Los empresarios piden a los dirigentes oficialistas que no se apresuren con el proyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral de las 48 horas semanales actuales hasta un máximo de 36. En el Congreso hay en estos momentos siete propuestas presentadas (del oficialismo, gremios/sindicatos, el socialismo y la izquierda) que promueven esa idea. Si bien las propuestas serían de aplicación gradual, los cambios serían sustantivos. En su mayoría apuntan a reducir la jornada laboral de 48 horas semanales a entre 30 y 40 horas, pero difieren en la forma de hacerlo (algunas limitan la duración de la jornada diaria normal a 6 horas, otras establecen 4 días “hábiles” por semana), indica un informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba. El principal argumento de los representantes del gobierno nacional para avanzar en esta dirección se refiere a que la disposición actual resulta “anticuada” en comparación a lo que ocurre en otros países. Sin embargo, no se ha visto un análisis económico del potencial impacto de las propuestas.

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Pero, ¿qué dice la teoría económica sobre lo que ocurriría con variables claves del mercado laboral: productividad, salarios, empleo y desigualdad?, plantea el informe elaborado por Fabio Ezequiel Ventre, subdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa cordobesa.

Productividad. Si se sigue la definición utilizada por la CEPAL, calculada como el Valor Agregado Bruto generado por puesto de trabajo asalariado (tanto registrado como no registrado), la disminución de la jornada laboral impactará de forma negativa en la productividad por puesto de trabajo ya que se trabajarían menos horas. Quienes respaldan esta política argumentan sobre posibles (aunque inciertas) ganancias de productividad por hora. Sin embargo, incluso de ocurrir, este efecto difícilmente pueda compensar la fuerte reducción en la cantidad de horas trabajadas en aquellos puestos donde esta medida sea efectiva. Esto resulta preocupante debido a que actualmente la productividad laboral por puesto de trabajo en Argentina es la más baja de los últimos 30 años, y se encuentra estancada desde hace cinco décadas.

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Salarios. La importancia de entender el impacto en la productividad por puesto de trabajo radica en que este es el principal determinante de los salarios. La evidencia indica que, a mayor productividad del puesto laboral, mayor es el salario esperado. Entonces, la caída esperada en la productividad por puesto de trabajo dada la reducción de la jornada laboral implicaría una reducción en el salario de los trabajadores. Esto es especialmente preocupante en un contexto donde tanto la productividad como el salario ya se encuentran en niveles muy bajos en términos históricos. Resulta cierto que los precios (como el salario) suelen ser inflexibles a la baja en términos nominales, particularmente en un mercado altamente regulado como el laboral. Y quienes defienden la propuesta argumentan que adicionalmente debe establecerse que las empresas no podrán reducir los salarios nominales. Sin embargo, con altos niveles de inflación y acelerándose como sucede actualmente en nuestro país, el salario real puede caer aun si no se reduce el salario nominal.

Empleo y desigualdad. Otro argumento utilizado por los defensores de este tipo de medidas es que el nivel de empleo debería incrementarse, ya que para mantener los niveles de producción las empresas tendrían que contratar más personal, indica Ventre. Así, se deberían generar incentivos a insertar más personas al mercado laboral, lo que debería aportar a la reducción de la desigualdad y mejorar la distribución del ingreso. Sin embargo, y al igual que el argumento del potencial aumento de la productividad por hora, esto no necesariamente ocurriría. Actualmente, el promedio de horas trabajadas por la población empleada en Argentina es de menos de 35 horas por semana de acuerdo a la OIT. Esta cifra adelanta que la medida no alcanzaría a buena parte del mercado laboral. De hecho, quienes ocupan puestos de trabajo con altas cargas horarias son más propensos a encontrarse en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, que los lleva a aceptar este tipo de ocupaciones o posiciones laborales. Por ende, el impacto potencial de una reducción de la jornada laboral puede generar incentivos a que los empleados actuales (o futuros) realicen al menos parte de sus actividades laborales en la informalidad, ya que no pueden darse el lujo de sacrificar su nivel de ingresos.

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¿Cuál será el impacto de la medida? Según Ventre, esta medida puede tener en el corto plazo un impacto distinto del deseado por quienes la impulsan. “En vez de aumentar el empleo formal y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, la medida puede llevar, en el contexto actual, a más informalidad y salarios más bajos”, advierte. Este tipo de regulaciones e intervenciones del gobierno no crean empleo, ni aumentan productividad, ni incrementan los salarios de forma genuina a lo largo del tiempo, finaliza.