En la recta final de la transición entre el intendente saliente Germán Alfaro (JxC) y su sucesora, Rossana Chahla (PJ), la Justicia define un aspecto clave en la causa por la adjudicación del servicio de estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán.

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo pasó a estudiar los argumentos planteados por la firma Tecno Agro Vial para objetar la legitimación de los demandantes, entre los que aparecen la Defensoría del Pueblo de Tucumán, la Federación de de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (Fodecus), el dirigente jaldista Alejandro Sangenis y un grupo de ciudadanos de la Capital.

Mientras tanto, también está pendiente el pedido para que el tribunal -integrado por Felicitas Masaguer y María Florencia Casas- dicte la sentencia de fondo sobre la cuestión, como requirió Fodecus.

El 18 de julio de 2022, en la Capital se comenzó a implementar el estacionamiento medido en el cuadrante comprendido por avenida Avellaneda-Sáenz Peña, Roca, Próspero Mena-Lucas Córdoba e Italia.

La medida, anunciada con el objetivo de “ordenar el tránsito” y “desalentar el uso innecesario de vehículos particulares”, incluyó la rúbrica de un contrato entre la Municipalidad y la UTE Tecno Agro Vial. El servicio, sin embargo, llegó a funcionar solo por 45 días.

A partir de una serie de demandas interpuestas ante el fuero contencioso -los casos se acumularon en el expediente 430/22-, la jueza Masaguer firmó primero un oficio a través del cual instó a la sede de 9 de Julio y Lavalle a suspender preventivamente todos los actos relacionados al estacionamiento pago: la ordenanza, la concesión y el cobro a los usuarios. Poco después, dictó una cautelar para ratificar estas disposiciones. La medida judicial permanece vigente y la UTE no volvió a operar en la Capital.

Con dictamen fiscal

La Sala II dictó este miércoles un decreto que dispone el pase a estudio respecto a "la defensa de falta de legitimación activa de planteada por Tecno Agro Vial Unión Transitoria" y "la cuestión relativa a la admisibilidad de la legitimación invocada por los diferentes actores de las causa acumuladas a los presentes autos".

La contratista del estacionamiento pago sostiene en este proceso que el acuerdo de concesión de este servicio "no involucra la afectación de derechos de los consumidores y usuarios", y que se trata de "un contrato administrativo, regido por el derecho administrativo", y que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán "fue facultada expresamente por medio de una ordenanza municipal para instrumentar" esta prestación.

Este expediente cuenta con un dictamen -no vinculante- firmado hace 10 días por la fiscal de Cámara en lo Civil, Juana Inés Hael.

Por su parte, Fodecus -cuyo titular, José Hermenegildo García, es representado por el abogado Diego Piedrabuena- requirió el mes pasado a la Sala II que, teniendo en cuenta el estado de la causa y que "no quedan actos procesales por cumplir", se pase a dictar el fallo de fondo sobre el estacionamiento pago.

El futuro de este caso no sólo tiene expectante a la gestión alfarista: la nueva administración liderada por Chahla asumirá el domingo 29 y todavía no hay definiciones sobre la continuidad del contrato entre el municipio y Tecno Agro Vial.