La Corte Suprema de Justicia analiza el recurso extraordinario que presentó el fiscal Ignacio López Bustos, de la Unidad de Homicidios I, para que revisen la situación de Alexis Tomás “El Sucio” Íñigo, quien había sido condenado a perpetua por un crimen pero luego fue absuelto por el beneficio de la duda por los jueces de impugnación: Carlos Caramutti, Juana Juárez y María Laura Casas. La Fiscalía consideró arbitraria esa última sentencia y solicitó a los camaristas que dejen firme el fallo condenatorio, o en su defecto, les permitan hacer nuevamente un juicio esta vez con los otros dos imputados que estaban prófugos cuando se enjuició a Iñigo.
Crimen y venganza
El imputado fue enjuiciado por el crimen de Ramiro Ezequiel Ledesma (18 años) ocurrido en marzo de 2021; se trata de un homicidio que formaría parte de una larga cadena de venganzas por parte del clan Figueroa, luego de que Gonzalo Figueroa fuera asesinado en una balacera el 15 de diciembre de 2020. Como represalia a esa muerte, Miguel “Miguelón” Figueroa, quien es investigado porque lideraría una red de narcomenudeo en el norte de la capital, habría orquestado una sangrienta represalia. Según la acusación, “Miguelón” junto con otros tres hombres, se presentaron tres días después en una casa de Villa 9 de Julio y, con pistolas y ametralladoras, acribillaron a los presentes: asesinaron a Héctor Gabriel Amaya y a Leonardo Sepúlveda e hirieron gravemente a Maximiliano Limdon, Franco Galván y a un adolescente de 12 años. Los investigadores sospechan que Íñigo podría estar implicado también en esa masacre.
La venganza no había terminado. Miguel Figueroa se mantuvo prófugo hasta el 13 de marzo de 2021, cuando según la acusación reapareció a bordo de un auto junto con su pareja, Jimena Fernández y “El Sucio” Íñigo. Serían ellos quienes arribaron hasta una casa de Ledesma y, cuando lo vieron salir, lo acribillaron. Fernández e Íñigo fueron detenidos a los pocos meses, pero “Miguelón” volvió a fugarse hasta fines de 2022, cuando lo arrestaron en Salta.
Condenado y absuelto
Si bien se trata de hechos con una historia común, el caso del doble crimen fue investigado por la fiscalía de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale. En este caso, el presidente de la Corte, Daniel Leiva; y los vocales Daniel Posse y Daniel Estofán deben resolver la cuestión de Íñigo respecto al crimen de Ledesma. El fiscal López Bustos y la querellante Teresita Mendilaharzu (de la Defensoría oficial) plantearon que el tribunal de impugnación, que decidió absolver al acusado, había sido arbitrario al no haber considerado que las contradicciones en las que cayó el testigo clave del hecho se debían a que estaba aterrado.
“El testigo dijo que vio a la persona que cometió el crimen y que no pudo ver a las otras dos, pero luego fue claro en señalar a Íñigo en la escena. En el juicio, aclaró que no había nombrado antes al acusado por temor a represalias. Se trata de un crimen que ocurrió durante la pandemia, por lo que era difícil que hubiera muchos testigos en la calle, y que ya había habido otros crímenes relacionados. Debían considerar el temor de este testigo”, argumentó el fiscal.
Mendilaharzu agregó: “nos resulta arbitrario que el tribunal dude del temor de este testigo, que todo el proceso subrayó que tenía miedo de hablar. Este joven no solo presenció el crimen de Ledesma, sino que además él vive en la misma cuadra donde ocurrió una masacre relacionada a este hecho. Los asesinos de Ledesma se fugaron, entorpecieron la realización de pericias ¿cómo no va a tener miedo el testigo?”.
Como contrapartida, Julio Plaza, el defensor oficial de Íñigo, consideró que Impugnación actuó de manera acertada al absolver al acusado. “La Fiscalía sabe que en este proceso no presentaron más que un testigo para sostener una acusación, por la cual además pidieron prisión perpetua. Pero además, este testigo fue ambiguo al declarar (señalando a Íñigo). Primero (en la instrucción del caso) dijo que no pudo ver a los autores porque ese día llovía y los asesinos estaban con capuchas, gorras con visera y barbijo… incluso mencionó que estaban tan cubiertos que no pudo ni llegar a ver la piel de los responsables”, describió.
“Vivimos una semana de juicio para que después nos dijeran (otros jueces) que no era creíble el miedo de R. Imagínese que el 18 de diciembre hubo una masacre en la que no sé cómo no mataron a mi hijo ese día. Hasta el día de hoy vivo con miedo de mi vida, de mis hijos y del mismo R. que fue el único testigo. Desde ese 18 de diciembre mi hijo y R. venían siendo amenazados y cuatro meses después mataron de seis disparos a Ramiro delante de una custodia policial que supuestamente estaba para cuidarnos”, indicó con la voz quebrantada Verónica Almirón, la madre de la víctima.
Los camaristas concluyeron la audiencia informando que se tomarán los días previstos por la ley para resolver por escrito el planteo.