No es lo mismo “sin vergüenza” que “sinvergüenza”. En el primer caso, cuando se escribe separada la preposición “sin” del sustantivo “vergüenza” significa persona que no tiene pudor. En el segundo caso, cuando se escribe todo junto, se trata de un adjetivo -que también puede usarse como sustantivo- y quiere decir inmoral, descarado, persona que comete actos ilegales o faltas de ética.
En el argot popular, la figura del desvergonzado cuenta con varias entradas. Una de las más conocidas es “cara de piedra”, o como dicen los norteamericanos “stone faced”. Es cuando una persona es capaz de mentir mirando a los ojos de su víctima y discutir con supremo cinismo. Cuando frente a verdades incuestionables supone que sus interlocutores son idiotas consumados y puede argumentar cualquier barbaridad sin temor a recibir un castigo o una reprimenda.
Otra entrada para los desvergonzados es “cara de amianto”, que es similar a “cara de piedra”, aunque le añade un detalle: que alguien puede emitir opiniones urticantes, carentes de un respaldo argumentativo sin sonrojarse. El amianto es un mineral que posee un alto grado de resistencia a la combustión y de allí que un “cara de amianto” no se pone colorado, diga lo que diga.
Será por eso que al desvergonzado también se le llama descarado, porque no tiene cara, ni de piedra ni de amianto, directamente no tiene. Otras son “cara rota” (broken face), “caradura”, “chanta”... Carlos Gardel tenía un tango titulado “Cara Rota”: “Cara rota. Que no te perdés ni una cuando hay algo de garrón. Cara rota. Que en tu vida no has pagado ni por equivocación. Garronero. Que aparecés de improviso a la hora de morfar. Cara rota. Conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar…” Y también Palito Ortega tiene su versión en “Vos sos un caradura”: “Ya todos saben que vos sos un caradura… Y te rajas cuando ves gente que labura… Sos pura pinta caradura y mentiroso. Sos un tramposo. No hay otro igual”.
Son palabras o expresiones que se repiten bastante entre la gente cuando escuchan a los políticos, sobre todo cuando se atraviesa un año electoral y el votante es mortificado por los candidatos que no escatiman promesas irrealizables o que jamás cumplirán. No ahorran descaradez, podría decirse, para “vender humo”, otra expresión popular que alude a las mentiras desfachatadas.
Ahora Sergio Massa prometió que eliminará el impuesto a las ganancias si resulta electo presidente. Quizás, si fuera ministro de Economía con mayoría en ambas cámaras podría hacerlo ahora, pero parece que deberá esperar a ser elegido. Lo mismo prometieron Mauricio Macri en 2015 y Cristina Fernández en 2011, aunque eso ya es anecdótico. Y Alberto Fernández declaró en 2019 que “el salario no es ganancia”.
Miles de millones sin rendiciones
A propósito del año electoral, más de 32.000 millones de pesos repartieron los gobernadores Juan Manzur y Osvaldo Jaldo (interino), a través del Ministerio del Interior que conduce el ahora vicegobernador electo, Miguel Acevedo, entre los municipios alineados con el gobierno.
Más de 20.000 millones se entregaron el año pasado, principalmente los últimos meses y más fuerte en diciembre, ya en plena carrera proselitista, mientras que este año ya se van “obsequiando” casi 12.000 millones de pesos, en concepto de fondo no reintegrables. Es decir, que no deben devolverse y, más importante aún, que no deben rendirse. Según investigaciones de LA GACETA, que lleva adelante el periodista Martín Soto desde agosto de 2022, las intendencias más beneficiadas fueron Banda del Río Salí, Burruyacu y Aguilares, con miles de millones de pesos otorgados de forma absolutamente discrecional, a través de decenas de decretos del Poder Ejecutivo. Le siguen en la lista de “amigos con coronita” Lules, Las Talitas, Tafí Viejo, Tafí del Valle, Monteros, Trancas y Famaillá.
De los 20.000 millones distribuidos en 2022, el intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, recibió $3.885 millones por medio de 29 decretos; le siguió Elia Fernández de Mansilla, de Aguilares, con $2.358 millones; luego Famaillá (José Orellana), Alberdi (Sandra Figueroa) y Tafí Viejo (Javier Noguera) con $1.920 millones, $1.870 millones y $1.550 millones, respectivamente.
Después Monteros, con $1.332 millones; Lules, con $1.248 millones; Burruyacu, con $1.216 millones; Graneros, con $839 millones; y Simoca, con $686 millones.
En la vereda del frente, en comparación con estos montos, los opositores percibieron limosnas. Mariano Campero, de Yerba Buena, embolsó menos del 10% de lo que cobró el municipio oficialista que menos recibió (Simoca), con apenas $62 millones. Alejandro Molinuevo (Concepción), $65 millones; Sebastián Salazar (Bella Vista) $59 millones; y Germán Alfaro (capital) $35 millones.
Entre las cuatro intendencias opositoras juntas apenas llegan al 5% de lo que recaudó solamente Darío Monteros en 2022 y menos del 10% de lo que atesoró Elia Fernández de Mansilla.
