Ayer, ocho empleados que se desempeñaban en la UDAI de Muñecas al 300 no pudieron acceder al sistema; por lo que vaticinan “inminentes despidos teniendo en cuenta lo ocurrido en otras provincias”. En medio del plan de “achique del Estado”, el Gobierno nacional cortó contrataciones y busca disminuir el personal de distintas reparticiones; Anses no quedó exento.

El pasado 26 de diciembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial el decreto 84/2023; el mismo señala -en resumen- que una serie de contratos estatales no serán renovados. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado que este tipo de medidas son tomadas con el fin de “terminar con el empleo militante” y “bajar el gasto público”. En los últimos días se contaron alrededor de 320 despidos en distintas oficinas del país.

En la UDAI sostienen que los empleados que sufrieron las medidas “no pertenecen a ninguna agrupación política” y que, además, “cumplen una función importante dentro del organismo”. La delegada regional de Secasfpi (Sindicato de los trabajadores de la Administración Nacional de Seguridad Social), Jimena Posse Silva, sostuvo que la disposición “no se encuentra dentro del marco legal” y esperan “resolver esta situación”.

“Tenemos a ocho personas con la clave bloqueada; si bien no hay una comunicación fehaciente de despido, esto ya sucedió en otras partes del país y a los dos días llegó la carta documento”, contó la delegada.

En la repartición no descartan más cesantías, debido a que hay personal que se encuentra de vacaciones y aún no está al tanto de su situación. Posse Silva califica al hecho como “una forma horrible” de decir “están despedidos”. Por otra parte, aseguró que la UDAI “funciona bien y descontractura a la sede central de Córdoba 498”, por lo que “no entiende la medida”.

A modo de crítica hacia el gobierno de Milei, la delegada encuentra “inconsistencias” entre la idea de “bajar el gasto público” y hacer efectivos los despidos. “En lugar de representar un achique al Estado, esto genera más pérdidas con todo el proceso de despido; pagar los contratos, multas e indemnizaciones termina siendo más caro”, afirmó.

Milagros Miño Toro, una de las empleadas afectadas, contó que “los ocho ‘compañeros’ quedaron en el aire” y el único gremio que -hasta el momento- los acompañó fue Secasfpi. “Tenemos contratos fijos, recién renovados hasta diciembre de 2024; enterarse así es ‘desastroso’ y ‘arbitrario’”, reclamó.

Por otra parte, resaltó que la sede “tiene una sobrecarga de trabajo” para “descomprimir a la central” y criticó “las formas” del Gobierno nacional asegurando que “contrariamente al sistema de flexibilización laboral que se pregona” no recibieron ningún tipo de aviso, por lo que esta situación hoy los agarra “desprevenidos” y sin otra alternativa que no sea “comenzar de nuevo cuando hay familias por detrás”.

“El siguiente paso es ponernos en contacto con los abogados del gremio; debemos buscar la forma de revocar esta situación ni bien nos lleguen las notificaciones”, finalizó. (Producción periodística: Enzo Ferreira)