La pobreza actualmente es sin lugar a dudas el gran problema social de la Argentina. Dejó de ser un problema de los márgenes para encarnarse en la estructura de la sociedad. Esta pobreza estructural, en un contexto de sucesivas crisis económicas, dificulta la movilidad social ascendente de millones de personas imposibilitando revertir su situación y probablemente las de sus descendientes.
Distintos estudios demuestran que son estas familias pobres las que más sufren las fallas del Estado, que en algunos territorios se encuentra prácticamente ausente. Constituye la deuda más alarmante de estos 40 años de democracia. ¿Qué sucedió para que nuestro tejido social se vea desgarrado de esta manera? ¿Cómo se fue configurando el actual escenario y cuáles son sus características?
Las migraciones forzadas
A partir de la década del 30, con una lógica que apostaba al mercado interno, Argentina entró en un proceso de industrialización. Muchos trabajadores migran de áreas rurales a centros urbanos ante la demanda de trabajo. Comienzan a formarse las grandes periferias o conurbanos que hoy conocemos: el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, la Gran Córdoba, el Gran Tucumán, etc.. Frente a las concentraciones de población en estas ciudades, el Estado desarrolló infraestructura y acceso a bienes públicos para contenerlas: salud, seguridad, educación.
“Eso funcionó, más o menos bien, hasta los 70”, dice el politólogo Julio Picabea. “Argentina tenía una sociedad integrada, quizás la más integrada de Latinoamérica: una gran movilidad ascendente y la educación pública como instrumento igualador. Todo eso cambia a partir de los 70: ahí comienza la decadencia argentina con la llegada del golpe de Estado”, sentencia. Según el especialista, el gobierno de la dictadura, además de la interrupción institucional y el daño social del terrorismo de Estado, trajo aparejadas otras consecuencias: la corrupción como fenómeno sistémico y un desmantelamiento del aparato productivo.
Esto causa una nueva corriente migratoria hacia las cercanías de la ciudades pero esta vez de manera obligada y sin suerte en la búsqueda de soluciones laborales. “En Tucumán, esta desterritorialización forzada se inicia con el cierre de los ingenios a finales de los 60 y continúa durante el proceso de desmantelamiento productivo profundizado por la dictadura del 76”, explica la arquitecta Paula Boldrini, integrante del Instituto de investigaciones territoriales y tecnológicas para la producción del hábitat (Inteph). “Se van conformando a nivel nacional los cinturones de pobreza”.
Estos asentamientos informales quedan fuera de la trama de infraestructuras de servicios básicos de las ciudades que circundan. La situación persiste hasta hoy en muchos casos.
Regreso a la institucionalidad
En el 83 se recupera la institucionalidad, pero la corrupción sistémica continuó siendo un problema, exponen los profesionales consultados. Otros factores agravaron la situación: aparecen los capitales golondrina, que entran y salen de las economías nacionales generado grandes cimbronazos económicos como la crisis del 89; además, China se fue ubicando como potencia influyente ofreciendo mano de obra barata y una invasión de productos que causó un proceso de desindustrialización en los países de occidente.
Fueron transcurriendo los años y la sociedad se fue empobreciendo cada vez más sin que la política argentina encuentre un modelo de desarrollo que sea inclusivo y sostenido. “Acá hay un fracaso generalizado de la dirigencia que no supo encaminar el país hacia el crecimiento y la igualdad de oportunidades”, sostiene Picabea. “Actualmente existe un sector que progresa, cada vez menos y con más dificultades, porque tiene acceso a educación de calidad, a la información, al empleo formal y a herramientas financieras; por el contrario, hay un sector que no progresa por falta de acceso a educación de calidad, a la información, que trabaja en la economía informal y sin acceso a herramientas financieras. Estos últimos, a su vez, son los que más sufren la crisis inflacionaria. Es una sociedad desigual y que se mueve a diferentes velocidades”.
Los barrios populares que tuvieron su origen en los cinturones de pobreza de los 70 se cuadruplicaron según datos de mediados del año 2000. “La situación en estos barrios se ve agravada por una imposibilidad de integración socio-urbana”, explica Boldrini. “No es solo la falta de infraestructura y de equipamientos comunitarios lo único que impide la integración; hay una dimensión que es subjetiva y cultural y q llama a terminar con los estigmas que imposibilitan que estas personas ocupen otros espacios. En Los Vásquez, por ejemplo, hay pobladores que no conocen la plaza Independencia, la plaza principal de San Miguel de Tucumán ubicada a minutos de su casa. Eso demuestra una impresionante falta de integración social urbana”.
El panorama, como lo indican los especialistas, es complejo en un país que nunca pudo reactivar su capacidad productiva. En los años 90, el piso de pobreza llegó al 25% de la población. Ese piso nunca más se perforó, por el contrario, fue creciendo hasta llegar actualmente al 40% según los últimos datos.
El nivel de empleo privado se encuentra estancado desde 2011 mientras que en el sector público fue en aumento. También fue aumentando la asistencia social sin que estos programas permitiesen a las personas llevar adelante un proyecto de vida con igualdad de oportunidades. Lo que demuestra, aseguran los profesionales, que las carencias no son solo materiales y se necesita poner foco en el acceso a salud, educación y seguridad para favorecer la libre agencia de los ciudadanos. “La pobreza estructural implica una multiplicidad y una profundidad de necesidades que es muy difícil de superar -explica Picabea-. Lo que hay que evitar es una próxima generación de pobres estructurales, es decir, que los hijos de estas familias puedan cambiar su trayectoria y superar la condición en la cual se encuentran sus progenitores”.
Fragilidad
Picabea sostiene que hay que atender con urgencia la grave la infantilización de la pobreza: “Los números del Indec dan cuenta de que seis de cada diez menores de 14 años viven en situación de pobreza. Esto demanda un acompañamiento del Estado en términos de educación, seguridad alimentaria y salud para que esos niños puedan superar la condición en la que se encuentran y en 20 años puedan insertarse a la economía y al sistema productivo”, detalla.
La problemática, resumen los expertos, reclama soluciones con urgencia descomunal: además de un escenario de injusticias aberrantes, el crecimiento de la pobreza propicia una frustración que daña los pactos sociales alrededor del sistema democrático. Este contexto, agravado por la situación de una clase media constantemente golpeada y amenazada por los embates económicos, converge en la fragilidad del consenso redistributivo.