Referentes de gremios estatales de Tucumán no ocultan su preocupación por el impacto de la inflación en los sueldos de los trabajadores. Sin embargo, y a la espera de la apertura de las paritarias previstas para febrero, entre los representantes sindicales existen posturas disímiles respecto a los pasos a seguir ante la depreciación de los ingresos. El Instituto Nacional de Estadística y Censosa (Indec) dará a conocer la semana próxima el porcentaje de suba de diciembre, una pauta clave para las negociaciones entre el Poder Ejecutivo (PE) y las representantes gremiales.

Según estimaciones, el índice de precios al consumidor rozaría el 30%, superando el 12,8% de noviembre. Ante este panorama, el Frente de Gremios Estatales y Municipales de la provincia elevó una nota a la Casa de Gobierno para requerir un incremento de emergencia, que compense la devaluación y el brutal aumento en los precios de la canasta familiar.

De acuerdo a los dirigentes de 10 municipios (Simoca, Monteros, Aguilares y Famaillá, entre otros), el acuerdo alcanzado para el tramo diciembre-enero, que consistió en una ayuda de $ 40.000 por mes, quedó pulverizado por el impacto de la inflación. “Esta situación requiere un urgente tratamiento para restablecer el poder adquisitivo del salario de los estatales y municipales”, indicaron Enzo Alarcón y sus pares del Frente de Gremios Estatales y Municipales.

Jorge Flores, de ATE, coincidió con que las ayudas acordadas para el último bimestre de 2023 estaban “lejos de las pretensiones de los trabajadores”. “Sabíamos del arrastre de a inflación y del panorama a partir de diciembre, con el cambio de Gobierno nacional”, señaló.

Y advirtió que en este gremio estatal, cuando se abran las negociaciones salariales, insistirán con que “ningún trabajador puede estar por debajo de la línea de la pobreza”. “Hoy estamos lejos de eso, somos trabajadores pobres”, resumió.

Sin embargo, Flores disintió con la postura de sus pares en cuanto al pedido de “un incremento de emergencia”. “Vamos a esperar hasta febrero. Lo estamos diciendo en cada plenario que hacemos: vemos la situación nacional, lo que están sufriendo los compañeros de la Nación con el ajuste, con la cantidad de despidos, y no queremos que eso pase en Tucumán”, añadió.

Ante una consulta de LA GACETA, el ministro de Gobierno, Regino Amado, quien encabeza las charlas con los estatales, confirmó que, con el acuerdo reciente -firmado en diciembre-, se mantiene la decisión de comenzar a negociar los salarios de los trabajadores del Estado en los primeros días de febrero, tal como estaba previsto.

En ese sentido, el funcionario jaldista sostuvo además que es clave “esperar qué pasa con las medidas nacionales” dispuestas por el gobierno liberal de Javier Milei, puesto que muchas de ellas tendrán impacto directo en las arcas provinciales.

En diciembre pasado, al firmar el acta con los representantes sindicales, el gobernador, Osvaldo Jaldo, había calificado el acuerdo como un bypass para llegar a febrero, cuando, con un panorama nacional definido, podamos tomar decisiones salariales en paritarias. “Ahí pondremos todo el esfuerzo para que el trabajador no pierda o pierda lo menos posible en el proceso inflacionario”, había indicado.