Por Marta Casares
Arquitecta-Urbanista
Celebrar 40 años de estabilidad democrática argentina con la mirada puesta en los desafíos futuros implica poner en agenda las ciudades, como ámbitos de vida colectiva y de realización de derechos humanos consagrados en tratados internacionales.
En estos años del renacer democrático la población urbana pasó de 82,3% en los registros de 1980 al 92% en 2022. Ese dato posiciona al país muy por encima de la media mundial (54%), de la media de Europa (75%) y de Estados Unidos (82,2%) y aun de Latinoamérica (83%), reconocido como el continente mas urbanizado del planeta (Cepal, 2017). En Tucumán se estima que más del 70 % de los 1.703.186 habitantes (Indec, 2022) vive en el ámbito del aglomerado metropolitano.
En territorios marcados por desigualdades, las ciudades de Argentina comparten desafíos comunes: extensas áreas con limitados acceso a bienes, servicios públicos e infraestructuras, problemas de movilidad y conectividad que constituyen limitaciones estructurales para la población y dificultades para la gestión y la implantación de políticas públicas acordes a metas globales, vinculadas al manejo del ambiente, en escenarios acuciantes de cambio climático como desafío global.
En este rumbo urbano y de desequilibrios territoriales, ¿cuáles fueron los hitos de políticas públicas de estas cuatro décadas?
Es preciso rescatar, en el amanecer de este periodo de continuidad democrática, la iniciativa de “crecer hacia el sur, hacia el mar, hacia el frío” del gobierno de Raúl Alfonsín. Si bien en el largo plazo se activaron estrategias de desarrollo hacia la Patagonia, el proyecto de federalismo que propiciaba la propuesta nunca llegó a concretarse.
En el siglo XXI, entre 2007 y hasta promediar la segunda década, el Programa Argentina Urbana (PAU) abordó las tendencias de urbanización y el intento de tratamiento de una ley nacional sobre ordenación del territorio, con vistas a lograr un desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente equitativo, a través de la regulación del suelo como recurso natural -no renovable- y como recurso económico y social. El principal desafío que tiene el ordenamiento territorial es mejorar la calidad de vida de la población y la integración social en el territorio, con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales.
Las ciudades configuran el ámbito de gobierno más cercano a las demandas de la ciudadanía, son el entorno de realización de los derechos humanos, en el que se reflejan y reproducen las desigualdades: de género, de clase, origen étnico, edad, nacionalidad, orientación sexual, y su interseccionalidad.
En estos 40 años de gobierno democráticos, en los que Argentina destaca por los avances logrados en políticas de derechos humanos, consagrados como política de estado, las cuestiones de la gestión urbana como ámbito de realización de derechos y el derecho a la ciudad son aun la agenda pendiente.