“En el caso del campo, prácticamente ya no quedan familias que no hayan sufrido algún tipo de robo. Casas, galpones, herramientas, alambrados y agroquímicos, principalmente, encabezan la lista de los bienes más buscados”, dijeron en un comunicado los productores rurales en abril pasado, en ocasión de la apertura de la Expo Apronor 2023. Entonces pidieron a las fuerzas de Seguridad, a la Justicia y al poder político “que cumplan la función para la que fueron designados”. A casi seis meses de ese pedido, el asalto a un comerciante de Burruyacu este fin de semana puso nuevamente en escena el problema.
Un dirigente de la asociación civil de productores describió que se incrementó la inseguridad en el campo en los últimos cinco años. “Antes eran cosas más leves, pero ahora los daños son más importantes. Uno no puede estar tranquilo; a veces no estamos todo el tiempo en el campo por lo que no podemos monitorear; entonces se aprovechan para hacer esto”, dijo. Además de robos, explicó, deben lidiar con incendios intencionales y daños a las silobolsas, que generan costosas pérdidas ya que se afectan los cultivos. En un comunicado, Apronor informó que en los últimos días hubo incendios intencionales en un campo de Chilcas, Burruyacu, donde se vieron comprometidas más de 60 hectáreas de trigo, listo para ser cosechado, y de rastrojo. Cabe recordar que a partir de 2020, tras los violentos ataques a productores rurales -entre ellos, la tragedia de José “Pepe” Porcel- hubo medidas de las autoridades, como la inauguración de un destacamento en la Ramada de Abajo y el anuncio de un nuevo emplazamiento de la Jefatura de Zona, “para generar más presencia y seguridad”, según se dijo, en el marco de un plan estratégico. También a nivel federal, a raíz de los ataques a silobolsas en todo el país, se planteó que “el abordaje de esta situación debe ser integral y tener un carácter federal, por lo que es necesaria una articulación entre el Gobierno nacional y las provincias, que vehiculice una solución lo más rápida posible”, según se anunció entonces.
Tres años después, los productores describen que los policías “siempre tienen muy buena predisposición pero la zona es vasta y los recursos son escasos en cuanto a la movilidad; son muchos kilómetros por recorrer y generalmente llegan tarde a los hechos”. En cuanto a las investigaciones por los actos delictivos, el referente rural explicó que es complicado poder encontrar a los autores y que “hay un déficit en la investigación porque son muy pocos los casos que se logran esclarecer”. Además dijo que “a veces también la Justicia es reticente para poder otorgarle los permisos a la Policía para realizar las medidas y poder desbaratar a las bandas”. El año pasado, el vicegobernador anunció que se entregaban ocho camionetas a la Policía Rural. “Tenemos que darle seguridad y cobertura a quienes producen en la provincia, a aquellos que viven en el interior profundo”, dijo entonces.
El salvaje asalto sufrido por un comerciante de Burruyacu -que tras ser golpeado quedó atado y abandonado durante 10 horas en la galería de su casa- debería hacer sonar las campanas de alarma. El abogado de la víctima dijo que en la zona del ataque, Chilcas, “la gente está a merced de los delincuentes”.
Correspondería que se reúnan los funcionarios de seguridad con los productores para analizar las razones por las que las medidas implementadas no resultaron eficaces y para estudiar estrategias concretas a fin de concretar los objetivos de llevar tranquilidad al campo.