Donald Trump, antiguo inquilino de la Casa Blanca (2017-2021) a la que espera regresar tras las elecciones presidenciales de noviembre, está acusado junto a sus hijos Eric y Donald Jr de inflar fraudulentamente el valor de sus propiedades en la década de 2010 para obtener condiciones favorables de los bancos y empresas de seguros.

La fiscal general de Nueva York Letitia James, que presentó una demanda civil en 2022 por fraudes financieros, le reclama U$S 370 millones por daños y podría retirar a la familia Trump el control de sus activos inmobiliarios.

Al regresar el jueves al tribunal para los alegatos finales, Trump, de 77 años, volvió a arremeter ante la prensa contra las “injerencias políticas”, las “injerencias electorales al más alto nivel” y un “juicio muy injusto”, llegando a acusar al presidente, Joe Biden, de estar detrás de esa injerencia.

El favorito en las primarias del Partido Republicano quería dar él mismo sus alegatos finales, pero el juez Arthur Engoron lo rechazó al temer “un discurso de campaña” en la sala.

Finalmente, ayer, el juez permitió a Donald Trump desarrollar algunos argumentos, y el expresidente aprovechó inmediatamente la ocasión para atacar a Letitia James, a la que tildó de “pirata política”. “Quieren asegurarse de que nunca vuelva a ganar (elecciones). Ella (fiscal general) odia a Trump... y si no puedo hablar de ello, me duele”, bromeó. El juez intentó interrumpirle, pero el ex presidente replicó: “Usted persigue su propia agenda, no puede escuchar más de un minuto”.

Desde que comenzó el juicio el 2 de octubre, el multimillonario ha arremetido contra el sistema judicial cada vez que ha entrado en la sala o en los pasillos del tribunal de Manhattan, denunciando una “caza de brujas” política o un “juicio digno de una república bananera”.

Durante los últimos tres meses, los abogados del clan Trump han considerado que el caso estaba jurídicamente vacío.

Uno de ellos, Chris Kise, reconoció ayer que pudo haber errores “involuntarios” en las declaraciones financieras del señor Trump, pero que no había necesidad de “concluir que hubo fraude”.

Pero para los fiscales, “la infinidad de esquemas engañosos que utilizaron para inflar el valor de los activos y ocultar hechos fue tan escandalosa que no puede explicarse inocentemente”, escribieron en una nota antes de la audiencia.

Como muestra del tenso ambiente que rodea al juicio, la policía del condado de Nassau, en la península de Long Island, al este de Nueva York, confirmó que se había producido una falsa amenaza de bomba contra el domicilio del juez Engoron.

Fuera del tribunal, vigilado por un helicóptero, los manifestantes coreaban “no a los dictadores en Estados Unidos”.

Durante el juicio, Donald Trump atacó violentamente al equipo del juez y a al fiscal general. El juez ya le impuso dos multas por un total de 15.000 dólares. A diferencia de los juicios penales que le esperan este año, incluido el de sus supuestas maniobras para invertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, Donald Trump no se enfrenta a la cárcel en este caso civil.

Antes del juicio, el juez Engoron dictaminó a finales de septiembre que la fiscalía presentó “pruebas concluyentes de que entre 2014 y 2021, los acusados sobrestimaron los activos” del grupo en “U$S 812 millones (a) U$S 2.200 millones”, según el año, en los documentos financieros de Donald Trump.

Como consecuencia del “fraude repetido”, ordenó la liquidación de las empresas que gestionaban sus activos, como la Trump Tower de la Quinta Avenida y el rascacielos del número 40 de Wall Street, en Manhattan.

Sin embargo, estas medidas fueron suspendidas en apelación. Queda en manos del juez Engoron cerrar el proceso y determinar la cuantía de los daños e indemnizaciones. Este es uno de los varios frentes abiertos que tiene el magnate en los próximos meses.

La semana próxima se abre un nuevo juicio en Nueva York por difamación y en marzo deberá volver a sentarse en el banquillo en Washington por las acusaciones de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, y en Florida en mayo por cargos de manejo indebido de documentos altamente secretos gubernamentales. (AFP)