El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, acordaron con seis gremios docentes y uno no docente un incremento salarial del 12% para el sector.
El aumento se verá plasmado en los sueldos de septiembre, e incluye una nueva revisión para noviembre. El último gremio en votar a favor fue la Conadu Histórica, que se tomó un día para analizar las bases.
También firmaron el incremento Conadu, Fedun, UDA y Fagdut y, del lado de los trabajadores no docentes, se adhirió Fatun. “Nuestro compromiso fue siempre que los salarios se recuperen y le ganan a la inflación”, aseguró Perzcyk.
Tras la paritaria docente, Alpa afirmó que el acuerdo “es fruto del diálogo político, del trabajo conjunto que llevamos adelante con los representantes gremiales y del compromiso del gobierno para que los salarios no se vean afectados por la inflación”.
Sobre esto, la Conadu Histórica planteó que “la docencia valoró el 12% que suma 116,1% en ocho meses y un 10% para la garantía salarial que acumula 143,53% desde marzo”. “Por otra parte, el Congreso celebró la efectivización de la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, que dejará de afectar a la docencia de las Universidades”, se compartió en un comunicado.
En el ámbito local, Ariel Osatinsky, de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt), planteó que el Gobierno “jamás tiene como política una recomposición salarial o del poder adquisitivo”.
Y fundamentó: “Nosotros estábamos en desacuerdo, pero nuestra posición no fue mayoría. El 12% de aumento es un ajuste en los salarios de la docencia; si en septiembre la inflación fue del 12,7% y hay que sumarle la inflación de octubre”.
El docente criticó que los porcentajes que ofrecen las autoridades “siempre son menores que la inflación”, lo que genera que “mes a mes, los docentes perdemos dos, tres o cuatro puntos”. “En el año, puede haber una pérdida de 25 a 30 puntos en relación a los precios; es lo que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un ajuste salarial”, planteó.
Asimismo, ejemplificó: “Hay un ítem de garantía salarial, que sería lo que cobran los que recién ingresan a la docencia, y dice que el Gobierno garantizaría un piso con un sueldo bruto de $440.000, pero con los descuentos por ley queda en $320.000”.
Esto, a su vez, “garantiza un salario de pobreza”. “No podemos dejar pasar el incremento de precios y la escalada inflacionaria; no podemos decir que esto es un salario digno”, manifestó Osatinsky.
Además, el referente de los docentes dijo que el Gobierno, a principio de año, ofreció “ocho cuotas totalizando un 86% de aumento”, siendo que “este año habrá más de un 130% de inflación, entonces estamos lejos de una recomposición salarial”.
La conversación se renovará en noviembre, pero Osatinsky no se mostró expectante. “Esta política de discutir migajas todos los meses es desgastante. Si todos saben que va a haber más inflación, ¿por qué no fijar un porcentaje acorde?”, consideró el docente.