Uno de los capítulos más negros de la historia de la provincia comenzará a develarse en una sala de los Tribunales. Hoy comienza el juicio por la sedición policial registrada en la provincia entre el 8 y el 11 de diciembre de 2013. Por la lentitud de la Justicia, el debate contra los cabecillas de la huelga de los uniformados se iniciará en medio de una tensión económica y social que tuvo su pico máximo días atrás al encenderse alertas ante posibles actos de vandalismo en esta y otras provincias del país.

En las últimas jornadas de noviembre y primeros días de diciembre de 2013, en diferentes provincias, los uniformados decidieron iniciar huelgas para reclamar mejoras salariales. En Jujuy, Córdoba, Chaco, Corrientes y Buenos Aires los uniformados dejaron de prestar servicios hasta que negociaron un incremento de sueldos. En Tucumán, según las investigación realizada por los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila, los policías además de realizar el mismo reclamo, también pactaron con organizaciones criminales para que sus integrantes generan una revuelta social con el fin de apoderarse de cuantiosos botines.

El juicio comenzará hoy, pero nadie a ciencia cierta puede dar una fecha de finalización. Cuentan en la Justicia que será el debate más importante de todos los tiempos. Son 42 los imputados que deberán responder por distintos delitos y 200 los testigos que deberán declarar en las audiencias. Los especialistas tampoco se arriesgan a pronosticar qué puede surgir en el debate. Los teóricos sostienen que una causa llega a esta instancia para que surja la verdad de los hechos. Por la sedición policial hubo varias verdades que se mantuvieron y mantienen ocultas. ¿Será esta la oportunidad de conocerlas? Ya se verá.

Un resumen

En un rápido resumen se puede decir que entre el 8 de diciembre los policías tomaron la subjefatura de Policía. Lo hicieron porque ahí estaba la base del servicio 911 que sostenía las tareas de prevención. Estuvieron allí hasta el día siguiente, cuando alguien les advirtió que estaban a punto de desalojarlos. Luego se replegaron y siguieron manejando la huelga desde diferentes lugares hasta que terminó la protesta. Nunca se supieron las consecuencias de la rebelión azul. La FET estimó que las pérdidas en más de U$S6,7 millones, pero en ese monto no estuvieron contemplados el daño que sufrieron las grandes cadenas de supermercados, que fueron los más atacados por hordas de personas.

Durante esos días, los tucumanos se dividieron. Algunos decidieron delinquir, otros armarse hasta los dientes y formar barricadas para resistir los ataques vandálicos. Hubo muertos, oficialmente se informaron menos de 10, pero extraoficialmente se contabilizaron más del doble. Lo único cierto es que la provincia se abrazó al caos. Quedó inmortalizado el grito “¡Ahí vienen!” y la relación policía-sociedad, destruida.

Seis meses tardaron los fiscales Giannoni y López Avila para solicitar en junio de 2014 que los 47 acusados sean enjuiciados. La jueza Mirta Lennis de Vera en noviembre de 2015 aceptó el planteo. En febrero de 2018, los jueces de apelación Enrique Pedicone y Eudoro Albo rechazaron todos los planteos de los defensores y dispusieron que sea sorteada la sala que debería llevar adelante el debate. El destino quiso que sea el mismo tribunal que días antes había iniciado otro histórico juicio: el de la desaparición y el crimen de Paulina Lebbos que finalizó en 2019. La Corte Suprema de Justicia eligió a otros jueces, pero llegó la pandemia y luego el cambio de código procesal por lo que el expediente pasó al regimen conclusional. En resumen: Tucumán fue la única provincia que no juzgó a los huelguistas. Tan doloroso como recordar los pasos de baile de la ex presidenta Cristina Kirchner cuando la provincia estaba saliendo del caos.

Realidades

El paso del tiempo sin que se haga justicia tuvo sus consecuencias. Cuatro imputados murieron sin ser juzgados, otro se escapó y nunca pudo ser ubicado. Se estima que más del 60% de los acusados continúan formando parte de la fuerza, ya que las normas indican que un efectivo que afronta un proceso penal debe ser reincorporado a las filas si en el lapso de dos años no son absueltos o condenados. En todo este tiempo, uno de ellos fue condenado por homicidio y otro, acaba de ser procesado en una causa por drogas. Sí, estimado lector, tiene derecho a hacerse esta pregunta: ¿cómo puede ser que estos policías, que hundieron a la provincia en el caos sigan prestando servicios? La respuesta la tendrá en la mora judicial.

En el banquillo de los acusados no se sentará ningún funcionario político por no haber podido apagar las llamas que cubrieron a la provincia durante esos días. Sí estará presente el ex jefe de Policía Jorge Racedo, que fue acusado de no haber tomado las medidas necesarias para frenar la revuelta. Muchos sostienen que desde un primer momento le calzaron el traje de chivo expiatorio. En las audiencias, con seguridad, surgirán algunos detalles desconocidos del caso. Quizás podrán responderse algunas de estas preguntas: ¿qué dirigentes políticos estuvieron detrás de la juelga? ¿Hubo un plan para “voltear” a los funcionarios del área de Seguridad que buscaban depurar la fuerza? ¿Fue parte de un plan para debilitar el gobierno de José Jorge Alperovich? ¿El Gobierno, que en la causa asumió el rol de querellante, irá hasta el fondo en contra de los uniformados en un momento tan complicado? ¿La Justicia emitirá un fallo ejemplificador, algo que no sucedió con los casos Reyes Pérez y Ferreira? El tiempo lo dirá.

Durante el juicio, decenas de víctimas revivirán el padecimiento de ver cómo desconocidos les robaban hasta las ilusiones. Personas que, como gran parte de la sociedad, necesitan tener respuestas para cerrar de una vez por todas uno de los capítulos más negros de la historia de la provincia.