El avance del narcotráfico en el NOA quedó reflejado en una producción periodística que publicó LA GACETA en los últimos días. En esos informes daba cuenta cómo y cuáles eran las rutas de la droga a nivel regional. También reflejaba cómo los narcos se habían apoderado del cielo por los vuelos de aviones de pequeño porte con drogas y transformaron pueblos rurales de Salta, Tucumán y Santiago del Estero para poder acopiar y trasladar las sustancias que traficaban.

Con todos esos datos que quedaron al descubierto, pareciera que la batalla está perdida. No obstante, especialistas, investigadores y funcionarios judiciales sostienen que hay herramientas para modificar el rumbo de la historia.

1- Decisión política

Lo primero y más importante es definir si hay una decisión política para combatir esta actividad ilícita. En los últimos 40 años, todos los presidentes tomaron alguna medida, pero está a las claras que fueron insuficientes por tres razones: la mayoría de las acciones las hicieron sin haber realizado un diagnóstico para conocer la dimensión del problema; no supieron mantener iniciativas, cómo fueron los tres operativos diferentes de control aéreo y quedó la sensación de que sólo fue para la foto; reaccionaron tarde aplicando planes que no garantizan el éxito; finalmente pusieron la atención en la localidad salteña de Orán (es una de las puertas de ingreso más importantes de cocaína) hace menos de dos semanas fue incluida en el programa Ciudades Seguras, el mismo que tiene Rosario desde hace varios años.

El presidente electo Javier Milei no deja de afirmar que después de la economía, la seguridad será el segundo pilar de su gestión. Le propuso el cargo de ministra a Patricia Bullrich, una especialista en la materia porque ocupó ese cargo durante la gestión de Mauricio Macri. Tuvo muchos aciertos, pero también errores. Nadie puede negar que cuando estaba al frente de la cartera hubo secuestros récords de droga, pero nunca reconoció que esos incrementos no eran por mayor efectividad en los controles, sino porque el narcotráfico no paraba de crecer. En la lista del debe también aparece que “Pato”, como la llama el libertario, convenció a las provincias para que lucharan contra el narcomenudeo a cambio de fondos que nunca llegaron.

2- Recursos

El fiscal federal de Salta Carlos Amad sabe muy bien lo que sucede diariamente en la frontera. Considera que antes de pensar en sumar a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, es preferible tomar otras medidas con las que se podría equilibrar la pelea contra los traficantes. Cree que Gendarmería Nacional necesita un tsunami de recursos para potencializar su trabajo. Recuperar los uniformados que fueron afectados a tareas de prevención en la provincia de Buenos Aires y en Rosario y equiparlas correctamente. Por ejemplo, reparar los dos helicópteros que están fuera de servicio y que son fundamentales para el patrullaje de la frontera.

El funcionario sueña con la utilización de dos herramientas tecnológicas. Una de ellas es la instalación de radares fijos en puestos claves para analizar lo que llevan autos, camiones y ómnibus. Por ejemplo, en Tucumán la mayor cantidad de hallazgos de droga (71 kilos de cocaína y 120 de marihuana) se registró en Molle Yaco por la intervención de canes o de la experiencia de gendarmes en controles esporádicos y no permanentes. La otra, colocar radares para detectar vuelos narcos que trasladan grandes cantidades de cocaína.

3- Cambios

Todos los funcionarios judiciales desde hace meses vienen reclamando la aplicación del nuevo código procesal penal de la Nación que ya está en marcha en Salta y en Jujuy. Es una herramienta clave para acelerar el tratamiento de una causa por droga. Este digesto permite a los fiscales independencia total para realizar una investigación. En las provincias donde ya está en vigencia, en seis meses se cierra un expediente y en otros lados (como Tucumán) no menos de dos años. Para ponerlo en marcha se necesitará una fuerte inversión para poder dotar de recursos humanos y tecnológicos a una Justicia Federal que, en nuestra provincia, está atada con alambres.

4- ¿Legalización?

Los grises legales nunca son buenos. Desde que se creó el Registro del Programa de Cannabis, en nuestro país es legal cultivar marihuana con fines medicinales y también lo pueden hacer personas a nombre de terceros. Cada inscripto está autorizado a tener hasta nueve plantas florecidas y, con sólo exhibir la credencial que le otorga la Nación tienen la posibilidad de transportar hasta 40 gramos de flores. El problema es que muchos se aprovecharon de esta norma para vender en el mercado cannabis de alta calidad, pese a que está prohibida su comercialización. Ahora bien: el control del programa está a cargo de las autoridades del Ministerio de Salud. Lo hace a través de varios programas diseñados para cumplir con este fin.

La gran pregunta es determinar qué sucederá con estos sistemas teniendo en cuenta que desaparecerá el Ministerio de Salud (pasará a formar parte de Capital Humano) y varias de sus estructuras. Los militantes de los derechos cannábicos, muchos de ellos libertarios, sostienen que comenzará a abrirse la puerta de la legalización total.

5- Cooperación

El panorama es complicado para Tucumán. Por su posición geográfica es un lugar de paso obligado de la droga que se trafica. “Si pasa, algo queda”, reconoció un investigador. El gobernador Osvaldo Jaldo ordenó reforzar los controles y trabajar de manera conjunta con la Nación. Sabe que esta lucha es en equipo o se seguirá perdiendo la batalla. Dos intendencias se sumaron. Las Talitas, que ya le había abierto las puertas a la Policía Federal, donará un terreno para que allí funcione un centro de adiestramiento de perros antinarcóticos. Trancas entregará una vivienda para que sea la base de la división de Drogas Peligrosas que se encargará de realizar controles, iniciativa que esperan replicar en otros puntos de la provincia.

En estas tierras prenden velas para que Bullrich acepte ser la ministra de Seguridad. Siempre tuvo una buena relación con los tucumanos. Eligió la provincia como sede de la Agencia Regional de la Policía Federal, agrandó la División Antidrogas de la fuerza y aceleró el desembarco de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La provincia, con Regino Amado a la cabeza, le cedió un predio a Gendarmería Nacional en Capitán Cáceres y firmó todo para que la PSA tenga su sede. Hay, por lo menos, una buena posibilidad para comenzar a concretar el cambio.