Amplios sectores de la sociedad argentina se siguen dando cuenta de que eran parte de la tan combatida casta, y que, en menos de dos semanas desde su asunción, son  los afectados por las anunciadas medidas de shock que, en principio, solo prometían serruchar a la política, pero que, en realidad, los tendrán como principales afectados y abren un gran interrogante respecto al futuro.

El turismo es justamente uno de esos sectores, no solo por la degradación del ya inexistente Ministerio de Turismo y Deportes, sino también porque medidas exitosas que se dieron como respuesta a la pandemia, como lo fuera el Plan Previaje, serán una dulce rémora de otros tiempos, ya que ahora como bien lo recuerda el Presidente: ¡No hay plata!

De quedar firme el decreto presidencial que en su punto 29 desregula la actividad turística, cualquiera podrá vender paquetes turísticos, derogando entre otras, la más antigua de las normas de turismo: la Ley 18.829, que es la que crea el Registro de Agencias de viajes y que, con muchas falencias y omisiones, regulaba la actividad, permitiendo a los empresarios con un profesional a cargo, intermediar en los distintos servicios que componen la cadena de un producto turístico. De esta manera se estará poniendo en serio riesgo el respaldo de los usuarios ante incumplimientos en la comercialización. Imaginemos el caso del turismo estudiantil, que tiene otra ley específica y que con la derogación en marras habrá que adecuarla. Por supuesto que el sector turístico, tanto público como privado, deberá hacer un mea culpa y ver cuáles fueron las omisiones que se cometieron en los controles a los no registrados, no pudiéndose evitar las reiteradas quiebras y estafas.

Las provincias conservan todo el poder no delegado en la Nación, reza el 121 de nuestra Constitución Nacional, y este quizás sea, de quedar firme el decreto, lo que suceda con el contralor que revertirá a las jurisdicciones provinciales, como ya sucede en el rubro hotelero, el caso de las agencias de turismo. En Tucumán, por ejemplo, la registración de la actividad fue dándose por las necesidades que el mismo mercado fue imponiendo; por ejemplo, la existencia del Registro de Prestadores de Turismo Activo surgió luego de la tragedia que mató a la médica concepcionense Natalia Vargas; o el caso del Registro de Prestadores Guías de Turismo que se dio a luz luego de la pandemia, para proteger el trabajo de estos profesionales tucumanos.

Las agencias que se dedican al turismo receptivo  ya cuentan con la requisitoria para poder vender los tours dentro del ámbito provincial. Este registro deberá ser ampliado y quien se encargue de la inscripción de los operadores, siendo una oportunidad para que a nivel provincial se cumpla la caducidad del mal llamado Registro de Idóneos en Turismo, que indebidamente a nivel nacional manejaba la patronal empresaria Faevyt, y sean los propios profesionales tucumanos quienes manejen dicha matriculación.

Desde ya que en aras de efectivizar los controles, la Dirección de Comercio de la Provincia deberá respaldar al área de Registro y fiscalización del Ente de Turismo en la tarea de contralor, teniendo como subsidiaria la Ley de Defensa del Consumidor.

La idea de quitar registros que muchas veces burocratizan la actividad no debe ser interpretada como intromisión del Estado, sino como un orden que busca justamente respaldar con un régimen de responsabilidad seguros y multas por incumplimientos.

Habrá que estar atentos a cómo se continúa con esta importante actividad, compartiendo lo que dice el decreto publicado en el boletín oficial: “No es posible desconocer la importancia que el desarrollo del turismo tiene en el crecimiento económico del país, más aun cuando se cuenta con atractivos turísticos inigualables y en un contexto de creciente globalización”. A pesar de lo cual y fruto del mazazo devaluatorio se perfila como una temporada que tiende a la baja.