“Este grupo logró romper la paz social de toda una comunidad que se vio conmovida, ante la reiteración de los hechos y las sumas siderales de las que fueron despojadas de casi $ 250 millones cuando el dólar estaba a $ 97”, cuantificó el fiscal Diego López Ávila que llevó adelante la investigación de la causa conocida como “La industria del escruche”. Después de casi cuatro meses de juicio, el martes se conocerá la sentencia de uno de los casos más complejos de los últimos años.

La acusación del Ministerio Público fue clara y contundente. Señaló que Miguel “La Gata” Lizárraga era el líder una asociación ilícita que, entre entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada principalmente a cometer asaltos contra la propiedad. Los acusó formalmente de 20 delitos y de haberse enfrentado a la Policía en un operativo.

Entre otras pruebas, el López Ávila enumeró:

- “La Gata” residía en Córdoba y viajaba a Tucumán para cometer los escruches y, habitualmente se alojaba en la zona donde se domiciliaba el clan Caro.

- Imágenes de videos y fotografías.

- Entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre los acusados.

- Geolocalización de los celulares de los acusados.

- Mensajes de audios.

Testimonios

En las audiencias también desfilaron varias de las víctimas que contaron cuáles fueron las consecuencias de los robos que sufrieron y, por cuestiones de seguridad, sus nombres se mantienen en reserva, ya que a lo largo del proceso, fueron amenazados. Esto terminaría transformándose en el golpe de gracia, ya que los jueces del tribunal escucharon en vivo sus padecimientos.

“Todo estaba tirado y las puertas rotas. Para mis padres fue estresante la situación. A mis viejos les dio un pico de presión. En ese momento, mi papá se agarró el pecho. Las perras (tiene dos) estaban golpeadas porque rengueaban. Fue un golpe muy duro. Las joyas para mi mamá tienen un valor sentimental, algunas de ellas, son recuerdos personalizados de mi abuela”, indicó un joven que sufrió un robo en

“Cuando se vive una situación de estrés así, uno desconfía de todos. Al poco tiempo mis padres se enfermaron. El daño emocional y económico no se compara. Siempre preguntan por las joyas porque es un daño latente. Vivimos con alarmas. Antes del hecho mi mamá no tenía enfermedades (no está en condiciones de declarar ante el tribunal)”.

Otra víctima contó que en mayo de 2021 se asustó al descubrir que le habían extraído pequeñas extracciones de dinero de su cuenta, decidió extraerla del banco y tenerla oculta en su casa por cuestiones de seguridad. A los dos días sufrieron el escruche. “Jamás nos imaginamos pasar por esto. Significa un antes y un después. Hoy estoy pagando el mínimo de dos tarjetas. Quisimos cambiar la casa porque nos vulneraron económica y moralmente. Se llevaron hasta el test de embarazo de mi señora que guardaba como recuerdo y lo tiraron como si fuera una basura”, explicó el damnificado.

“Cuando entran así a un domicilio es por algún dato. Desde ese momento no fue más nuestro hogar. Uno escucha un ruido y hay que estar atentos para ver si no ingresó alguien. Quiero que los que entraron a mi casa lo paguen”, añadió. “Nos hicieron un daño que todavía nos cuesta. No nos sentimos seguros porque no es solo un daño económico. Vivo con alarmas y con cámaras. Hasta esa noche todo era mío. Nunca me imaginé que esto me iba a pasar y ahora lo imagino a cada rato. Quedamos perplejos”, finalizó.

El fiscal López Ávila también acusó a la banda de haber ingresado a una concesionaria de motos de la capital durante la Semana Santa de 2021. Del local, según cuantificó, extrajeron U$S 160.000 y $ 800.000, además de todo tipo de elementos de cuantioso valor. “Estaba estudiado el ingreso a mi negocio. El daño económico es gravísimo y hasta el día de hoy no nos podemos recuperar. Representan más de 10 años de trabajo. Cambió nuestra economía y tenemos deudas por eso. Hoy vivo a 45 minutos del negocio por seguridad”, sostuvo el empresario.

Pretensiones

El fiscal López Ávila, en los alegatos de cierre, fue categórico: “No eran principiantes, sino profesionales que se movían en minutos para robar las pertenencias””. El representante del MPF pidió que “La Gata” Lizárraga y su hijo Juan de Dios López sean condenados a 20 años. Para los otros acusados, solicitó las siguientes condenas: Luis Ricardo Carreras (22 años), Cristian Nicolás Caro (17), Nétor Fabián “Tuta” Lizárraga (12) y Walter Ernesto Caro (cinco).

A los defensores les sobra confianza para creer que sus asistidos serán absueltos o, en su defecto, recibirán penas mucho menores a las pretendidas por el acusador. “Después de cuatro meses de audiencia, con una fuerte e intensa discusión a la hora de valorar las pruebas que terminan siendo insuficientes para aplicar las penas pretendidas por el MPF”, aseguraron Camilo Atim y Florencia Abdala, defensores de López.

En tanto que Ricardo Fanlo, que junto a Agustín Monteros asisten a los Caro, aseguró: “esperamos un fallo favorable porque ha quedado demostrado que nuestros representados no formaron ninguna asociación ilícita”. “Cristian confesó haber participado en un robo y su padre, directamente no estuvo en ninguno de los casos. Por eso solicitamos que al primero se lo condene a tres años de prisión efectiva, mientras que a su padre, la absolución”, explicaron.

Por su parte, Manuel Pedernera, defensor de los otros acusados indicó: “hay numerosas irregularidades en la investigación del caso y, como si eso no fuera poco, las evidencias que dice tener el fiscal no son las suficientes para probar los delitos endilgados”. El lunes, las víctimas y los acusados tendrán la oportunidad de expresar sus últimas palabras. Al día siguiente, los jueces Bernardo L’Erario Babot (presidente), Fanny Siriani y Eliana Gómez Moreira darán a conocer la sentencia.