Cuatro ediles electos de la oposición formalizaron en los tribunales de Concepción una denuncia penal contra el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, por “violación a los deberes de funcionario público y otros delitos”. El funcionario, según precisaron, habría violado “normas legales del ordenamiento municipal” al viajar a Francia sin permiso del Concejo Deliberante.

El delito, según la denuncia, se materializó al infringir el artículo 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades”. La norma dispone que “el intendente municipal residirá en el municipio y no podrá ausentarse del mismo para salir del territorio de la provincia sino con autorización del Concejo Deliberante”.

Los peronistas Nicolás Albornoz, José Antonio Kresseler, Federico Fúnez y José Antonio Jiménez, precisan que la violación a la norma en cuestión, Molinuevo “se produjo el 18 de setiembre pasado cuando el jefe comunal se fue de vacaciones a otro país, sin gozar de la debida autorización del cuerpo deliberativo”.

Según explican en un escrito, en esa fecha se convocó al Concejo para sesionar y tratar la licencia del intendente, precisamente en la misma jornada que ya había asumido la intendencia el presidente del cuerpo Luis Zelarayán. A él lo sucedió al frente del cuerpo la vicepresidenta Silvia Romero. “Es decir que sin que el Concejo haya sesionado el jefe comunal se ausentó de la provincia y el país, conforme nos enteramos por los medios de prensa”, apuntaron.

“Todo esto muestra una flagrante violación de la normativa invocada, burlándose así del normal funcionamiento de la institución a la cual representa, pretendiendo una autorización, cuando el ya se encontraba fuera de la provincia”, expusieron. Insisten en que “en el obrar del intendente hay una manifiesta falta de respeto por la vida institucional del Estado municipal reñida con el Estado de Derecho y un desprecio a la vigencia de las disposiciones vigentes y aplicables en la materia”.

Los conejales electos también advirtieron que Molinuevo al violar la ley 5.529 “no lo hizo por desconocimiento de la norma”. Y remarca que “esta cuestión tampoco podría argüir dado que rige el principio de que la ley se reputa conocida, más aún cuando se trata de un intendente que proviene de la presidencia del HCD y sucedió al anterior (Roberto Sánchez), completando así el período actual ya que el aludido renunció a su cargo para asumir en el Congreso de la Nación”.

Los denunciantes remarcaron que el comportamiento de Molinuevo está incurso “en la previsión del artículo 248 del Código Penal, que dispone que será reprimido el funcionario público que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. También, según plantearon, estaría incurso en el artículo 249 “que reprime la conducto del funcionario público que ilegalmente omitiere o rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.

Los ediles no descartan ampliar la denuncia con el fin de demandar una investigación que determine el origen de los recursos que utilizó el jefe comunal para realizar su viaje. Molinuevo se reintegró el jueves a sus funciones.

El secretario de Gobierno, Francisco Herrera, hace pocos días defendió a Molinuevo. Dijo que “es ridículo lo que dicen los ediles, que responden al Gobierno provincial”. Explicó que “según la Ley Orgánica de Municipalidades, el intendente no necesita autorización del Concejo cuando tiene hasta 45 días anuales de licencia. En este año nunca superó los 20 días y sólo por cuestiones de representatividad”, dijo.

Precisó que “se mandó el decreto al Concejo con el fin de darle mayor transparencia a su ausencia que la practica sin goce de sueldo por el hecho de que se tratan de días de vacaciones”. Agregó que lo hizo también para poner en funciones a Zelarayán, pero los ediles no dieron quórum. “El intendente no puede estar condicionado a que el Concejo quiera juntarse para sesionar o no. Insisto que esto no es razonable. No se puede estar condicionado a las ganas de trabajar de los concejales”, apuntó.