Dos mensajes, uno de la oposición y otro del oficialismo, sintetizaron en los últimos días la bipolaridad de la escena política argentina en estos momentos. Por un lado, por las posiciones irreconciliables que se radicalizan en uno y otro extremo del mismo plano de la actualidad. Por el otro, por lo que tanto unos como otros omiten puntualizar deliberadamente.
En uno de los polos se encuentra el mensaje de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. La semana pasada asumió formalmente en el cargo para el que fue reelecta y en su discurso le reclamó recursos a la Nación para sostener el gasto público. “Es necesaria la inversión del Estado en maestros, en policías, en mantenimiento de la ciudad, en limpieza. Espero tener acompañamiento del Gobierno nacional”, manifestó. Completó su idea a través de la red social “X” (Twitter): “No podemos omitir que esta asunción nos encuentra con un gobierno nacional que cree que el Estado no tiene que invertir para mejorar la vida de la comunidad, ni de nuestras ciudades, pero aún así esperamos tener el acompañamiento necesario para terminar obras que ya comenzamos”, afirmó.
Mendoza es, luego del desastre electoral que se abatió sobre el cuarto gobierno “K” en el balotaje, una de las más conspicuas referentes del kirchnerismo. No sólo por el vistoso tatuaje con el retrato de Néstor Kirchner que luce en su brazo izquierdo, sino porque en el acto con el que dio por iniciado su segundo mandato estuvo acompañada, justamente en ese flanco, por el reelecto diputado nacional Máximo Kirchner. Asistieron, además, los senadores Oscar Parrilli, Juliana Di Tullio y Mariano Recalde, reconocidas “espadas” de Cristina Fernández de Kirchner durante sus cuatro años como presidenta de la Cámara Alta. El contexto da cuenta que no sólo para la intendenta de Quilmes, sino para el kirchnerismo propiamente, el paradigma de un Estado que modera el gasto público cuando la coyuntura financiera lo demanda es, simplemente, impensable.
Ya se ha puntualizado cuál es la “cuenta” por pagar que deja la última fiesta populista. Para no reiterar los detalles, las cifras totales son 90.000 millones de dólares en los déficits generados por la gestión de Alberto Fernández, Cristina y el año y medio de Sergio Massa en el Ministerio de Economía (incluye los “rojos” del BCRA, del Tesoro Nacional y de YPF; y las deudas con importadores y empresas a las que se retuvo utilidades). Se suman a los 420.000 millones de dólares de deuda externa consolidada. Dentro de los cuales siguen, intactos, los 44.000 millones de dólares que obtuvo Cambiemos del FMI: el gobierno que acaba de terminar nada pagó, sino que todo refinanció. La resaca social, consecuencia de ese jolgorio, también es atrozmente conocida. La pobreza pasó del 35%, correspondiente al último semestre de la presidencia de Mauricio Macri, al 45% del final de fiesta kirchnerista.
La inflación sumó, hasta noviembre inclusive, 148%. Es de esperar que termine el año totalizando más del 170%. Inflación y pobreza son hermanas siamesas pegadas por la espalda. El vínculo que las liga es la emisión desenfrenada: la última experiencia “K” dejó 7 billones de pesos en la calle y 22 billones de pesos en pasivos remunerados (Leliq y “pases”). Todo ello, con el respaldo de un banco central que entregaron con reservas negativas por unos 17.000 millones de dólares.
Pero incluso delante de semejante desastre, el kirchnerismo asume que gobernar es emitir.
Claro está, ensaya al respecto su libreto de “relato”. “Esto no se trata de un gasto, sino de una inversión para los ciudadanos”, sostuvo Mendoza. En eso consiste el olvido kirchnerista: la Justicia ha demostrado que, en materia de obra pública, consumaron un latrocinio. “Una extraordinaria matriz de corrupción”, para usar las exactas palabras de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el alegato de la causa “Vialidad”, que sentó a Cristina en el banquillo de los acusados.
El expediente investigó el redireccionamiento de obra pública vial (rutas y caminos) destinada a Santa Cruz en favor de las constructoras vinculadas con el empresario Lázaro Báez. Todo ello en el período 2003-2015. De ese reducido universo de contrataciones, se auditaron 51 obras. Según los fiscales, el grupo Báez incumplió la casi totalidad de las obras que le adjudicaron. En 50 de los 51 trabajos que se le encargaron hubo redeterminaciones de precios. Como si no bastase, “24 obras de las 51 adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas”, especificaron.
“En 39 casos Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años. Y consiguió más de 1.500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal”, subrayaron los investigadores. El tribunal que juzgó a quien fue dos veces Presidenta de la Nación la condenó, en primera instancia, a seis años de prisión por el delito de “administración fraudulenta”. El perjuicio contra el Estado, sólo por las obras viales para una provincia, fue estimado en 1.000 millones de dólares. Resulta estremecedor intentar ensayar una proyección al resto de las provincias y por todo el vasto espectro de la obra pública.
No era gasto: era corrupción. Si se trató de inversión, no fue para los ciudadanos.
¿Quién paga el ajuste?
