El gobernador electo, Osvaldo Jaldo, anunció la eliminación del "Pacto Social" después de 23 años. Esto implicaría que los municipios serían responsables al 100% de los salarios y servicios públicos, administrando sus recursos por coparticipación. Esto ha generado todo tipo de cruces.

El intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, defendió la demanda de inconstitucionalidad contra el pacto social y la ley de coparticipación que presentó esta semana y ratificó la necesidad de una nueva ley de coparticipación.

"Veo que algunos colegas intendentes se molestaron porque hicimos el pedido de inconstitucionalidad, pero no se dan cuenta que esto también va a favorecer a todos los intendentes. Vamos a tener la autonomía que manda la Constitución provincial", dijo Salazar.

"Las Talitas tuvo un régimen mucho más favorable que el resto de los municipios. Inclusive, mucho más que otros municipios oficialistas. Mientras la mayoría de los municipios tenían que mendigar en la Casa de Gobierno, Las Talitas tuvo un crédito de casi 3000 millones de pesos a devolver en 60 cuotas sin interés a partir de enero de 2024. La inflación ya le licuó toda la deuda", sostuvo.

Según un informe realizado por técnicos de Bella Vista, Las Talitas recibió 1600 millones en créditos sin interés y 1180 millones como fondos no reintegrables. "¿Donde está la plata?", se preguntó Salazar.

"Las Talitas es un municipio que no tiene seguridad, las calles están detonadas, las cloacas desbordadas. No tenemos que comprar espejos de colores", subrayó Salazar.

Qué dicen los intendentes del oficialismo

Los intendentes peronistas advirtieron que se necesitan modificaciones legislativas y un sinceramiento de recursos para que algunos municipios puedan funcionar sin problemas. El intendente saliente de Famaillá, José Orellana, argumentó que se debe hacer un diagnóstico real de la situación de los municipios y que la Provincia debería ayudar si es necesario.

Por otro lado, algunos intendentes de JxC solicitaron la inconstitucionalidad de la coparticipación y el pacto social, pero se señaló que estos acuerdos están vigentes por ley y requieren cambios legislativos graduales.

El Municipio de Las Talitas es uno de los pocos que no forma parte del "Pacto Social" y su intendente, Carlos Najar, mencionó que esto permite una gestión más eficiente de los recursos estatales, mientras que estar dentro del pacto proporciona comodidad pero reduce la eficiencia en la administración de recursos. También se destacó que algunos municipios no han sido transparentes sobre su recaudación y gastos. Najar instó a los intendentes radicales a discutir con los secretarios de Hacienda y consideró que los planteos de algunos intendentes radicales responden a intereses políticos en lugar de legales.

Crítica a los radicales

El intendente José Orellana acusó a los radicales de jugar un juego político con sus denuncias y sugirió que deberían presentar números en lugar de traer a un abogado constitucionalista. Por otro lado, el intendente Javier Noguera respaldó al próximo gobernador en su derecho de revisar el sistema vigente, pero recordó que el "Pacto Social" les fue conveniente durante su tiempo en la Municipalidad. También mencionó que durante el gobierno de Macri, el interior sufrió una falta de apoyo y que algunas ciudades recibieron más fondos que otras, lo que considera injusto y político.