El Poder Legislativo avanzará en la sesión de mañana con una serie de reformas al Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) y a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y en esa batería de modificaciones aparece un proyecto de ley que pondrá fin a una controversia con el Ministerio Público Fiscal (MPF).

A través de una iniciativa impulsada por el legislador jaldista Raúl Ferrazzano, presidente de la comisión de Legislación General, el cuerpo colegiado aprobará la derogación de la Ley 9.486, sancionada en diciembre de 2021 para crear la Unidad Fiscal de Delitos Cibernéticos en el ámbito del MPF.

Esta norma, si bien había sido promulgada por el Poder Ejecutivo en enero de 2022, había sido objetada precisamente por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, quien a dos meses de su publicación en el Boletín Oficial había planteado una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para advertir, entre otros puntos, que la Ley 9.486 “importa una indebida intromisión del Poder Legislativo en las facultades y atribuciones privativas del MPF”.

En el marco de este expediente, y por requerimiento de Jiménez, el máximo tribunal de la provincia había dictado en noviembre de 2022 una medida cautelar mediante la cual se suspendió la aplicación de esta normativa. De todos modos, la CSJT no emitió hasta el momento el fallo sobre el fondo del asunto. Sin embargo, cuando la Legislatura sancione la derogación de la Ley 9.486 -el proyecto tiene dictamen favorable y el oficialismo cuenta con los números para hacerlo-, se espera que la Corte declare abstracta la cuestión.

Claves de la Ley 9.486

El proyecto para crear la Fiscalía de Delitos Cibernéticos fue presentado en agosto de 2021 por la vicepresidenta segunda de la Legislatura, la bussista Sandra Orquera (FR). En síntesis, la propuesta establecía que este despacho estaría destinado a investigar “los delitos cometidos por medio de recursos telemáticos, cibernéticos y/o tecnológicos”.

Como precedente, en los fundamentos de la iniciativa, Orquera mencionó la puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia en el ámbito de la Procuración General de la Nación (PGN).

Además, en cuanto a la misión de la nueva oficina para los tribunales tucumanos, la legisladora de FR consignó que sería “desarrollar investigaciones preliminares y asistir a los fiscales en aquellos casos en los cuales el sistema informático haya sido el objeto del delito o haya sido el medio principal o accesorio para cometerlo”.

Pese a la sanción del proyecto por parte del cuerpo legislativo y a la promulgación de la Ley 9.486 en el ámbito del Ejecutivo, el ministro fiscal Jiménez recurrió a la Corte para requerir la suspensión de su implementación.

Según su demanda, la normativa “desconoce la actual organización del MPF para la persecución de los delitos cibernéticos. “En efecto, se demostrará que una política criminal sólo puede ser determinada por el órgano que conoce el flujo global de causas por temáticas, y la necesidad de servicio de cada una de las Unidades Fiscales”, enfatizó el jefe de los fiscales. Y remarcó que el Ministerio Público “aborda el fenómeno del ciberdelito con más de una Unidad Fiscal”, y que estos despachos “cuentan además con el soporte permanente de oficinas técnicas auxiliares”, las cuales “poseen recursos tecnológicos de avanzada”, sostuvo Jiménez.

De los tribunales al recinto

La Casa de Gobierno, a través de la Fiscalía de Estado, sostuvo en su alegato ante la CSJT que correspondía declarar “improcedente la acción declarativa de inconstitucionalidad” requerida por el ministro fiscal. “La Ley 9.486 implica la regulación razonable de una materia claramente susceptible de ser abordada por la Legislatura de Tucumán en el marco de sus potestades legislativas”, argumentó el representante de la Fiscalía de Estado, Aldo Luis Cerutti, en el escrito formalizado en diciembre de 2022.

En febrero pasado, el caso pasó a estudio del máximo tribunal, y no tuvo nuevos movimientos, según los registros del Sistema de Administración de Expedientes del Poder Judicial.

De todos modos, el asunto llegará mañana al recinto de la Legislatura. Ferrazzano explicó a LA GACETA que “con esta derogación se pone fin a una disputa en sede judicial” entre el Gobierno y el Ministerio Público Fiscal. Y añadió que el órgano a cargo de Jiménez “ya creó por resolución en su ámbito la Unidad de Delitos Cibernéticos”.

Además, el presidente de la comisión de Legislación General detalló que, con el resto de las modificaciones al Código Procesal Penal de Tucumán, se busca “adecuar preceptos para evitar el retorno a las prácticas escriturales y de trámite que afectan el espíritu del proceso penal adversarial”.

EN EL RECINTO. El legislador Raúl Ferrazzano, del Frente de Todos.