La Justicia de Concepción resolvió mediante una probation imponer al falso médico Enrique Bustamante una multa de $ 350.000, tareas comunitarias en un merendero y la obligación de finalizar la carrera de medicina en un plazo no mayor de tres años.

El hombre, esposo de una abogada del Siprosa, se desempeñó en plena pandemia como terapista del Sanatorio “Jesús María”, de Concepción, utilizando el nombre y la matrícula del médico Sergio Guillermo Martinez, de la capital. Fue este profesional quien descubrió al médico “trucho” cuando le hicieron llegar a su consultorio una historia clínica que llevaba su sello y matricula.

Provenía del sanatorio de Concepción en el que nunca ejerció. “Mira ahí tienes un colega del mismo nombre tuyo”, le dijeron al recibir mediante Whatsapp una copia de los papeles del centro asistencial. Al verificar el sello, advirtió que la matrícula era la suya y la firma falsa. Fue entonces que personalmente se trasladó al Jesús María a descubrir al impostor.

Desde entonces comenzó su frecuente peregrinar en busca de justicia por los tribunales de “La Perla del Sur”. Ayer, el juez Rodrigo Martiarena. En una audiencia que se desarrolló en la mañana, resolvió hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba, requerido por la defensa de Bustamante y aprobado por la auxiliar de Fiscal, María Emilia López.

Lo hizo con la condición de que en el plazo de 72 horas haga efectivo el pago de $ 350.000 con destino a una institución de bien público, la realización de tareas comunitarias por cuatro horas semanales en un merendero del barrio 11 de enero, de la zona oeste de la capital, el cumplimiento de reglas de conducta por ese mismo tiempo y la obligación de finalizar la carrera de medicina en un plazo no mayor a tres años.

El hombre estaba acusado por los delitos de usurpación de títulos y honores y ejercicio ilegal de la medicina. La probation se instrumentó en desacuerdo con el médico Martinez.

El caso fue investigado por la Unidad de Decisión Temprana de Concepción, a cargo del fiscal Miguel Varela. Fue la auxiliar López la que dio dictamen favorable al ofrecimiento de la defensa. La funcionaria argumentó que el acusado no contaba con antecedentes penales y que, de acuerdo al Código Procesal, este podía acceder al beneficio de la probation o acuerdo extrajudicial.

Martínez, indignado con la decisión judicial, adelantó que elevará el caso a la Justicia Federal, la que se declaró competente para investigar la usurpación de nombre y título. El profesional consideró que la medida no se ajusta a la gravedad del delito.

Recordó que hace pocos días la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto (Córdoba), condenó a siete años de prisión efectiva al falso médico Ignacio Martín. Fue juzgado por usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, uso de documento privado falso y falsedad ideológica, entre otros delitos.

El fiscal de esa ciudad había pedido una pena de nueve años de prisión para el ahora condenado. “Es increíble la cantidad de delitos que supone ejercer ilegalmente la medicina con título falso. Aquí no es tan grave que alguien haya estado en plena pandemia al frente de una sala de terapia intensiva con título de otro”, sostuvo Martínez.