No son buenos tiempos para mantener posturas intransigentes. La negociación sigue siendo la base del sustento político de cualquier gestión. En el país, el presidente Javier Milei lo aplica. Envió una artillería de reformas políticas y económicas y algunas de ellas impactará en el Congreso. El libertario se hizo peronista aún cuando protesta contra la casta. Muchos recuerdan que tirar del mantel ha sido una vieja estrategia del riojano Carlos Menem, cuando presidió la Argentina en la década de 1990. Puede decirse que Milei logró su objetivo: mantener en vilo a toda la dirigencia política que, esta temporada, no salió de vacaciones. Milei quiere contar con media sanción en Diputados de la Ley Ómnibus, pero las negociaciones no avanzan al ritmo que pretende darle. La premura está relacionada con el paro convocado por la CGT para el miércoles, que promete dejar sin servicios a la Argentina en una señal de fortaleza del peronismo, hoy convertido en oposición. La central obrera parece haber recuperado la memoria de que la calle es el ámbito natural de una protesta contra medidas impopulares. Nada dijo ni hizo cuando la inflación le estalló en las manos al ex presidente de la Nación y del PJ, Alberto Fernández.
Sergio Massa volvió a la escena. Esta vez pidiendo a los diputados peronistas que no voten las retenciones. El ex ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria cree que es el momento de reconciliarse con el campo. En una charla con referentes de su espacio, recordó que durante su gestión llevó a cero las retenciones de las economías regionales y bajo el impuesto de los derivados industriales de la soja. El tigrense se tomó tiempo para llamar a los gobernadores justicialista que han sobrevivido a la ola libertaria. Osvaldo Jaldo fue uno de ellos. No hubo respuestas del tucumano, como tampoco se las dio a los dirigentes cegetistas que se animaron a marcar el número del celular del tranqueño para que modifique su postura dialoguista.
El mandatario tucumano les ha dejado en claro que él no es Juan Manzur, que sí solía convocar a la cúpula de la central obrera en tantos encuentros políticos que se realizaron en la provincia. Por las dudas, Héctor Daer, secretario general de la CGT y muy cercano al ex gobernador tucumano, ha lanzado un mensaje más que claro contra los peronistas que siguen conversando con la Casa Rosada. “Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si se cierra el Banco Central. La oposición debe reconfigurarse para ser un poco más amplia”, sintetizó. Jaldo se recluyó en su Trancas natal. Desde allí monitorea lo que pasa en la provincia, pero también en Buenos Aires. Una de sus preocupaciones es que el borrador de modificaciones atribuido a la Casa Rosada sea lo suficientemente flexible para atender los requerimientos de las provincias sucroalcoholeras. Ayer trascendió que el borrador que el ministro del Interior, Guillermo Francos, le acercó a las bancadas afines a la Rosada contienen medidas que todavía no fueron analizadas por Milei. De todas maneras, todo sigue en el terreno de las especulaciones y de las negociaciones. La Nación está prácticamente obligada a responder las requisitorias de los gobernadores si es que quiere avanzar esta semana con lo medular del plan de ajuste fiscal y de reformas políticas.
Jaldo resiste las presiones peronistas. El mismo jefe de la bancada de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, se comunica periódicamente con el tucumano para saber si es que los parlamentarios de la provincia votarán el dictamen del bloque en caso de que se mantengan las tres posturas que hoy se enfrentan en el Congreso. “Voy a hacer lo que convenga a los intereses de la provincia”, repite el gobernador en cada consulta que le formulan. Lo partidario corre por otro carril. El gobernador sondea a todos los diputados de su espacio. A ninguno le exige que vaya contra sus principios. Sin embargo, cree que cada cual sabe qué rol le cabe en este nuevo escenario institucional. En algún momento, le transmitió a Francos que cuenta con tres respaldos sobre cinco miembros de Unión por la Patria dentro del recinto si se llegara a votar el paquete de leyes. Si la bancada le da la espalda a esas tres voluntades, Jaldo procurará que el resto de los diputados -más allá de la votación- tengan una conducta solidaria. Esto puede traducirse en un nuevo bloque de cinco integrantes. Por ahora son especulaciones.
Los citricultores están más tranquilos porque el borrador excluye al aceite esencial del limón del pago de aranceles. El apoyo a Milei de Kevin Sullivan, representante de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, puede ser una puerta que se abre al limón en aquel mercado. “Con el apoyo de la canciller Diana Mondino y del gobierno provincial podemos ir a plantear ante el Departamento de Comercio una situación de inequidad para con las condiciones impuestas para la importación en ese país al jugo de limón argentino”, señala Pablo Padilla, presidente de la Asociación Citrícola del NOA (Acnoa).
