El Gobierno nacional quiere hacer pagar al Polo Obrero y al resto de las organizaciones sociales que participaron de la marcha del 20 de diciembre pasado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instruyó a las cuatro fuerzas federales que determinen los gastos del megaoperativo que se llevó a cabo durante la implementación por primera vez del protocolo de orden público.  

Esta mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni calculó que “la factura” asciende a los $60 millones y dijo que son unas 14 organizaciones sociales las que deberían pagar entre las que se incluye tanto a la Corriente Clasista y Combativa y al Movimiento Evita. Lo curioso es que las últimas dos agrupaciones -que a diferencia de la izquierda fueron aliadas del Frente de Todos- no participaron de la manifestación del miércoles. 

La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, a través de la resolución 949/2023, y establece que la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal a evaluar los costos de los operativos que “se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos” -dice el texto en sus fundamentos-, en alusión a la interrupción de corte de calle. 

"El operativo tuvo un costo importante y cuando se termine de cuantificar se le pasará la factura a las organizaciones que participaron, quienes se deberán hacer cargo del costo que a todos los argentinos nos salió lograr que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas", advirtió el funcionario. 

En su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, Adorni también indicó que el Gobierno realizó una denuncia judicial por los presuntos delitos de "extorsión" y "defraudación al Estado" contra las 14 organizaciones sociales. 

La denuncia -enfatizó Adorni- es en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales "se podrían relacionar directamente" con ese delito. 

Cálculo de costos del operativo de seguridad 

La resolución precisa que en la evaluación de los costos se deberá tener en cuenta "las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron, el combustible utilizado, los elementos consumidos en los operativos, y otros costos en los que hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo". 

En los considerandos, la resolución recuerda que el protocolo "tiene por finalidad dar un marco de actuación a la intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal y en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 

El protocolo prevé que se "podrá demandar judicialmente a las organizaciones" así como a "las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos". 
"Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables", dice la resolución.