Durante el período de manifestaciones generales, los ediles de San Miguel de Tucumán mencionaron la polémica tras la baja de empleados de la Municipalidad que habían sido incorporados durante el último tramo de la gestión del ex intendente Germán Alfaro.

La alfarista Ana González (Juntos por el Cambio) habló del decreto dispuesto por la encargada del ejecutivo municipal, Rossana Chahla, y dijo que a partir de ello “se produjo una represión hacia los trabajadores”.

“La intendenta se refugió en un cómodo argumento de golpe institucional, pero estuvo muy lejos de serlo. Estamos viviendo en democracia; es un reclamo de legítimo derecho que tienen los trabajadores”, defendió.

Además, mencionó la “falta de empatía, sensibilidad y respeto” hacia su persona. González aseguró que el día de la manifestación que se realizó fuera del Palacio municipal, la concejal se acercó para pedir información acerca de lo que estaba ocurriendo y le “negaron el ingreso”.

“Autoridades de ahí me negaron conocer cuál era la situación de esta mujer que había sido golpeada. La intendenta no sabía lo que sucedía ya que se encontraba encerrada en su despacho, pero puedo hacerles ver cómo fue que maltrataron a esta mujer. No sabía que la municipalidad era un centro de detención”, desarrolló, mientras mostraba una imagen impresa del acto al que hizo alusión.

Asimismo, pidió a Chahla que “se termine la persecución y se dedique a la gestión”, ya que aseguró que hay direcciones municipales “que todavía no están funcionando”. “Me pregunto por qué será que todavía no puede poner en funcionamiento una parte del municipio”, dijo.

González criticó que “tienen $37 millones de gasto en publicidad y eso se ajusta a los trabajadores municipales. Además, tiene un gasto de $7 millones de alquiler de inmueble de una casa ubicada en Crisóstomo Álvarez 229, donde todavía no figura ninguna repartición”.

Había dos mujeres que aguardaban el discurso de la edil para levantarse y ser vistas. Se trata de Paula Vega y de Paola Carranza que, según González, “son empleadas que prestan servicios en el centro de contención y en el parque 9 de Julio, con antigüedad de cinco y tres años y tienen familia, hijos, esposo y servicio de salud y educación que hay que pagar”.

En tanto, Carlos Ale (Juntos por el Cambio) se unió al repudio por la “represión” hacia los ex empleados de la Municipalidad y resaltó que: “No es una buena imagen para la intendenta que arranque una gestión de esa manera, corriendo gente y haciendo ajuste con los empleados. Hay que buscar el diálogo, que en la política se tiene que llevar siempre”.

Además, acusó a Chahla de llevar un “estilo autoritario” de gobierno, que “se transmite en la persecución y hostigamiento de los empleados”. “Dice con mucho asombro que quiere hacer un golpe institucional y que brega por la paz social, pero ella misma lo altera. Habla de ser justa y con su despotismo sólo demuestra que carece de virtud”, planteó Ale.

Agregó: “Hágase cargo de las pésimas decisiones que está tomando y no deje gente en la calle. Ocúpese de cumplir las promesas de campaña, que se le están acabando los 180 días”.

A su turno, Gonzalo Carrillo Leito (Unión por la Patria) se mostró “sorprendido en cuanto a la cantidad de información” lanzada por los ediles opositores. “Los que ya venimos de la gestión anterior seguimos esperando los pedidos de informe que le hicimos en su momento al ex intendente. Aquí hay muchísima información, en teoría, y la verdad me sorprende muchísimo”, lanzó.

El edil oficialista criticó la administración municipal de Alfaro y dijo que dejó “un municipio totalmente detonado”. “Esta gestión lleva un mes y tiene muchísimas cosas que resolver por la falta de gestión. Hablan de la publicidad y la propaganda, pero ¿por qué no informan cuánto era lo que destinaba la gestión anterior a eso? Hagamos un comparativo”, apuntó Carrillo Leito.

Asimismo, dijo: “Me da pena que a algunos de nuestros compañeros concejales les escriban el discurso y les digan lo que tienen que decir, porque obviamente hay un mandato. Por nuestra parte, defenderemos la institucionalidad y esperemos que esto se resuelva pronto”.

Facundo Vargas Aignasse, edil peronista, manifestó que “se respete la institucionalidad y que (la oposición) entienda que las elecciones se ganan y se pierden. Invito a quienes están detrás, con cargos institucionales, paren un poco que hoy la sociedad está esperando otra cosa”.

En tanto, José María Franco (UP) se sumó a las críticas de la gestión de Alfaro y señaló: “Se le está riendo a la sociedad toda, incumpliendo todas las normativas. Dijo que iba a tener menos de 4.900 empleados ¿y cómo terminamos el año? Con 6.700 empleados en planta”.

Carlos Arnedo (JxC) también se mostró en contra de “la agresión, la violencia y la represión”. En cambio, se presentó “a favor del estado de derecho, de los trabajadores que trabajan, del reclamo en tiempo y forma”.

Y sostuvo: “Tenemos que bregar por la unidad en el marco de las decisiones que necesitan los trabajadores. Jamás estaré de acuerdo en que pasen de nuevo por lo que ya pasaron. Tenemos que tener apego a la legalidad y reclamar el derecho de protesta”.

Por su parte, el oficialista Ernesto Nagle remarcó su apoyo a la intendenta Chahla y dijo: “Tenemos que tener consenso, diálogo, y buscar que las cuestiones se vayan resolviendo. Hay que mirar para adelante y buscar entre nosotros el inicio de una gestión de trabajo en cuestiones estructurales”.