El caso del azúcar es más complejo. Si bien el Gobierno nacional accedería a eliminar el artículo 59 de la Ley Ómnibus, que proponía la derogación de la Ley del Azúcar para empezar a importar, la cuestión del bioetanol los aqueja. Creen que no estarán en igualdad de oportunidades para competir contra el maíz por las características diferenciales de ambos cultivos. Los lamentos llegaron el mismo viernes que trascendió el borrador a la Casa Rosada. Algunos industriales consideraron que no era un buen negocio aceptar los cambios tal como estaban escritos. Jaldo les respondió que era el dilema entre el huevo y la gallina. “Sin caña de azúcar no hay alcohol”, les planteó. Luego les informó que sigue abierta la negociación. Los sucroalcoholeros tendrán mañana la oportunidad de exponerle a la vicepresidente Victoria Villarruel todas sus dudas sobre la ley de Biocombustibles. Hasta el jueves, tiempo en el que el oficialismo prevé llevar el paquete de leyes al recinto de Diputados, todavía hay tiempo para negociar.
Bajo control
La tormenta se desató en la Casa de Gobierno. Todos los ministros abrieron el paraguas ante la conformación de la Unidad de Control de Gestión. Los rayos caen por el lado del Ministerio de Economía. Daniel Abad, el conductor del área, designará esta semana a los cuatro profesionales que tendrán a su cargo la tarea de mirar con lupa cada contratación y cada compra que realice el Estado.
La interna está latente, pero no se exterioriza. Saben que si Jaldo ha firmado el decreto de creación del nuevo organismo interno, Abad tiene el aval suficiente para avanzar con esa iniciativa. El ministro de Economía reclutará a contadores y a abogados que están trabajando en el Estado. Se ubicarán justo al lado del despacho que tiene en el primer piso de la Casa de Gobierno.
La conformación de una Bolsa de trabajo estatal es otro de los proyectos que está en ciernes. Dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, hay empleados que han manifestado su intención de cambiar de roles para ser de mayor utilidad en el sector público. Está en marcha un relevamiento interno para establecer la conveniencia de poner en marcha esa reorganización de recursos humanos.
¿Dónde pondrá la lupa la Unidad de Control de Gestión? Particularmente en todo el proceso de compras y de contrataciones. En cómo se realizan los cotejos de precios y quiénes participan. En los procesos de adjudicación y de ejecución de obras, de tal manera de no llegar, por ejemplo, a una redeterminación de precios por una demora prolongada en el trabajo a realizar. De eso dependerá, por ejemplo, el pago de los certificados de obra. De la misma manera que sucede en salud con la adquisición de insumos y de medicamentos o en Desarrollo Social con la mercadería que se compra para alimentar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Todo esto es complementario a la tarea que desarrolla el Tribunal de Cuentas.
A propósito de Desarrollo Social, en medio de la investigación judicial por la venta ilegal de alimentos de uso oficial, Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local, resolvió que toda entidad deberá presentar una declaración jurada que acredite el responsable de recibir la mercadería, así como el domicilio del lugar que será usado como depósito hasta su entrega a los beneficiarios.
“Una vez emitida la orden correspondiente para el retiro de mercadería, las organizaciones sociales tienen cinco días hábiles para realizar la entrega en caso de ser módulos, y 10 días hábiles para presentar rendición documentada con firma, copia de DNI de los beneficiarios y planilla de Excel a un mail que se habilitó para tal fin”, dice la resolución.
Las adscripciones también están en la picota. Según trascendió habría cerca de 3.500 casos en el área de educación bajo análisis. Fuentes de la Casa de Gobierno afirman que se trata de personal que estaba cumpliendo tareas administrativas, pero seguía cobrando como docente. Por lo tanto, se requería uno dos maestros suplentes para la cobertura del cargo. En el Ejecutivo hicieron cálculos y creen que por la eliminación de este esquema, el ahorro que se podría obtener rondaría los $ 1.500 millones.
Jaldo argumenta que corregir este tipo de situaciones redundará en un mejor uso del dinero estatal en tiempos de crisis. Convertido en un opositor dialoguista, el tucumano está pasando por un período de prueba permanente. El peronismo le cobra varias facturas, a un mes de las elecciones en el distrito local del PJ. El tranqueño sabe que está en el ojo de la tormenta peronista, pero afirma, una y otra vez, que tendrá que surfear la ola porque el tiempo que le tocó gobernar no es de un mar calmo, sino de crisis y de necesidades financieras. De allí aquello de vivir con lo propio.