En medio de una campaña electoral signada por las acusaciones mutuas y la intolerancia, el dato sobre la pobreza que difundirá hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) debería imponer una pausa en el tironeo político. Los dramáticos números sobre el impacto del hambre en la Argentina, más allá de un lamento de ocasión y de una reflexión fugaz, obligan a la dirigencia de todos los colores políticos, económicos y sociales a repensar el futuro del país. Pero a hacerlo con honestidad, con franqueza y despojados de cualquier prejuicio.

La debacle económica de la sociedad, potenciada luego de la pandemia de coronavirus, parece no detenerse. Hace unas semanas se conocía que la Canasta Básica Total (mide el umbral de la pobreza) ascendía $ 248.000 en julio para una familia tipo (una pareja y dos niños) y que la Canasta Básica Alimentaria (el límite con la indigencia) había sido de $ 111.000. Sin embargo, la vertiginosa caída del poder adquisitivo no permite distracciones: la disparada del 12,4% en los precios de agosto le pone un piso a la CBT que ya se acerca a los $ 300.000 para una familia tipo, según los especialistas.

Hoy, como si ese mazazo no fuera suficiente, llegará el dato de la pobreza. Según el Indec, en el segundo semestre de 2022 la pobreza fue del 39,2%, lo que representa una suba de 1,9 puntos porcentuales con respecto a los datos de igual período de 2021, cuando la pobreza afectaba al 37,3% de la población. En tanto, el organismo había señalado que la indigencia fue del 8,1%, lo que marca una caída de 0,1 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre de 2021. En Tucumán, particularmente, los últimos datos que se conocen son más graves: el 43,5% de la población urbana es pobre.

Mucho se ha dicho acerca de cuáles son los factores históricos que han llevado a la sociedad argentina a esta situación, pero principalmente todas las miradas apuntan al fracaso de la política para contener el alza de precios. En efecto, a la pobreza estructural de un 30% de los argentinos se suma la caída de un sector de la clase media a este flagelo que, aunque cuentan con trabajo, no les alcanza para vivir dignamente. “Cuando mirás específicamente el índice de pobreza, te vas a encontrar con que desde el 90 hasta el 2020 nunca se perforó el piso del 25% de pobreza, es decir, hay un cuarto de la sociedad argentina que se mantiene en la pobreza”, precisó Julio Picabea, titular del Observatorio de la Pobreza de Fundación León. Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, aporta que esta pobreza estructural no guarda relación solamente con lo monetario, sino también con otras carencias. Entre ellas, la calidad de sus viviendas, los servicios básicos con los que cuentan, la educación de niños y adolescentes y el acceso al sistema sanitario.

Por eso, más allá de la lectura coyuntural que se pueda hacer hoy, sería oportuno que se aprovechara este contexto de renovación de autoridades nacional para buscar consensos básicos sobre los cuales trabajar. Esto, más allá de quien resulte vencedor en los comicios presidenciales: deben existir pilares sobre los que nadie debería dudar y ese acuerdo debe incluir no sólo a la política, sino también a la dirigencia empresaria y sindical del país. La situación actual exige que se reconozca la existencia de una emergencia económico-laboral, para que a partir de allí se promuevan inversiones y se creen empleos en la micro, pequeña y mediana empresa. El asistencialismo para paliar las urgencias, desde luego, no puede ser soslayado. Pero urge apuntar a un consenso colectivo para apuntalar el crecimiento económico con infraestructura pública y privada, única salida probada para conseguir la tan ansiada reducción de la pobreza.