Los vecinos de El Mollar hicieron una advertencia por el inmovilismo que se observa con respecto al traslado de la planta de tratamiento de residuos, que desde hace tiempo se ha transformado en un foco contaminante del Valle Calchaquí. El establecimiento, que se encuentra saturado de desperdicios, ha quedado en un lugar que se ha urbanizado en los últimos años.
Hace dos décadas, cuando se instaló en la entrada al valle esta instalación considerada entonces modelo, tenía capacidad para procesar los residuos de la población permanente y también de la veraniega, pero el área ha crecido geométricamente en viviendas y habitantes y ha dado lugar a que cada vez se envíen más camiones de desechos hacia la planta, tanto de Tafí del Valle como del Mollar.
El colapso se advierte desde hace tiempo. Al comienzo de la temporada de vacaciones de este año los vecinos protestaron por los olores y la contaminación ambiental y advirtieron que se harían cortes de ruta si no se sacaba el establecimiento de ese sitio. Una de las encargadas del área en la comuna dijo que ya existía un programa y que el traslado iba a demorar unos cinco o seis años, ante lo cual el vicegobernador dijo, tajante, que “el basural se va sí o sí… En el menor tiempo posible… Y si esto no se entiende alguien deberá dar un paso al costado”. En ese momento, además, en una reunión multisectorial realizada en Casa de Gobierno, se aseguró que avanzaba un Plan de contingencia para el manejo eficiente de los residuos sólidos urbanos de la zona.
Semanas después, el ministro de Desarrollo Productivo dijo que equipos de Medio Ambiente y del Programa Provincial de Gestión Integral de RSU habían encontrado siete lugares posibles para el traslado definitivo, de los cuales uno fue elegido como terreno adecuado. “Está totalmente lejos de la villa, un lugar donde no hay población. Pero hay que elevar la energía eléctrica, consolidar un camino, es un proceso”, informó. Explicó que se tendría que sacar una ley de expropiación y proceder a la construcción de la planta, lo cual se prolongaría “no menos de seis meses”. “Entiendo la desesperación de la gente, pero sacar la planta de ahí no es un tema fácil, aunque sí sea posible”, sostuvo.
No se conoce que se haya analizado en la Legislatura –que se reunió dos veces este año- el proyecto de expropiación. Los funcionarios trazaron un plan de gestión sobre el territorio, en su disposición actual, hasta tanto se mude el sitio: se le dio “mayor capacidad de gestión al delegado comunal en el manejo de residuos, de la cantidad de maquinaria permanente y de la manera en que debe hacerse el trabajo”, según detalló el ministro. El Ministerio del Interior dispuso el envío de maquinarias para contribuir a la gestión en el lugar. Luego prometieron acciones de control de vectores con equipos del Siprosa, quienes trabajarían con la Brigada de Control, visitando una vez por semana la zona con maquinaria de la Dirección de Agricultura.
Siete meses después, los vecinos levantan su voz de alerta, a poco tiempo de fin de año y del inicio de la temporada estival. Correspondería que se explicara la efectividad de las medidas de contingencia, así como que se dé participación a los vecinos en el debate sobre lo que se ha de hacer al respecto, y de los tiempos que esto insumirá.
Cabe recordar que cuando se decidió la instalación de la planta en el lugar en que está emplazada no se hicieron, según se ha podido concluir, proyecciones sobre lo que sucedería en pocos años y así se llegó a la encrucijada actual.