Esta madrugada fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 84/2023, que lleva la firma del presidente Javier Milei y que confirma la baja de los contratos de los empleados públicos que ingresaron este año. Se estima que son más de 7.000 las personas que perderán su trabajo. Además, el Ejecutivo pidió que se revise, en un plazo de 90 días, la situación de los trabajadores que están en funciones desde antes de 2023.
El artículo 1° del nuevo decreto establece que “las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas”, informó Infobae.com.
Esta decisión abarca a los empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional y de entes públicos como Anses, PAMI y AFIP. Los únicos trabajadores excluidos son los que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales.
Se estableció además que los trabajadores de planta permanente no serán afectados y que se excluye a las contrataciones “derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales” y al personal que “haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad”.
También se permitirá la renovación de aquel “que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento” de la misma, aunque “de manera restrictiva y de manera fundada que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”, expuso Infobae.
Ese relevamiento exhaustivo de los empleados “cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1 de enero de 2023, con el fin de evaluar” su continuidad “deberá fundar la decisión, demostrando la necesidad” de mantener a ese trabajador, cuyo vínculo laboral no podrá extenderse “por un periodo mayor a noventa (90) días corridos”.
Hoy también fue publicado el Decreto 77/2023, mediante el cual se prorroga la prohibición de contratar nuevos empleados en el Estado, que había establecido el año pasado Alberto Fernández. En esta oportunidad, el Gobierno de Milei dispuso prorrogar las vigencia del mencionado decreto hasta el 31 de marzo de 2024.
En julio de 2022, el Gobierno anterior había tomado la decisión mediante la cual “las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” no podían “efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”.