“Pensábamos que con los monitoreos que venían realizando desde hace varios las dos provincias no ocurrirían más casos como este. Pero, lamentablemente, la historia se repitió”, aseguró el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, que logró que se realizaran operativos en 10 ingenios de la provincia. Tomó esta decisión porque sumó indicios para sospechar que la mortandad de los peces registrada semanas atrás fue provocada por contaminación y no por una cuestión natural, que es la teoría que manejan las autoridades tucumanas desde un primer momento.

Entre el 9 y el 10 de noviembre, pescadores descubrieron que miles de peces agonizaban en la bahía de Los Britos, al este de la provincia. Filmaron millares de peces sin vida que eran arrastrados por el agua y que luego quedaban encallados en la costa de El Frontal.

En un primer momento las autoridades tucumanas descartaron que la mortandad se haya registrado por el derrame de desechos de las industrias tucumanas a la cuenca del río Salí y sostuvieron que se había tratado de una cuestión natural consecuencia del cambio climático.

Los funcionarios santiagueños, al enterarse de la situación, decidieron realizar una investigación por cuenta propia  y entendieron que había sido un desastre natural originado por contaminación. En Termas de Río Hondo, el intendente Jorge Múkdise logró reunir a centenares de personas para salvar al lago.

En la Justicia

La Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo de la vecina provincia denunciaron el caso en la Justicia Federal de esas tierras. En Tucumán, el fiscal Gustavo Gómez también pidió a su par Agustín Chit que iniciara un expediente a raíz de publicaciones periodísticas. Lo más probable es que las causas terminen acumulándose.

El fiscal Simón ordenó a Gendarmería que tomara una serie de muestras y analizara los pescados. Luego de haber tenido un adelanto de los resultados de la pericia, decidió profundizar la pesquisa. Para ello que el juez federal Guillermo Molinari dispuso que se realizaran medidas judiciales en los ingenios Bella Vista, Famaillá, Santa Bárbara, Marapa, La Corona, Santa Rosa, Concepción, Florida, Leales, San Juan y Trinidad.

La “inspección” como la llaman los industriales azucareros fue realizada por personal de Gendarmería. Los efectivos, según informó el diario “El Liberal”, extrajeron muestras en los sectores donde se desarrolla el proceso final de la producción. También secuestraron documentación relativa al uso de agroquímicos y cualquier tipo de sustancia contaminante. Además, registraron los medios de transporte que tenga capacidad para cargar desechos industriales. “Se tuvo en cuenta los casos en los que cargaban la vinaza y la arrojaban a las aguas de los arroyos que terminan en el Salí. Esa era una práctica muy conocida una década atrás”, explicó una fuente judicial.

El pedido de la fiscalía, se argumentó en que efectivos de Gendarmería que realizaron tomas de muestras (de agua y de los peces muertos) a los pocos días del descubrimiento del desastre ecológico, hallaron indicios de que los “seres vivos que habitan en la misma habrían sido altamente contaminados”. (Se informa por separado)

Resultados

“Conseguimos la información que estábamos buscando. Ahora tenemos que esperar los resultados para poder definir los pasos a seguir”, explicó Simón en una entrevista telefónica con LA GACETA. El funcionario judicial añadió que también están a la espera de otros estudios que se ordenaron realizar.

Juan Carlos Mirande, presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán, aclaró que la justicia no sospecha de los ingenios de la provincia. “Inició el proceso normal a una denuncia realizada por un particular, en este caso, la Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo. Están investigando”, sostuvo. “Se presentaron en las plantas y tomaron muestras de agua. Algunos hicieron contrapruebas, pero todos colaboraron para que realizaran la tarea encomendada”, finalizó.

“Las inspecciones que se hicieron están bien y fueron en el marco de una denuncia realizada en Santiago del Estero.  Sacaron muestras que serán analizadas. Las plantas de nuestra empresa  no contaminan y no tuvimos problemas para que las autoridades desarrollen la tarea. Cumplimos con todas las normas y no tenemos problemas para que hagan las inspecciones”, sostuvo Jorge Rocchia Ferro, que además es el titular de la Unión Industrial de Tucumán.

Vieja disputa

La contaminación de la cuenca Salí-Dulce fue uno de los litigios que enfrentó durante años a las autoridades tucumanas y santiagueñas. En 2011, en un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró de “interés supremo” esta cuestión y obligó a que funcionarios e industriales se sentaran a buscar una solución al problema para salvar el medio ambiente.

Entre todas las partes llegaron a un acuerdo. Los industriales tucumanos se comprometieron a realizar numerosos cambios para evitar la contaminación. Los santiagueños serían los responsables de realizar los controles.