La solicitud de Rossana Chahla de declarar la emergencia sanitaria en el municipio no será atendida en el corto plazo. De hecho, los concejales advierten que el tema merece un amplio debate en comisiones que quedará pendiente para el período parlamentario 2024. “Hay que estudiarlo en profundidad”, admitieron ante una ronda de consultas de LA GACETA.

La intendenta de San Miguel de Tucumán presentó la semana pasada ante el Concejo Deliberante un estudio de la situación ambiental y sanitaria del municipio que abarca cambio climático, espacios verdes, gestión de residuos y calidad del aire, entre otros.

Además de plantear que se declare dicha emergencia por el plazo de un año, el pedido contempla que se arbitren los medios institucionales necesarios para la correcta gestión de los residuos, que se reasignen partidas presupuestarias y que se efectúen -de ser necesario- contrataciones directas para atender las necesidades.

También propone que se cree una comisión especial con todos los bloques políticos del cuerpo legislativo municipal para el seguimiento del proyecto. Sin embargo, todo indica que la petición no será atendida en el corto plazo.

Sucede que el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante corre -por una excepcionalidad- hasta mañana; y vuelve a iniciar el 1 de marzo de 2024. En una sesión de noviembre, los ediles resolvieron extender el período que debía terminar el 30 de noviembre hasta esa fecha.

En un principio -cuentan los concejales- se habría considerado convocar a una última sesión mañana para tratar la cuestión, pero reconocieron que el tema implica generar un extenso marco de discusión. El proyecto pasaría primero por la comisión de Salud, para luego ser estudiada por Medio Ambiente y concluir su estudio en Peticiones y en Hacienda. Sólo podría ser tratado mediante una sesión extraordinaria en caso de que la intendenta la convoque en las próximas semanas.

Reparos

Además, la oposición del Concejo Deliberante mira con recelo uno de los puntos de la emergencia. “¿Por qué la solución que nos propone el municipio es esquivar los mecanismos de control y tener un cheque en blanco para contrataciones directas y cambios en las partidas presupuestarias?”, planteó José María Canelada (Unión Cívica Radical).

El edil sostuvo que no niega la crisis ambiental que padece la Capital, en donde hay tucumanos que viven en situaciones indignas y deplorables que afectan su salud, pero criticó que también el Gobierno provincial “suele utilizar estas normas de excepción para saltearse los mecanismos de control y transparencia”.

“Esta norma que hoy impulsa el municipio no parece ser la excepción; y esa nunca es una buena señal”, cuestionó Canelada. En cambio, el edil exige que se discuta el pliego mediante el cual se debe convocar a licitación para el servicio de recolección de residuos.

Ocurre que una de las principales dudas de los ediles opositores pasa porque dentro de esas contrataciones directas, entienden, la Intendenta podría contratar en forma directa el servicio más oneroso para la Municipalidad (unos $ 600 millones mensuales). El contrato con la empresa 9 de Julio venció en agosto y el entonces intendente Germán Alfaro dispuso una prórroga hasta el último día de febrero de 2024. En caso de que hasta ese momento no se haya adjudicado el servicio a una nueva empresa, cabe la posibilidad de otra prórroga.

“Queremos ser protagonistas del debate de las políticas ambientales. ¿Por qué el manejo eficiente de los residuos urbanos se va a tratar de manera excepcional producto de esta pretendida emergencia y no se siguen los canales previstos?”, insistió Canelada. El radical remarcó: “La solución debe ser integral, transparente y controlada por la ciudadanía”.

En tanto, el radical Federico Romano Norri planteó que “acompañar una emergencia es firmar un cheque en blanco para evadir controles” y que los concejales, como controladores de los actos de gobierno, deben estudiar debidamente la documentación presentada.

“En algunas cuestiones excepcionales uno puede acompañar; cuando fue el tema del coronavirus era lógico, natural y necesaria la declaración de emergencia”, ejemplificó.

Es por eso que analizó que debería llevarse adelante una reunión con la intendenta para que se conozcan los términos de ejecución de las políticas públicas y, en función de eso, analizar un posible acompañamiento.

“En los últimos 30 años en Argentina, esta herramienta se transformó en la regla y se renuevan los estados de emergencia un año, dos, tres… Entonces también deberíamos cambiar la legislación de fondo para que la emergencia sea supeditada ante cuestiones totalmente excepcionales”, aseveró Romano Norri.

“Escuela de Manzur”

También el alfarista Carlos Ale cuestionó el pedido de emergencia de Chahla. En primer lugar, criticó que la intendenta llevó la información primero a los medios, en lugar de esperar que los ediles analicen la solicitud.

“Ya arranca incumpliendo algo que había prometido antes de asumir; que todos sus proyectos e ideas las iba a tratar primero en el Concejo para que pueda trabajarse en conjunto”, opinó.

Por otro lado, se negó a aceptar el inciso que menciona la contratación directa como una herramienta para atender las necesidades ambientales. “El contrato de la basura es el contrato más grande que tiene el municipio, me parece que no va por contratación directa. Se tiene que hacer la licitación como corresponde”, consideró Ale.

Además, el concejal relacionó a la intendenta con el ex gobernador de Tucumán, Juan Manzur. “Rossana Chahla tendría que dejar de pensar en esos métodos oscuros y siniestros que vienen de la escuela de Juan Manzur, que se manejó en toda su gestión con esos métodos de compra directa”, acusó.

En cambio, planteó que es un tema que debe ser profundamente estudiado y tratado con responsabilidad. “Es responsabilidad total de la Provincia; salud y sanitarios son los que tienen que hacer una declaración. Y después, el municipio al ser auxiliar podría solamente adherir a eso”, manifestó el edil de Juntos por el Cambio (JxC).

En defensa

Del lado del oficialismo, la postura de los concejales es que cada punto de la emergencia será revisado por todos los bloques. “Hay siete bloques políticos en el Concejo Deliberante y cada uno tiene su mirada. Cuando ingresan los temas, pasan a comisiones que son integradas por todas las fuerzas”, explicó Ernesto Nagle.

El concejal consideró que además de estudiar punto por punto el documento, haría falta la presencia de un funcionario especializado que explique la situación y resuelva las dudas. Aún así, defendió a Chahla por los dichos de la oposición.

“Acompaño a la intendenta, que es una persona con tremenda ejecutividad. Y también resalto la institucionalidad del Concejo Deliberante por su tratamiento en comisiones; es importante remarcarlo”, sostuvo Nagle.

Gonzalo Carrillo Leito, que preside la comisión de Medio Ambiente, planteó: “Lo primero que hay que analizar es la declaración de emergencia ambiental; es el primer punto. ¿Hay urgencias? Por supuesto que las hay, pero hay que analizar en base a qué declaramos esta emergencia”.

Y siguió: “De ahí, obviamente se va a estudiar punto por punto el sistema y habrá debate. Se tiene que dar un tiempo de análisis”.