La mayoría de los decretos no precisaron cuál sería el destino de los fondos, salvo algunas pocas excepciones, donde se consignaba que se destinarían a obras públicas, aunque sin detallar de qué obras se trataban ni dónde se harían.
La oposición denuncia que todos esos millones se usan para financiar el clientelismo electoral, la compra de votos, y para atornillar el nepotismo político.
Siga siga el baile
El festival de fondos no reintegrables continuó este año, como bien informó LA GACETA este miércoles, en otro informe de Martín Soto. Sólo que en 2023 los municipios de Juntos por el Cambio no recibieron un peso de los casi 12.000 millones que se van repartiendo a través de decretos del PE.
Los dividendos antojadizos alcanzaron sólo a los 14 distritos peronistas y el ránking de los más beneficiados es muy similar al del año pasado. También se repite la modalidad de no informar en el Boletín Oficial qué destino tendrá ese dinero. Apenas, en algunas pocas resoluciones, muy pocas, se informa que irán a obras públicas.
Es llamativo porque justamente si hay algo que es realmente escaso en Tucumán es la obra pública. Y como los puentes, se siguen cayendo proyectos tantas veces anunciados, como el Centro Cívico de César Pelli, por el que se van gastando casi tres millones de dólares y lo único que se hizo hasta ahora es decorar el alambrado del predio de Los Nogales con propaganda electoral oficial.
Ahora se cayó como puente el proyecto del Centro de Alto Rendimiento de Tafí del Valle porque no se presentó ningún oferente a la licitación. Parece que no resulta atractivo involucrarse con la insondable obra pública tucumana.
Resulta como mínimo curioso que la provincia se esté endeudando con la banca privada para pagar sueldos y gastos corrientes, mientras paralelamente reparte miles de millones de pesos entre los municipios oficialistas.
Es como pedir un préstamo para pagar la luz. Un pésimo negocio con final incierto y peligroso.
Y los conflictos sociales comienzan a multiplicarse y a profundizarse, pese a que el peronismo está sentado sobre la tapa de la olla a presión para garantizar la inacción. Docentes primarios y medios, universitarios, sectores de la salud, colectiveros, taxistas…
La preocupación quedó en evidencia ayer viernes cuando el gobierno decidió blindar desde temprano los alrededores de la plaza Independencia, generando un verdadero caos en el tránsito. Pese a que Massa llegaba a la tarde a Tucumán, quisieron evitar que algún foco de conflicto se apodere de la plaza.
Al palo
Los argumentos oficiales para justificar la erogación de fondos discrecionales sucumben en un error muy común, que es confundir lo legal con lo que es legítimo, que no son lo mismo. Es cierto que es legal regalar fondos no reintegrables con dinero fiscal a intendentes amigos o socios políticos. Pero no es legítimo, desde el punto de vista ético y en función del destino que tiene esa plata de la que no se rinde cuenta y cuyo destino es un misterio.
La Nación envió casi 3.000 millones de pesos, entre abril y junio, en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), por medio del Ministerio del Interior que conduce Wado de Pedro, a siete distritos aliados, días previos a las elecciones provinciales. La razón fue por “emergencia”.
Las provincias donde gobierna la oposición no recibieron ningún ATN.
Parece que sólo las provincias gobernadas por el peronismo o aliados atraviesan por emergencias. Por otro lado, todas las emergencias ocurrieron días o semanas previas a los comicios. Discrecionalidad al palo, diría la Bersuit Vergarabat.
Tucumán fue el distrito que más dinero recibió de la Nación, sin contar las PASO. Fueron 700 millones de pesos, el 17 de mayo, antes de las elecciones del 11 junio. Ese mismo día también votaron en San Luis, que cobró 300 millones en mayo. Sin embargo, a Mendoza y a Corrientes, donde gobierna la oposición y tuvieron elecciones el 11 de junio, no llegaron ATN de emergencia.
Otros estados discriminados que fueron a las urnas fueron Río Negro, Neuquén, Jujuy y San Juan (se suspendió la elección a gobernador).
Como en Tucumán y en San Luis, las “emergencias” preelectorales beneficiaron también a Misiones ($400 millones), La Rioja ($570 millones), Tierra del Fuego ($300 millones), Salta ($300 millones), y La Pampa ($300 millones).
Además de las decenas de emergencias concretas que padece Tucumán desde hace años, ¿cuál fue la emergencia que tuvo la provincia justo antes de las elecciones? ¿Cuál fue el destino de esos 700 millones?
¿Qué hicieron los municipios oficialistas con los 32.000 millones que recibieron este último año?
Los políticos no tienen vergüenza. La mitad de la población está sumergida en la pobreza y en la indigencia, y la infraestructura y los servicios básicos están estallados. La gente no tiene para comer y la clase media no llega a fin de mes, pero la fiesta política y el despilfarro electoral no se detiene, y para colmo todo queda entre parientes. Sinvergüenzas.