“El que labura, cobra; el que no lo hace, que se quede en la casa”. La regla es general y debe ser aplicada en todos los ministerios del Poder Ejecutivo. El “ahorro” de unos $ 219.00 millones entre el proyecto de Presupuesto 2024, que el 27 de octubre envió a la Legislatura el ex gobernador Juan Manzur, y la iniciativa que el actual mandatario, Osvaldo Jaldo, giró ahora se explica en el recorte del organigrama y en la eliminación de designaciones políticas.

El gasto en Personal sigue siendo elevado en el Presupuesto. El cálculo del actual gobierno es que en salarios el año que viene se destinará el 51,5% del total de erogaciones para cubrir las remuneraciones de alrededor de 105.000 agentes públicos. Un dato adicional: de un año a otro el gasto en Personal pasará de los $ 370.000 millones (presupuesto original de este 2023) a los 829.600 millones pautados para el ejercicio 2024. Una suba del 124%.

Antes de conocerse las medidas de austeridad, en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), donde se computa la totalidad de empleados públicos por los que se hacen los aportes legales, la dotación de personal ascendía a los 117.000 casos. La reducción es tan notoria como preliminar.

Jaldo enumeró las acciones que tienden a la austeridad de su administración y que fueron coincidentes con la elección del libertario Javier Milei como presidente de la Nación a partir del 10 de diciembre. Esas medidas estaban en carpetas antes del 29 de octubre, cuando el gobernador comenzó a diseñar el mecanismo para que la Provincia prescinda del uso del giro por descubierto en el Banco Macro, agente financiero de la Provincia. No se adoptaron antes por el efecto negativo que esas decisiones podrían haber tenido en los comicios del domingo pasado. De todas maneras, están en líneas con la nueva política libertaria.

La eliminación de la UNREL ha causado conmoción en el mundo político. Creada como una acción pospandemia, en 2021 por el entonces gobernador Manzur, la Unidad de Reconversión Laboral (UNREL) otorgaba contratos laborales –lo que lo diferenciaba de un plan social- a aquellas personas que habían cambiado su situación por efecto de aquella pandemia de Covid. 

De todas maneras, la dirigencia consideraba como una forma de incorporar empleados políticos. En principio, la medida de austeridad afecta a unos 7.500 casos que cesarán en sus funciones a partir del 30 de este mes. Sin embargo, el propio Jaldo ha dicho que se analizará caso por caso. Por ejemplo, las cocineras de comedores comunitarios y escolares continuarán en sus funciones, al igual que algunos empleados que actualmente revisten tareas de mantenimiento en varios organismos públicos.

La reestructuración del organigrama ha significado la desaparición de 40 áreas oficiales. Se trata de 10 secretarías, 21 subsecretarías y nueve direcciones de la administración centralizada. Según pudo establecer LA GACETA, el recorte también golpeó con fuerza a la dotación de asesores de Gabinete. De los 232 funcionarios de esta característica que había durante la gestión anterior, sólo fueron renovados 50 casos.

Esta situación se vio reflejada en el proyecto de Presupuesto 2024. Por primera vez en dos décadas, la dotación de cargos de personal de planta permanente registró un descenso: de los 99.934 puestos enunciados en el ejercicio vigente a 98.551 establecidos en la iniciativa que fue girada a la Legislatura. Esto implica 1.383 cargos menos para el año que viene.

La anulación de las designaciones efectuados en los 60 días previos al 29 de octubre, día del recambio institucional, implicaría la caída de entre 300 a 500 contratos, según los cálculos de la Casa de Gobierno. En los próximos días se conocerán más detalles. Por esa razón, Jaldo no lo precisó en la conferencia de prensa. “Esas designaciones que hizo el gobierno que finalizó el mandato dentro de los ultimo 60 días automáticamente se caen, tengan las condiciones que tengan”, dijo el titular del Poder Ejecutivo.

Más compleja es la situación de la eliminación de las adscripciones. En este aspecto, las mayores complicaciones se observan en dos áreas críticas: Educación y Salud. “La idea es que quien esté efectivamente al frente de los alumnos mantenga el puesto; pero aquellos que no lo hagan lo perderán”, lo explicó un alto funcionario del Ejecutivo.