En medio de un proceso inflacionario que carcomió el poder adquisitivo de la sociedad argentina, los jubilados quedaron más expuestos a los incrementos de precios y a caer en situación de pobreza. Sucede que los alimentos y los medicamentos, base de la economía de la clase pasiva, han padecido fuertes reajustes que no se acompañan con la actualización del haber.

La jubilación mínima inició 2024 en $ 105.713 mensuales. Además, los adultos mayores que la perciben recibieron un bono de $ 55.000; mientras que el resto obtuvo una bonificación proporcional a lo que cobran mensualmente.

En las “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocida como Ley Ómnibus, el Gobierno nacional planteó la suspensión de la actualización trimestral de los haberes. Es decir, de ahora en más, los incrementos pasarían a darse solamente por decisión del Poder Ejecutivo a través de la firma de un decreto. Aún más, en el último acuerdo arribado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las autoridades argentinas han dejado en claro que planean preservar el valor real de las jubilaciones y aumentar la asistencia social según lo justifiquen las condiciones, pero nada se dice acerca de cuál será el método que se utilizará para ese proceso.

La aceleración inflacionaria de los últimos meses conspira contra los haberes jubilatorios que pierden más capacidad de compra que, por ejemplo, los salarios registrados, al no gozar de reajustes como las paritarias. Un dato que desnuda aún más la realidad de los jubilados es que el 86% del total de 7 millones de beneficiarios cobra menos de $ 200.000, de acuerdo con los datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social. Esto significa que 5.906.927 adultos mayores reciben un haber de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) que no les permite cubrir la canasta básica de los jubilados, valuada en $ 313.185 en septiembre pasado, según el relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad.

Por las obligaciones asumidas con los organismos internacionales y por las necesidades naturales de reducir el déficit fiscal, el gasto previsional siempre estuvo en la picota de las autoridades, como una modo de llegar a la meta financiera aplicando recortes drásticos.

Según un diagnóstico del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), la estrategia alternativa al ajuste es el ordenamiento previsional. Consiste en respetar los derechos adquiridos y adaptar las normas previsionales para que se cumplan en el futuro. El ordenamiento, puntualiza el reporte, obliga a involucrarse en temas más complejos. Por ejemplo, implica no seguir renovando las moratorias y en su lugar mejorar la pensión universal para el adulto mayor (Puam), revisar el régimen de pensiones para los convivientes, establecer un mecanismo gradual para que todos los tratamientos especiales converjan en las reglas generales y contemplar la actualización automática y periódica de los parámetros del sistema a la dinámica demográfica.

La celeridad de las medidas deben estar en sintonía con las necesidades de los jubilados. Urge establecer un sistema de actualización de haberes para una clase pasiva que sigue siendo el capítulo pendiente de resolución.