En el otro extremo se inscribe el mensaje que, también en “X”, posteó este fin de semana el presidente Javier Milei. Contiene un gráfico de barras de la consultora Ecolatina que da cuenta de que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en la primera mitad de diciembre, registró una suba del orden del 18,3%. Si anualizan este dato, la inflación está viajando al 7.500% anual… En mi barrio a eso le llaman hiperinflación”, escribió el mandatario en su cuenta oficial.
“Espero sepan comprender el esfuerzo extraordinario que estamos llevando a cabo para evitar una catástrofe en términos de pobreza e indigencia”, pide, al terminar el texto.
El inventario de la herencia kirchnerista, esbozado más arriba, ya es suficiente marco para comprender el marasmo argentino. A ello hay que sumar que, aunque la anotó en octavo lugar, la más resonantes de las medidas anunciadas y concretadas por el Ministerio de Economía a principios de la semana pasada fue la devaluación del peso argentino al 108%, que llevó el dólar oficial de los 400 pesos a los 820 pesos. Las naftas, regidas por esa cotización, siguieron la tendencia: hoy, los combustibles “Premium” de YPF, la petrolera nacional que tiene el 55% de las estaciones de servicio del país, se ubican, justamente, alrededor de los 800 pesos. El cimbronazo de la disparada de las naftas no entra dentro de los cálculos de Ecolatina.
De modo que el ajuste anunciado por Milei no sólo tiene un contexto que lo explica, sino también un discurso de campaña que lo precede. Ni el 30% de los electores que lo acompañaron en las PASO de agosto ni en la primera vuelta de octubre, como tampoco el casi 26% que se les sumó en el balotaje de noviembre, pueden decir que no esperaban las medidas restrictivas del gasto público. Por caso, el ícono de la campaña de La Libertad Avanza fue una motosierra.
Pero a la vez que el titular de la Casa Rosada machaca sobre lo que es sabido, olvida una cuestión largamente prometida: al ajuste, se cansó de repetir, lo iba a pagar “la casta”. Hasta ahora, lo que se ha anunciado no prefigura que esté siendo así.
“Espero sepan comprender el esfuerzo extraordinario que estamos llevando a cabo para evitar una catástrofe”, plantea la invocación presidencial. Sin embargo, las primeras medidas enumeradas por el Gobierno exponen que al “esfuerzo extraordinario” lo van soportar los ciudadanos de a pie. Las medidas no anunciadas, como la restitución del Impuesto a las Ganancias y la eliminación del beneficio de la movilidad para los jubilados, ratifican esa certeza.
El kirchnerismo, justamente, ha subrayado impiadosamente esa cuestión. Claro está, no acumulan mucha autoridad moral para cuestionar a ningún gobierno que recién comienza, pero con independencia de quiénes lo dicen, lo cierto es que los contribuyentes sí tienen conciencia de ello. Tal vez no todos registraron el cambio sutil, pero inmenso, del discurso de Milei. En campaña sostenía que el peso de las medidas recaería sobre “la casta política”. Camino al balotaje, comenzó a hablar de “el gasto público”, que inmensamente mayor que “el gasto político”. El 10 de diciembre, en su discurso inaugural, dijo que al ajuste lo iba a pagar “el Estado”. Ahora bien, lo que sí comprenden claramente los ciudadanos es que les toca ajustarse a ellos, pero no a los poderosos.
No menos cierto es que los libertarios llevan apenas una semana en el poder. Habrá que ver cuáles son las novedades de los próximos días. Por lo pronto, ya tomaron nota de que “la casta” no está preocupada por el costo del pan dulce. Por eso la semana cerró con el anuncio de la venta de dos aviones de YPF, uno de los cuales estaba destinado a los viajes de Cristina, como Vicepresidenta de la Nación, a Río Gallegos o a El Calafate. Se contabilizan poco más de 160 en los últimos cuatro años. Prácticamente, uno por cada semana de la gestión que acaba de concluir.
El 56% de los que votaron por La Libertad Avanza espera muchos más hechos de esa naturaleza. Es cierto que se redujo el número de ministerios y de secretarías, pero nada se dice aún de gestos como la reducción de otros gastos y de los ingresos de los funcionarios, que suele comenzar con un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, en el que se invita al Congreso y a la Justicia a plegarse.
Dio en el clavo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuando postuló a comienzos de la semana pasada (otra vez en la red social “X”) que el tiempo de los privilegios de la clase política había terminado. Fue una pena, sin embargo, que equivocara garrafalmente el motivo de su posteo: había anunciado la derogación del decreto de Alberto Fernández que, en su último día de gestión, ordenó que los gastos de custodia para todos los ex Presidentes de la Nación debe correr por parte del Estado, ya sea que residan en el país o en el extranjero. La derogación no se publicó en el Boletín Oficial y la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio tuvo que borrar su publicación.
También se sabe que el “gasto político” en la Argentina no es significativo en términos del PBI. Pero el Gobierno ha dicho que todo ahorro es indispensable cuando tuvo que justificar que no renovará contratos de empleados públicos y que avanzará sobre salarios y sobre jubilaciones. A ello se suma que, según el refrán, la ley, para no resultar rigorosa, tiene que ser pareja.
El 44% de los votaron contra Milei también están esperando qué hace el Gobierno al respecto.