La Unidad Fiscal Especializada en Cibercriminalidad fue inaugurada el pasado 2 de octubre y está subrogada por el fiscal Carlos Saltor. Uno de los motivos por el cual se decidió crear la unidad especializada fue para investigar los múltiples casos de amenazas de bomba que amedrentaron a la provincia durante la segunda mitad del año y también los delitos por estafas virtuales. Ello supuso un gran desafío para las autoridades de la nueva Fiscalía, sobre todo porque tuvieron que incorporar nuevas tecnologías para poder dar con los responsables.
A diferencia de otros delitos, para poder sostener las imputaciones los investigadores necesitan datos que no son tangibles sino virtuales, como ser titularidad de líneas telefónicas y de internet, registros de geolocalización o información almacenada en los dispositivos electrónicos a la que sólo se puede acceder con peritajes, sólo por mencionar algunos. La cualidad es que la mayor parte de estos elementos están en poder de empresas nacionales e internacionales a las cuales deben librar oficios y algunas veces puede afectar la agilización del proceso.
“Son dificultades naturales y comunes de cuando alguien empieza una nueva actividad. La Fiscalía tiene menos de tres meses, pero sumó bastante la experiencia de la Fiscalía de Delitos Complejos, que se estuvo ocupando de los casos de amenazas de bomba anteriormente. Estamos muy organizados dentro de la fiscalía, sabemos exactamente qué hay que hacer en cada situación de amenaza o de fraude. A medida que las empresas nos van conociendo, responden nuestros oficios con mayor rapidez”, le dijo Saltor a LA GACETA.
El fiscal contó que durante las últimas semanas mantuvo reuniones con el personal de ciberfraude de distintas empresas y entidades bancarias como Banco Macro y Mercado Pago. Además, dijo que desde la fiscalía están en constante contacto con las Fiscalías de Cibercrimen de Salta y del sur del país. “El delito informático en general y sus nuevas modalidades no respetan la territorialidad. No es algo que respete las fronteras geopolíticas de las provincias ni de los estados nacionales;, como tal esta materia necesita de la colaboración entre distintos Ministerios Públicos y tanto de la Justicia Federal como de la provinciales”, manifestó.
Además, dijo que están trabajando con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para facilitar los oficios solicitados. “De esa manera lo que no podemos conseguir directamente con las instituciones privadas, llámese Google, Apple, Facebook o Meta, lo hacemos a través de Interpol porque trabajamos muy bien en conjunto”, informó. Y agregó: “También se fue formando una red para rastrear las transferencias cuando se hacen los fraudes. Coelsa nos dice exactamente dónde está el dinero, entonces se bloquea la cuenta rápidamente y no tenemos que andar pasando por todos los bancos o se bloquea la posibilidad de “pitufear” el dinero” (dividirlo en varias transferencias chicas para que sean más complicadas de encontrar).
“Es un trabajo en el que constantemente nos tenemos que estar capacitando porque la tecnología evoluciona muy rápido y los ciberdelincuentes también aprenden y van siguiendo las posibilidades que les da la tecnología; esto implica que los investigadores tengan vocación por capacitarse y tratando de aprender cuáles son la modalidades”, finalizó Saltor.
Producción Periodística de Micaela Pinna Otero.