“Solo estamos pidiendo una formulación de cargos, que es lo que corresponde, para que podamos llegar a un juicio. Estamos clamando eso desde hace más de un año. No había motivo para que este asesino abriera fuego, mi hijo no era un delincuente”, enfatizó en la audiencia Zulma González, la madre de Gonzalo Sebastián González, quien fue ultimado por un policía en agosto de 2022 durante circunstancias que fueron muy discutidas por las partes.

En el debate, el auxiliar fiscal Guillermo di Lella, siguiendo las intrucciones del fiscal de Homicidios II, Carlos Sale, solicitó el sobreseimiento del efectivo de Infantería Juan Marcelo Pérez por considerar que no había evidencias para sostener que el policía había actuado de otra manera que legítima defensa.

Los querellantes Patricio Char y Agustina Recalde discreparon con esa versión y sostuvieron que el ministerio Público Fiscal (MPF) “no muestra voluntad de imputar al acusado y avanzar con el proceso”. Plantearon que Pérez estaría siendo protegido por su rol de policía. El juez Guido Cattáneo finalmente rechazó esa premisa, pero sí dio lugar al deseo de los querellantes de rechazar el sobreseimiento e instar al fiscal regional a que profundice la investigación del caso.    

Estadísticas

En lo que va del año, según los datos confeccionados por LA GACETA, se registraron al menos 26 homicidios en situación de robo. En 13 presuntos ladrones murieron a manos de sus víctimas. Y por otra parte fueron 11 los tucumanos asesinados cuando fueron asaltados. Además hubo dos casos en los que una persona murió por quedar ocasionalmente en medio del fuego cruzado entre delincuentes y víctimas. En este último tópico, el crimen de Lucas Delgado fue el más conocido; el joven falleció tras recibir un disparo en el pecho cuando hacía ejercicio en la avenida América y Perú; fue ultimado por el policía Facundo Lencina, que acababa de ser asaltado y realizó 12 disparos; así mató a los dos asaltantes y al transeúnte. El oficial fue imputado por homicidio culposo agravado por la muerte de Delgado y por exceso en la defensa por las muertes de quienes le habían robado.

Este último caso fue uno de los que utilizó la querella para sostener que el MPF habría adoptado una política en favor de los policías.  

Confuso hecho

Di Lella presentó el caso de la siguiente manera: el 12 de agosto de 2022 a la 0.40 en Coronel Zelaya y pasaje Vera y Aragón, en circunstancias que no se pudieron determinar, el agente de Infantería Pérez se dirigía en su moto a cumplir una consigna en el barrio Francisco I por una causa de violencia de género. Al cruzar esa esquina, fue alertado por un vecino sobre un robo que estaba ocurriendo a pocos metros. Pérez observó a dos sujetos armados que apuntaban a otros dos jóvenes. El efectivo tomó intervención y dio el grito de “¡alto policía!”.

Según la investigación fiscal, uno de los asaltantes disparó contra el efectivo, que sacó su arma reglamentaria y respondió el fuego, hiriendo a uno de los agresores en el pecho y en una pierna. El herido, que fue identificado como Gonzalo Sebastián González, falleció minutos después por una lesión en el tórax y en la región lumbar.

Di Lella argumentó que como pruebas, el comerciante había sostenido esta versión y que además las víctimas del intento de robo, Francisco Aguirre (22 años) y Facundo Chávez (20 años), declararon y reconocieron que González los estaba amenazando con un arma. También habría amenazado con esa pistola a un taxista que intentó intervenir antes de la llegada del policía. Otro elemento de prueba fue que las pericias determinaron que tanto González como Pérez tenían restos de pólvora en una mano.

El defensor, Guillermo Villalba, se adhirió a la Fiscalía. Ambas partes recordaron que el caso comenzó a ser investigado por el fiscal Ignacio López Bustos, de Homicidios I, quien había pedido el desistimiento de la causa por falta de pruebas de que el efectivo haya cometido un delito. La querella se opuso en ese momento y luego de varios pasos procesales la causa recaló en la otra fiscalía especializada en homicidios.

“No hay voluntad”

“El juez Alejandro Valeros sugirió en su momento que fuéramos a un juicio oral, pero acá no hay voluntad del MPF para hacer eso, porque vienen siguiendo una política en protección a la Policía. Sino no hay explicación a que los policías tengan vía libre para matar y que no se les formulen cargos”, planteó Char.

El querellante sostuvo que Aguirre y Chávez nunca acusaron un robo, sí reconocieron que estaban discutiendo y que González tenía un arma, pero, planteó, “la víctima nunca apuntó contra el efectivo ni le gatilló”. También discutió que la prueba de la pólvora en la mano podía deberse a otros motivos porque la cantidad no habría sido significativa.

“El MPF no nos permite llegar a un juicio, en el que la querella tiene potestad para pedir una condena, no quieren exponer al policía a eso, quieren blindarlo, como hicieron con el policía de la avenida América, al que lo acusaron de homicidio culposo cuando en realidad realizó 14 disparos y ejecutó por la espalda a dos asaltantes, pero también a un transeúnte”, añadió Char, que pidió rechazar el sobreseimiento y avanzar hacia un debate oral.

Resolución

El juez Cattáneo descartó el reclamo de la querella hacia el MPF, pero les dio la razón en cuanto a la necesidad de llevar el caso a juicio oral. “Entiendo que no existe una intención o política que busque encubrir a la Policía, o que vaya en contra de las víctimas. No hay otra intención que la de buscar justicia con las pruebas que se tiene. De todas maneras, adelanto que no haré lugar al sobreseimiento porque entiendo que hay severas diferencias entre los análisis que hacen las partes sobre las pruebas. Por eso considero que es necesario llevar esta causa a la etapa de debate oral”, argumentó.