de una distribución equitativa de los recursos. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo reduciendo gastos superfluos, que no son necesarios. De hecho ya eliminamos las ayudas que se hacían más por política y hemos reducido los gastos de publicidad. El esfuerzo lo venimos haciendo”, apuntó el funcionario. Por otra parte, Molinuevo denunció y despotricó una y varias veces contra el trato “discriminatorio” que recibe de parte de la provincia. “Hemos pedido una mejora ahora, pero no nos la quieren conceder. Pretenden cederla más adelante. Sin embargo, hay municipios que ya recibieron ayudas mientras que a nosotros nos postergan”, añadió.
Sin claudicar
El jefe comunal dijo que en el marco del nuevo Acuerdo Fiscal no va a renunciar de ninguna manera a la defensa de derechos que “corresponden a todos los concepcionenses”.
En ese sentido aseguró que en el pacto que impulsa el Gobierno “hay una cláusula que establece que el municipio de Concepción no puede hacer ningún reclamo o acción judicial contra la provincia”. “Este punto no lo aceptamos porque, de hecho, ya tenemos un reclamo judicial contra el Estado provincial y que está en trámite desde octubre pasado por el tema coparticipación”, prosiguió.
“No estamos dispuestos a claudicar frente a este planteo. Lo curioso es que no nos mejoran la situación y quieren, encima, que desistamos de la demanda. De todos modos el hecho de que mejore un poco tampoco soluciona todo. Las cosas pasan por la reforma de la ley de coparticipación”, recalcó Molinuevo.
El intendente de la “Perla del Sur” aclaró con insistencia que no acepta que la prenda de negociación sea un mejor ingreso a fin de que desista del juicio. “El planteo que hicimos debe tener una sentencia y el juez dirá si al Gobierno le corresponde mejorar el sistema de coparticipación o no. En ese sentido me puede ir bien o mal. Nosotros tenemos la confianza en que el fallo nos favorecerá”, deslizó.
Al respecto apuntó que se ampararon en los antecedentes de los municipios de La Banda de Santiago de Estero, Capital contra provincia de La Rioja y Córdoba. Observó que en esas ciudades se dieron situaciones muy similares a la de Concepción y que avalarían un fallo en favor de Concepción. Tras hacer referencia a estos antecedentes, se preguntó: ¿por qué desistir de una acción que puede imponer una solución de fondo a todos los municipios y comunas, para así dejar de andar molestando o mendigando a cada rato al gobernador por recursos?”.
Diálogo
El funcionario se pronunció en favor de un “diálogo constructivo”. “Esto -dijo- es prioritario. Por eso vamos a ir todos los días que sean necesarios a conversar. A pesar de que al ministro le pregunté si podíamos hacer una comisión con el fin de elaborar una ley de Coparticipación parecida la de Córdoba, Entre Ríos o Santa Fe, y nos dijo que no; que no está en la agenda. Entonces con más razón hay que esperar el fallo judicial”, sostuvo.
Repitió que el Pacto Fiscal “no tiene parámetros objetivos”. “Es discrecional. Y eso aparece en el Boletín Oficial en el que figura que Aguilares recibe $ 1.200 millones por mes y Concepción $ 340 de fondos reintegrables”, señaló. Advirtió que por esa razón Aguilares tiene una deuda grande, mientras que Concepción no. “Si te dan más de lo que te corresponde generas deudas. A nosotros nos dan justo lo que dice la ley, e incluso menos”, indicó.
Discrecionalidad
Como se recordará, en octubre, Concepción y Bella Vista presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia una “medida cautelar innovativa” al profundizar sus reclamos contra el Gobierno provincial por “discriminación y discrecionalidad” respecto de la distribución de los fondos coparticipables y no reintegrables a los municipios.
Sebastián Salazar y Molinuevo pidieron que se declare la inconstitucionalidad de las normativas de distribución de recursos porque -entienden- lesionan con “ilegalidad y arbitrariedad” la coparticipación impositiva a las municipalidades. Hicieron reserva del caso federal.
“A la ley de coparticipación en vigencia la atacamos, además, porque no coparticipa ingresos brutos. Y los ciudadanos de Concepción constituyen un gran grupo de contribuyentes de ese tributo. Cada compra que se hace se lo paga. Pero no recibe un peso por ese impuesto”, concluyó.