El Ministerio Fiscal le imputó a un joven nueve hechos cometidos contra edificios públicos de los tres poderes de la provincia y otros establecimientos privados. Además, solicitó la privación de la libertad, medida que fue autorizada por 99 días. Sobre el otro sujeto -que había sido aprehendido en los allanamientos- se dispuso el cese de su aprehensión, aunque continuará siendo investigado.

Así, por pedido de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que dirige Mariana Rivadeneira, este viernes se realizó la audiencia de control de la aprehensión, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción contra Gabriel Ernesto Valdez (24), acusado de ser el presunto autor de una serie de amenazas de bomba en distintas instituciones gubernamentales de la provincia y en otros edificios privados.

Durante el acto procesal estuvieron presentes el fiscal Carlos Picón y la propia titular de la fiscalía interviniente. En primer lugar, Rivadeneira solicitó que sea declarada legal la detención del sospechoso, la cual fue realizada durante una medida judicial llevada a cabo el miércoles último en su domicilio del barrio Ampliación Tiro Federal. 

Luego procedió a leer la acusación formal contra Valdez, a quien le reprochó que durante el mes de septiembre pasado, motivado por conflictos familiares con su ex pareja que derivaron en más de 30 denuncias cruzadas, fue que con el claro propósito de perjudicar a la familia de esta adquirió numerosas líneas telefónicas que registró a nombre del padre de la chica y desde las cuales realizó numerosas llamadas al servicio 911 de la policía informando la existencia de materiales explosivos en entidades privadas y públicas con claras intenciones de causar temor en la sociedad. 

En este sentido, la investigadora le adjudicó nueve intimidaciones efectuadas contra edificios de los tres poderes del estado, edificios privados (un supermercado, una concesionaria de autos y una estación de servicio) y otros establecimientos públicos, entre los cuales figura una escuela y el Palacio de los Deportes Municipal.

Por estos actos, el joven fue imputado por el delito de Intimidación pública reiterada.

Investigaciones y evidencias

Para acreditar su teoría del caso, la representante del MPF presentó como evidencias obtenidas hasta el momento las actas de las denuncias policiales, los audios de las llamadas al 911 donde alertaba la inminencia de las explosiones, los tickets de incidencia de estas llamadas que indicaban que eran realizadas por un masculino y los informes de las empresas telefónicas donde se detallan las líneas desde los cuales se hacían las mismas. Además, mencionó una serie de denuncias de la ex pareja sobre amenazas realizadas desde 23 líneas.

Por otro lado, Rivadeneira detalló el trabajo de investigación realizado por la fiscalía y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), a partir del cual se establecieron las conexiones con las otras causas y donde se develó el modus operandi del imputado que era adquirir chips y, al tener conocimientos de datos del futuro titular, los aportaba y lograba el alta con la que posteriormente hacía los llamados. 

En este sentido, agregó que fueron tres las líneas las que se hicieron las amenazas y que las mismas impactaban en el teléfono celular secuestrado al acusado. Con estos datos, entendemos que lejos de tener un cuadro probatorio presuncional estamos ante un cuadro prácticamente certero de que el señor es el autor”, señalo la fiscal.

Permanecerá detenido

A la hora de solicitar medidas para resguardar la investigación, Rivadeneira le cedió la palabra a su par Carlos Picón, quien se encargó de pedir la prisión preventiva de Valdez. En este sentido, argumentó que se trataba de un hecho grave, que aún quedaban numerosas pericias por realizarse y que el imputado podría obstaculizar la investigación, por lo cual era necesario que permanezca detenido por el plazo de seis meses.

“No existen antecedentes en la provincia de haber sufrido un constante y permanente estado de pánico infundido por persona alguna. Nos encontramos ante múltiples hechos y multiplicidad de víctimas vulnerables como son alumnos de escuelas o adultos mayores en los lugares públicos. No solo quería martirizar a la familia de su ex, sino generar caos y una psicosis que logró”, expresó el fiscal al finalizar su exposición.

Por su parte, la jueza interviniente resolvió avalar todas las actuaciones y conceder de manera parcial la medida cautelar por el término de 99 días, hasta el 13 de enero próximo, detención que el imputado deberá cumplir en el penal de Villa Urquiza.

Los blancos de las amenazas

En total, al imputado se le atribuye nueve intimidaciones realizadas los siguientes días:

-Una realizada el 15 de septiembre en una concesionaria de autos de avenida Benjamín Aráoz 1205.

-Tres efectuadas el 22 de septiembre: en un edificio de calle 9 de julio al 400, en la escuela Obispo Molina y en un supermercado ubicado en avenida Benjamín Araoz al

-Dos del 26 de septiembre, una realizada en el edificio de Tribunales Penales de avenida Sarmiento 431 y otra en una estación de servicio de avenida Benjamín Araoz y Coronel Suárez.

-Dos del 28 de septiembre, en la Casa de Gobierno y en el Palacio de los Deportes de la Municipalidad (en medio del acto de reinauguración)

-La última, realizada el 29 de septiembre en el edificio de la Legislatura