El futuro del jefe de Policía Julio Fernández será resuelto por Osvaldo Jaldo cuando asuma como gobernador el 29 de octubre. La fuerza seguirá siendo dirigida durante 16 días por el hombre que reconoció haber contratado a subalternos para que construyeran su vivienda particular en El Cadillal. Un comisario general que, pese a que nadie lo confirma oficialmente, permanecerá en el cargo hasta que termine la transición.
“No hay ningún indicio de que tenga intenciones de presentar la renuncia para descomprimir la situación”, comentó una fuente del Ministerio de Seguridad. Mucho menos después de que el gobernador Juan Manzur saliera a respaldarlo.
Ayer en el área se vivía un clima de tensión. No por este caso en particular, sino porque saben que la polémica aceleró los cambios que había pensado hacer el dirigente tranqueño.
Hasta ayer (en esta área nunca se puede decir nunca) sólo faltaba la confirmación de que Eugenio Agüero Gamboa seguirá al frente de la cartera. Las dudas surgen sobre qué ocurrirá con los otros funcionarios. Sí está más o menos claro que el Secretario Luis Ibáñez y el Subsecretario José Gómez (los considerados “manzuristas” del área) renunciarán a sus cargos y pasarían a formar parte del gabinete de la intendente Roxana Chahla. Juan Carlos Driollet (Narcotráfico) ya había adelantado su intención de no seguir por cuestiones personales. Los otros puestos siguen sin definirse por una sola razón: no se confirmó o se descartó una reestructuración.
Interna
En la Policía también están analizando la situación. Tomaron la polémica como un ejemplo más de la interna que existe en la fuerza. Relacionaron este caso con otros que sucedieron en los últimos meses. Entre otros, el rumor de saqueos en Las Talitas, la campaña de desprestigio contra comisarios con cargos importantes en las redes sociales y el aprovechamiento de la confesión de una mujer que denunció que efectivos le habían robado la droga que trasladó para un narco.
Los miembros de la plana mayor esperaban ayer que se los convocara a una reunión, pero ese encuentro nunca se produjo. “Es una clara prueba de que todo sigue igual, que nada cambiará por ahora”, explicó un comisario. “Lo único concreto es que habrá nuevas autoridades, pero no se sabe quiénes serán. La incertidumbre nunca es una buena aliada en este tipo de situaciones”, añadió.
El martes se realizó un encuentro para organizar un operativo especial de prevención para el fin de semana largo y para analizar si era conveniente tomar algún tipo de medida por la tensión social que se vive en la provincia por la crisis económica. El encuentro quedó trunco porque los participantes comenzaron a discutir el caso Fernández y la interna de la fuerza. La iniciativa de reforzar la protección quedó en un segundo plano por el momento.
Sin denuncias
Hasta el cierre de esta edición, nadie había denunciado o realizado un pedido de investigación en la Justicia. Sólo Agüero Gamboa había confirmado que iniciaría una investigación para determinar si Fernández había cometido algún tipo de ilícito. “Si llegamos a encontrar alguna irregularidad vamos a presentar la denuncia penal correspondiente”, expresó el funcionario. Horas después, el gobernador Manzur salió a respaldar al titular de la fuerza
“Su conducta, por lo que él mismo relató, está dentro de un contexto de una relación privada razonablemente remunerada y está afuera de una investigación penal porque hasta aquí no surgió que haya desviado fondos para hacerlo”, explicó el penalista José del Río. Sin embargo, el profesional aclaró: “no debería haber contratado albañiles de la fuerza para no dar lugar a sospechas o inquietudes de la ciudadanía, puesto que la función pública debe exhibirse libre de cualquier cuestión que pudiera dar lugar a opiniones negativas. Además, este tipo de situaciones genera investigaciones estériles, pero justificadas”.
“Hasta aquí hay una cuestión ética, pero ello no significa que no se deba analizar esta situación. Por lo que se sabe, no hay una conducta delictual, pero debe haber una investigación para descartar cualquier irregularidad”, destacó el penalista Camilo Atim.
Agustín Monteros destacó que si se aprovechó de los albañiles es un delito contra la administración pública. “Para ello deberá probar con documentación que realmente le pagó con sus ingresos a los albañiles”, insistió,
Opiniones
La transición parlamentaria también se hizo sentir en esta polémica. La mayoría de los legisladores salientes decidieron no opinar y, de los que deben asumir, fueron pocos los que aceptaron analizar la polémica.
El oficialista Carlos Najar sostuvo que, por más que Manzur haya apoyado a Fernández, es correcta la decisión del ministro Agüero Gamboa de pedirle informes al jefe de Policía. “Ya no deben ser verbales, sino por escrito. Esa información luego tendría que ser comparada con la documentación que existe y con los dichos de otras personas que puedan brindar datos”, comentó el ex intendente de Las Talitas. “Una vez que se tengan todos estos elementos deberá tomarse una decisión. Por los tiempos que se necesitan, será Jaldo el que deberá decidir”, añadió.
“Me parece pésimo lo que sucedió. Valoro la intención del Ministro de decidir investigarlo. En estos tiempos no alcanza con cumplir con la tarea, sino que debe hacer culto a la ejemplaridad”, comentó la legisladora electa Silvia Elías de Pérez. “Si bien es cierto que es muy importante la actitud de Agüero Gamboa de comenzar con una pesquisa, es un bochorno que el gobernador Manzur haya decidido respaldarlo. En realidad es una muestra más de hacer de uso personal lo que es público. Bajo ningún aspecto puede ser considerado como sorprendente, puesto que nos acostumbramos a verlo usar los aviones de la provincia para trasladar gobernadores”, sentenció.
“El escándalo por el uso de albañiles de la policía para la construcción de casas de sus funcionarios evidencia la falta de ética, de prioridades y un enquiste de corrupción en la cúpula policial”, sostuvo el republicano Ricardo Bussi. “Hace años que venimos denunciando irregularidades en la fuerza como el sobreprecio en los alimentos de los animales y dudas en los servicios adicionales. Este nuevo hecho no hace otra cosa más que exponer la urgente necesidad de una renovación en la cúpula policial”, finalizó.
Apostillas
En medio de una interna policial, circuló la versión de que el jefe de Policía usaba albañiles de la fuerza para construir su casa.
La versión indicaba que el secretario de Seguridad Luis Ibáñez se habría encargado de divulgar el dato que desató la polémica.
El jefe de Policía confirmó que para edificar su casa de El Cadillal contrató obreros de la fuerza y que él pagaba sus sueldos.
Julio Fernández también desmintió un cruce con Ibáñez. Señaló que todo el autor había buscado perjudicarlo políticamente.
El ministro de Seguridad anunció que se haría una investigación del caso. El gobernador Manzur respaldó al jefe de Policía.