En pocas áreas de la vida laboral, social y empresaria del país se ha registrado un rechazo tan unánime a la Ley Ómnibus, propuesta por el presidente Javier Milei y en tratamiento parlamentario, como en la cultura.

Con aval de los respectivos gobiernos provinciales, cada actividad productiva reclama porque se excluya a su sector de las normas impulsadas (como en los casos del azúcar, del litio o de las producciones primarias agrarias) o en el sindicalismo hay fisuras entre los diferentes gremios. En cambio, los trabajadores del arte -sin distinción de su forma de expresión- se unificaron detrás de la defensa de los institutos nacionales del teatro (INT), el cine y la música (el primero desaparecería según la megaley; los otros se desvirtuarían y desfinanciarían, perdiendo su naturaleza y función), el Fondo Nacional de las Artes (el FNA se eliminaría) o la promoción de las bibliotecas populares (muchas podrían cerrar).

“El ataque del Gobierno destruirá bienes intangibles”

Esta tarde se realizará el Cacerolazo Cultural Nacional en espacios públicos de todo el país convocado por el colectivo Unidxs por la Cultura y bajo la consigna “diputados y senadores ¡legislen a favor del pueblo!”; en Tucumán, la cita será desde las 19 en la plaza Independencia. La movilización se articula con el paro nacional previsto para el 24.

La presión sobre los legisladores nacionales se profundizará en los próximos días, con audiencias presenciales para explicar la situación puntual y cuestionamientos públicos a quienes se pronuncien a favor de los cambios, junto con pedidos expresos de que sienten posición ya que hay pronunciamientos sobre otros aspectos de la Ley Ómnibus (como lo referido al bioetanol y a la industria azucarera) pero no sobre lo artístico.

“Las normas tendrán un efecto devastador e irreparable”

El malestar con la iniciativa oficial ha motivado plenarios sectoriales de artistas escénicos, músicos, plásticos, cineastas, libreros y otras ramas culturales, y además la conformación de coordinadoras transversales con representantes de diferentes expresiones, como la Asamblea Multisectorial de la Cultura de Tucumán y Tucumán Ladre, que eligió esta denominación jugando irónicamente con la fascinación que tiene Milei por los perros.

Las modificaciones a las leyes relacionadas con lo artístico figuran en la Ley Ómnibus, no en el decreto de necesidad y urgencia dictado en diciembre. Por este motivo, no tienen inicialmente efecto operativo, lo que impide que se accione judicialmente con amparos, como los que se presentan en los tribunales federales del territorio nacional. Sin embargo, ya hay consultas con los abogados para formalizar impugnaciones si avanzan las modificaciones, a partir de derechos adquiridos por ganadores de premios, becas, planes de apoyo, subsidios y demás beneficios obtenidos mediante programas de las entidades aún vigentes.

A este contexto externo se suma el interno dentro del Gobierno nacional, de profundo desconcierto. En pocos días más debía asumir al frente del INT Mariano Stolkiner, anunciado en diciembre desde la Secretaría de Cultura, quien ya tomó distancia pública en las redes sociales sobre la eliminación de ese ente. Operativamente, no tendría sentido ser funcionario de una estructura que no existirá más, sobre todo si el nombrado la defiende. Su posible reemplazo también está en duda: nadie está dispuesto a apagar la luz del INT, que fue resultado de una larga lucha de teatristas.

En el FNA había sido anunciado el cineasta Javier Torre, tampoco asumido aún. Desde que trascendió su nombre, el protofuncionario se venía reuniendo con empleados a quienes expresó su rechazo a la desaparición de esa oficina, de largo predicamento en el apoyo a los creadores nacionales. Esto le valió el desconocimiento público del secretario de Cultura, Leo Cifelli, quien insólitamente se desmintió a sí mismo (él había llamado a la anterior titular, Diana Saiegh, y le había avisado sobre quién sería su reemplazante) y publicó en sus cuentas en internet que Torre no había sido elegido para el cargo.

En el fondo, la discusión pasa por no saber (ni entender) cuál es la política cultural que promociona el Poder Ejecutivo a través de su Secretaría, que reemplaza al degradado Ministerio de los últimos años. No hay anuncio formal alguno sobre propuestas, programas, iniciativas ni proyectos que se intentan desplegar. El impulso de la Ley Ómnibus para el área termina dándose de bruces con las designaciones anunciadas en entes que se intenta suprimir; parece ser el resultado de un enfoque eminentemente economicista financiero -no productivo-, detrás del cual está la confesa firma de Federico Sturzenegger.

Precisamente, desde el FNA vinculan la carga contra esa institución por el frustante paso por sus oficinas de la esposa del economista, Josefina Rouillet, quien trabajó en el organismo durante el gobierno de Mauricio Macri (entre 2015 y 2017). En su gestión, mocionó infructuosamente cambios en la orientación de la institución. Su salida fue en medio de un fuerte enojo.

Que no se piense a la cultura como algo integral, expresión de los pueblos y sus intereses inmateriales, podría ser entendido a partir de la filosofía del nuevo Gobierno. Pero que el subsecretario de Cultura de la Nación, el músico santiagueño Iván Camaño, haya anunciado en la reunión que mantuvo con el vicegobernador de la provincia Miguel Acevedo, la semana pasada, que es probable abrir un mercado de artesanías con China indica un desconocimiento de la situación. Más allá de los dichos de Milei y de su canciller Diana Mondino en contra del gigante asiático, con el intento de reducir al mínimo los contactos, hacer pie en ese país con esa clase de productos es impensable por un problema de escala productiva: no se podrá hacer la cantidad que se demande. Y esto no es una afirmación falaz: durante la gestión de José Alperovich hubo visitas comerciales a Europa y a Asia con buenos resultados de contacto, pero que no se consumaron cuando llegaron los pedidos concretos, de muchísimas más unidades que las que se podían hacer en las plantas locales (por ejemplo, de puertas y muebles de madera, ya no hablamos de artesanías manuales).

En ese encuentro entre Camaño y Acevedo, según trascendió desde Casa de Gobierno, no se habló sobre la eliminación del FNA ni del INT, lo que sí planteó el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, cuando lo visitó luego el funcionario nacional. Una lástima, una oportunidad desaprovechada, ¿una señal de convalidación? Ya es buen tiempo de que se aclare dónde está parado cada uno.