La intendenta electa de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, arrancará su mandato con dos apuestas en áreas sensibles y estratégicas para la gestión municipal: la conducción del Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) y la designación del nuevo contador general.

El Girsu es un organismo que integran seis municipios del Gran Tucumán (con dos adherentes y 10 comunas rurales) y que hasta ahora es presidido por Héctor Argañaraz, un dirigente cercano al intendente saliente de la Capital, Germán Alfaro. El consorcio administra todo lo relativo al destino de los residuos del área metropolitana, en donde se estiman que se recogen unas 17.000 toneladas mensuales de basura que se entierran en el predio Overo Pozo. De ese total, un 65% de los residuos provienen de San Miguel de Tucumán.

Para este lugar, en reemplazo de Argañaraz, la actual diputada tiene decidido nombrar a Juan Andrés Robles. Se trata de un abogado muy ligado al gremio de Camioneros, que conduce César Torres; y al diputado Carlos Cisneros. Torres será secretario de Trabajo de la Provincia y el referente bancario es uno de los oficialistas más cercanos a Chahla.

En paralelo a esta designación, la intendenta deberá resolver en el corto plazo el futuro de la recolección de residuos en San Miguel de Tucumán y elaborar los pliegos para licitar ese servicio. Ocurre que la empresa Transportes 9 de Julio está a cargo de esta prestación en la ciudad desde 1991. Si bien el primer contrato se adjudicó por vía directa, con posterioridad el vínculo se extendió mediante licitación. El último acuerdo se firmó en 2015, y aunque su tramitación tuvo inicio durante la administración de Domingo Amaya, este convenio -de siete años de extensión, con la posibilidad de otros tres de prórroga- comenzó a regir en 2016.

Según cuentan en el entorno de la jefa municipal, por primera vez se licitaría el servicio en dos zonas, con la intención de que dos empresas se hagan cargo de la prestación. En principio, Chahla dispondrá hasta febrero de 2024 para adjudicar esa tarea, ya que en ese mes vence la prórroga del contrato con la 9 de Julio. La recolección de basura demanda alrededor de $ 650 millones mensuales al Departamento Ejecutivo.

Al Concejo Deliberante

La otra decisión adoptada por la intendenta es la designación del contador general de la Municipalidad, una oficina clave en el control de los recursos y de los gastos de la administración. Este cargo formal está vacante desde 2021.

En mayo, el intendente Alfaro había enviado al Concejo Deliberante el pliego del contador José Vicente Pereyra, ya que los ediles deben dar acuerdo -dos tercios de los votos- en el recinto para que se formalice el nombramiento. Sin embargo, los concejales nunca abordaron el pedido del saliente jefe municipal.

Ahora, tras la asunción de Chahla –este domingo a las 18- en el edificio de Monteagudo y San Martín aguardan por el pliego para que sea designado el concejal saliente de Yerba Buena, Marcelo Albaca. Como se necesita de una mayoría especial para que el pliego sea aprobado en el recinto, el oficialismo deberá tender alianzas con el bussismo y con el alfarismo. Allí pueden resultar claves los acuerdos gestados para la mesa de conducción del Concejo: al presidente Fernando Juri le siguen Carlos Ale como vice primero (Partido por la Justicia Social) y Ramiro Ortega, como vice segundo (Fuerza Republicana).

Entre las responsabilidades de la Contaduría General, se destaca que es la encargada de registrar, controlar, informar y asesorar sobre los actos relacionados con los recursos y gastos de la Hacienda Municipal. Además, el contador general es quien interviene en la liquidación de los sueldos del personal. Por otro lado, también debe adquirir los suministros y servicios que permiten el funcionamiento de las dependencias de la Ciudad “con el objeto de lograr la contención del gasto, para una mejor acción racional y transparente en la utilización de los recursos”.