La Policía de Tucumán la semana pasada celebró su aniversario número 202. Se institucionalizó tan sólo cinco años después de la independencia del país en 1816. Desde entonces fue testigo de múltiples procesos y cambios sociales, incluidos los gobiernos de facto que marcaron un antes y después en la historia argentina y que modificaron las instituciones que regían como pilares de la nación.
Cuarenta años después de la vuelta a la democracia, a pesar de los tratamientos y modernizaciones internas, pareciera ser que aún quedan vestigios de un orden predemocrático dentro de la fuerza policial. La vigencia de la Ley de Contravenciones Policiales, modificada por última vez durante la dictadura, y de la Ley Orgánica de la Policía, que data de 1972, son prueba de ello. Miembros de la Plana Mayor, especialistas y ex legisladores de la provincia consideran necesario su tratamiento y modificación.
La Ley de Contravenciones Policiales (5.140) fue creada en 1899, promulgada en 1901 y modificada por última vez en 1982. En 2010, mediante un polémico fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la norma por considerar que “lesionó la inviolabilidad de la defensa en juicio y el derecho a la libertad, reconocidos en el artículo 18 de la Constitución nacional y en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Sin embargo, la Policía sigue aplicando esta norma en casos particulares.
“Se sigue usando la Ley de Contravenciones porque desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se informó que el fallo esté vigente”, le explicó a LA GACETA el actual Jefe de Policía, Joaquín Girveau. El comisario reconoce que actualmente las normas que rigen y amparan el accionar de los miembros de la fuerza provienen de la época del proceso militar, y admite que es necesario revisarlas. “Nuestro reglamento tiene muchos años, y eso sí amerita un estudio profundo para contemplar varios aspectos en base a las vivencias que tenemos en la actualidad. Necesitamos ver un nuevo Código de Convivencia que se adecue a la sociedad actual. Durante varios años se presentaron distintos proyectos a las autoridades para modificar estas leyes que son antiguas pero nunca se concretó; es una materia pendiente de la Policía”, manifestó.
Una de las principales inconsistencias que tiene la Ley 5.140 es la facultad que le otorga al Jefe de Policía de poder privar de la libertad y emitir una sentencia sobre cuántos días de arresto le corresponden al contraventor o en todo caso abonar una multa, sin la posibilidad de afrontar un juicio. “Lo fundamental es sacar al Jefe de Policía de su lugar como juez de faltas y crear Juzgados Contravencionales que se adapten a nuestro Código Procesal Penal y a las normas que tenemos”, opinó Manuel Bernachi, quien se desempeñó como Jefe de Policía desde febrero de 2019 hasta febrero de 2022.
Proyectos propuestos
Durante los últimos 10 años, se presentaron múltiples proyectos para aprobar un nuevo Código de Convivencia que reemplace la Ley 5.140, pero ninguno fue tratado a profundidad. Este año, en la Legislatura había cuatro proyectos de ley vigentes presentados por representantes de diferentes partidos políticos: Roberto Osiris Chustek, representante del oficialismo provincial; Javier Morof (FdT), la macrista Nadima Pecci, José Ricardo Ascárate (UCR) y José María Canelada fueron los autores de esta iniciativa.
“La Ley 5.140 es actualmente una herramienta de control social y cultural, donde el jefe de Policía absorbe el rol de juez, pudiendo realizar arrestos ilegales que justifica mediante un sumario sin posibilidad alguna de defensa y sin intervención jurisdiccional. El presente código tiene por objeto, preservar nuestras libertades afectadas por notorios abusos de autoridad y evitar que se continúe afectando la división de poderes”, fundamentó Canelada en su propuesta.
El radical le contó a LA GACETA que presentó el proyecto de Código de Convivencia desde su asunción en 2015 y como perdía estado parlamentario, por la falta de tratamiento, junto a su equipo lo actualizaban y volvían a presentarlo. “El nuevo código debe ser el resultado de un debate profundo, de puertas abiertas, donde sean convocados especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales, entre otros.”, explicó.
“Hay un problema grave en todo lo relacionado a las leyes de seguridad. Hay restos de autoritarismo, vestigios de la dictadura que se mantuvieron casi hasta el presente”, expresó Ascárate. Para el ex legislador, todavía no se dio un tratamiento adecuado a los proyectos presentados porque “en Tucumán todavía hay un reflejo de lo que fue un período muy largo y oscuro. Nuestra sociedad tiene una mentalidad que admite este tipo de cultura y para la cual está bien vista que un patrullero te detenga cuando en realidad la detención de una persona no puede realizarse nunca sin existir una causa previa o una orden emitida por una autoridad competente”, apuntó. (Producción Periodística: Micaela Pinna Otero)
Girveau en 2013 era jefe de la División Motorizada y sufrió la toma de vehículos. En diálogo con LA GACETA afirmó: “El reclamo salarial en ningún sector es un reclamo injusto, lo malo es la forma en la que lo hicieron en 2013”. (Producción Periodística: Micaela Pinna Otero)