Dos procedimientos terminaron transformándose en nuevos indicios de que Tucumán dejó de ser un lugar de paso de la droga. En Trancas, la Policía descubrió más de 1.400 plantines de marihuana que estaban listos para ser trasplantadas, lo que representa una prueba de que el cannabis se está produciendo en estas tierras para su comercialización. Luego, en un megaoperativo interprovincial, personal de Gendarmería Nacional descubrió el centro logístico de una organización que se encargaba de proveer de cocaína y marihuana a bandas del AMBA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, posiblemente, Rosario.

En nuestra provincia, desde el 1 de diciembre de 2022 la lucha contra esta actividad ilícita tiene dos perseguidores. La justicia ordinaria se encargaría de los casos de narcomenudeo o del micotráfico de sustancias. En tanto que la Justicia Federal, debería enfocarse en las organizaciones que se encargan de traficar y comercializar en grandes cantidades.

Los especialistas en la materia cuestionaron que las provincias se hagan cargo del narcomenudeo porque consideraban que perjudicarían las investigaciones de grupos más importantes. “Es más fácil dar con toda la cadena y no con el último eslabón que son los quioscos de venta de droga”, indicó un investigador.

Pero esa teoría no puede aplicarse en Tucumán. Hace más de dos años que las autoridades no logran desarticular una organización de envergadura que tenga ramificaciones a nivel nacional. El operativo que se realizó en las últimas horas fue por un expediente que se inició en Buenos Aires. Los resultados conseguidos terminaron transformándose en un cachetazo para los investigadores locales. “Nos mojaron la oreja”, resumió un pesquisa.

Números

El tráfico de droga en el NOA no paró de crecer en los últimos años. En lo que va del año, según fuentes de la Nación, se secuestraron más de 4.400 kilos de cocaína. El año pasado la incautación de esta sustancia fue de 4.700 kilos. “Con el nivel de ingreso que hay, en 2023 volveremos a marcar un récord”, añadieron los informantes.

En la frontera, el kilo de “merca” se cotiza a U$S 2.500, por lo que el valor de lo incautado en lo que va del año asciende a U$S 11 millones, mientras que lo secuestrado en 2022 es de casi U$S 12 millones.

Históricamente el NOA fue el lugar de ingreso de la cocaína que se produce en Bolivia y en Perú. Pero ahora tienen que luchar contra el contrabando de otras sustancias: la marihuana, ya que también se está cultivando en esos países. “Es de muy buena calidad porque su cultivo fue introducida por narcos que están buscando otras alternativas. También fue récord el secuestro de heroína, una droga que casi no tiene antecedentes de secuestro en esta parte del país”, añadió una fuente de Gendarmería Nacional.

Falta de recursos

En el acto de asunción del jefe de Policía Joaquín Girveau, el gobernador Osvaldo Jaldo había anticipado que se reforzaría el Operativo Lapacho, un plan que se implementó hace más de un año para intensificar los controles en la frontera para evitar el ingreso. “Vamos a intensificar los controles para evitar que las sustancias sigan envenenando a nuestros jóvenes. Son el futuro y Tucumán los necesita”, anunció.

Hay fuego cruzado entre los investigadores a la hora de encontrar responsables. Los investigadores señalan que no encuentran respuestas por parte de los funcionarios judiciales porque están tapados de expedientes. Estos se quejan de que los investigadores no realizan las tareas de inteligencia suficiente para iniciar pesquisas importantes.

“Hay que tener la logística adecuada para poder luchar contra estos grupos que tienen alcance nacional e internacional”, destacó el abogado Juan Pablo Bello. “Las últimas novedades que se registraron en la provincia obligan a maximizar los controles fronterizos para no permitir el ingreso de la droga y afianzar así la lucha contra los narcos en el país y en la provincia”, añadió.

“Los tres poderes del Estado entendieron que la situación narco era grave y por eso decidieron crear y poner en vigencia la ley de narcomenudeo. Lo que no sabemos es si el Estado realmente tiene las herramientas y los recursos humanos para enfrentar esta actividad ilícitas, opinó el abogado Aníbal Paz.

“No tengo dudas de que esta norma terminó beneficiando a la Justicia Federal porque fue un importante filtro para que pudiera dedicarse a la persecución penal de las organizaciones más importantes. Pero no estarían cumpliendo con esa parte”, razonó Paz.